#NosEstánMasacrando
47 personas han sido asesinadas en dos semanas de protestas masivas durante el Paro Nacional de Colombia, que empezó contra la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque. Las oenegés colombianas Temblores e Indepaz, contabilizan que, de esas muertes, 39 han sido a manos de la fuerza pública. A esta cifra hay que sumarle las 12 denuncias por agresiones sexuales a mujeres por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, 963 detenciones arbitrarias (de nuevo, de acuerdo con los registros de Temblores ONG), 278 agresiones por la policía registradas entre el 28 y el 8 de mayo, y al menos 548 desaparecidos reportados entre el 28 y el 7 de mayo, según la información de la Defensoría del Pueblo de Colombia.
A nivel político, hasta ahora las consecuencias inmediatas del Paro Nacional han supuesto la retirada de la reforma tributaria, llamada “Ley solidaridad sostenible”, que encendió la mecha de la protesta y la dimisión del Ministro de Hacienda y promotor del cambio impositivo, Alberto Carrasquilla. Pero la brutal represión policial, militar y paramilitar, así como los ataques de grupos autollamados “uribistas” a miembros de las guardias indígenas reportados en Cali, hacen cada vez más difícil ocultar las dinámicas de terrorismo de estado persistentes históricamente entre las fuerzas de seguridad colombiana. La lógica del enemigo interno guía el acercamiento de los gobernantes del país a la protesta y la movilización ciudadana, cinco años después de la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana entre el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP.
#ParoNacionalColombia
La última ola de protestas contra las políticas neoliberales de Iván Duque empezó el 28 de abril de 2021, cuando inicio el Paro Nacional que buscaba hacer caer la Ley de solidaridad sostenible. De acuerdo al ahora exministro de Hacienda, la reforma fiscal “reflejaría una enorme solidaridad entre los colombianos que podemos aportar y los que necesitan recursos”, ya que la mayor parte del dinero se obtendría incrementando los impuestos a la clase media y alta del país, y se daría un subsidio mensual de 80.000 pesos (alrededor de 18 euros) a una persona en pobreza extrema, según Carrasquilla.
A la práctica, entre otras medidas, la nueva ley tributaria planteaba gravar los productos básicos con un 19% de IVA (Impuesto al Valor Agregado) para sanear las cuentas del estado, recaudando con el total de reformas hasta 23 billones de pesos entre el 2022 y el 2031 (unos 5 mil millones de euros), después de haberse endeudado durante la pandemia. Pese a que se planteaba que la población vulnerable pudiese ser compensada con una devolución del pago anticipado del IVA, diversos expertos aseguraban que este nunca se podría devolver de modo proporcional. Así, el rechazo social a la propuesta se ha fundamentado en denunciar que, en vez de adoptar otras medidas impositivas que gravasen la actividad de grandes empresas, la concentración inmobiliaria, la posesión de tierras o el patrimonio, el proyecto hacía recaer la mayor parte de la recaudación en la ciudadanía.
Pero, más allá del descontento por la reforma, el estallido social (que viene después de un Paro Nacional realizado en noviembre de 2019) no se entiende si no se tiene en cuenta la situación en la que se encuentra gran parte de la población del segundo país más desigual de América Latina: hasta un 42,5% de sus habitantes se encuentran en situación de pobreza monetaria y 7,5 millones padecen pobreza extrema, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Mientras, se calcula que el trabajo informal (y por tanto, sin gravar ni aportar a las arcas del estado) supuso un 49% del total en las 23 ciudades y áreas metropolitanas de Colombia, entre enero y marzo de 2021. Además, el hecho de que se descubriera que más de 11 mil millones de euros de esa recaudación iban destinados a comprar más aviones de guerra en vez de a invertir en el sistema sanitario y social del país, es un elemento más de protestaya repleto de indignación social.
