Este reportaje ha sido publicado en eldiario.es