#SOSColombia
Después de la masacre contra manifestantes perpetrada en Cali el sexto día de protestas, cuando tanques del ejército entraron en la capital del Valle del Cauca y agentes dispararon de forma directa a manifestantes, más de treinta organizaciones de la sociedad civil internacionales, así como la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos del Acuerdo de Paz, urgieron al Gobierno de Colombia a garantizar el ejercicio pacífico del derecho legítimo a la reunión y manifestación pública, consagrado en la Constitución Política de Colombia y a proteger la vida de quienes lo ejercen. A su vez, la Alta Comisionada de la ONU Derechos Humanos de Colombia, Juliette de Rivero, denunció amenazas y agresiones contra la misión de Derechos Humanos en Cali la misma noche del 3 al 4 de mayo, mientras que la portavoz del organismo en Ginebra, Marta Hurtado, reiteró la denuncia y la alarma por los hechos acontecidos en un mensaje de vídeo difundido por las principales redes sociales.
Por el contrario, la respuesta del ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, ha sido afirmar que “no hubo un ataque directo a los funcionarios de la ONU”, y pedir a los colombianos su apoyo a los policías, agentes del ESMAD y a los soldados, afirmando que “debemos admirarlos”, a lo que las redes sociales han respuesto con muestras irónicas de falso apoyo en las que denuncian los abusos policiales y las agresiones de los militares a manifestantes.
#CIDHenColombiaYa
Delante de tal panorama, 23 organizaciones de derechos humanos de Colombia —entre las cuales, la Comisión Colombiana de Juristas, Dejusticia, la Corporación Humanas y Reiniciar— han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que realice una visita ‘in loco’ al país para “documentar las denuncias, así como los impactos diferenciados de la violencia en mujeres, personas LGBT, defensoras de derechos humanos, periodistas y comunidades étnicas”. En la la misiva, los defensores de derechos humanos también denuncian que “la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría han evidenciado un comportamiento asimétrico y parcializado en la investigación de los hechos que alteran la protesta, enfocada en la investigación de denuncias de agentes estatales y omitiendo, al igual que en ocasiones anteriores, sus funciones en relación con las denuncias de agresiones a los manifestantes”.
#UribeDioLaOrden
Líderes y lideresas sociales llevan décadas denunciando la corrupción y las desigualdades crónicas de la sociedad colombiana, así como la criminalización de la protesta, la represión y la falta de investigación en casos de violencia estatal. “En Colombia hay una hegemonía que nunca hemos podido cambiar, ni lo haremos sin la reacción del pueblo. Estamos en un sistema que por tantas décadas nos ha dominado, perjudicado, porque aquí unas cuantas familias mandan desde hace tanto tiempo…”, explica Venus Quiroga, coordinadora de la regional Tolima de la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar. “El poder oligárquico va a la suya, matando a diestro y siniestro. Incluso a presidentes y ministros se les ha llenado la boca con ‘dar a sangre y fuego’, esa es la norma que utilizan”, concluye la lideresa.
Iván Duque ha insistido en tachar de “vandalismo” la vertiente que han tomado las protestas. La criminalización de las movilizaciones es el relato unitario generado desde el gobierno: Diego Molano, ministro de defensa, menciona que “hay que ser implacables contra grupos criminales que amenazan al país”, estigmatizando así las manifestaciones —y a los manifestantes—. La vulneración sistemática de derechos en la que está sumida Colombia se reconoce implícitamente desde la misma Consejera Presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Nancy Patricia Gutiérrez, que afirma que “los derechos humanos solo existen si los ciudadanos observan deberes para ser parte de la sociedad”, tal y como recoge el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Ahora mismo, esos derechos humanos están sumidos en un discurso que los plantea como un privilegio: “este país vive en un ejercicio acumulado de brutalidad, represión, asesinato, violación de derechos humanos. Colombia está secuestrada por una clase dirigente que se ha aliado con delincuentes de todo tipo para mantenerse en el poder. Se sostienen en base de vulnerar derechos y aniquilar físicamente y moralmente a todos los procesos sociales organizativos que han intentado desestabilizar ese status quo”, analiza José Luis Ruiz, exmiembro de la Defensoría del Pueblo y actual trabajador de la unidad de búsqueda de desaparecidos en el marco del conflicto armado.
Las dinámicas bélicas están instauradas en el país, incluso en el modo de hacer política y en la concepción del poder. Flor Múnera, de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), aclara que Colombia es uno de los países con una de las guerras más persistentes en la historia, contabilizando que lleva setenta años de conflicto a las espaldas, y que es una herida abierta, nada cicatrizada. La baja implementación de los Acuerdos de Paz firmados en 2016 —a los que Duque se ha mostrado en contra—, facilitan la idea de guerra invisible que sigue en marcha. El seno estatal ha asumido la violencia estructural como identidad más que como mecanismo, generando una idiosincrasia antidemocrática: “aquí ha habido unas modalidades muy fuertes de represión. Se ha llegado a la creación de empresas privadas destinadas a asesinar líderes sociales. Porque eso es el paramilitarismo, un ente paralelo al Estado. La creación del paramilitarismo es una muestra de la idea opresiva con la que se concibe el gobierno”, aclara Múnera.
La retórica de la guerra se instauró sobre todo en los años 2000, cuando Álvaro Uribe Vélez —padre político de Iván Duque— se convirtió en el canalizador de las fuerzas paralelas que se fortalecen con el narcotráfico, tal y como explica José Luis Ruiz. Además, apunta que “se utilizó la droga para reforzar las estructuras ilegales que lavaban dinero a través de las empresas legales que les patrocinan”. Este es el punto de inflexión en el que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), federación de grupos paramilitares, instauran el terror con el beneplácito del Estado: “este país ha patentado una práctica de generar una alianza entre fuerzas policiales del Estado y personas de estructuras criminales patrocinadas por empresarios que se encargan de realizar ese trabajo paramilitar, es decir, paralelo al militarismo”, añade el defensor.
#ReformaPolicialYa
La alianza entre policía y paramilitarismo se ha dejado ver en las actuales protestas. Organizaciones y vídeos de manifestantes difundidos por redes sociales, apuntan a la participación de grupos organizados vestidos de civiles y armados, los cuales responderían al paramilitarismo. En el Cauca, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), denunciaba 12 heridos por impacto de bala tras el ataque de un grupo paramilitar a los protestantes indígenas que circulaban por Jamundí. El periódico El Tiempo, publicaba el 5 de mayo que grupos de encapuchados estarían dispersando protestas disparando al aire en Montería (Córdoba), advirtiendo “que se abstengan de protestar porque sufrirían las consecuencias de sus actos”, acto que también respondería a fuerzas ilegales.
Teóricamente, los grupos armados paraestatales se desmovilizaron en 2005, pero Ruiz aclara que simplemente fueron absorbidos por el Estado, puesto que fueron los aliados para señalar a “enemigos del Estado”, quedando enquistados en el seno policial y militar. En esta línea explica que en las protestas se han visto “camionetas blancas patrocinadas por empresas. Van con policías y fuerza pública, con estructuras paramilitares, que se encargan de disparar a las personas en las manifestaciones”. La militarización —y su implícita paramilitarización— de la vida cotidiana es la lógica en la que se mueve el gobierno. La brutalidad policial y militar responden a las premisas de los ideólogos del mismo ejercicio represor: el padre político de Duque, Álvaro Uribe, tuiteaba que hay “terrorismo más grande de lo imaginado” y que hay que “resistir a la revolución molecular disipada”.
El concepto “revolución molecular disipada” nace de la doctrina de Alexis López, chileno impulsor de un movimiento de tendencia nazi en los años 2000. “Parte de lo que está haciendo este gobierno es asesorarse en postulados nazis de Sudamérica, proveniente sobre todo de Chile, y han traído conferencistas para que hablen con las fuerzas militares con el fin de que la gente empiece a creer que cualquier manifestante es realmente un enemigo en potencia del orden establecido”, explica José Luis Ruiz. “El fascismo se pone más violento en sus últimas etapas, es lo que estamos viendo. Tendremos que seguir resistiendo y tratando de evitar que esa lógica narcoparamilitar fascista se imponga en las manifestaciones”, concluye el defensor de derechos humanos.
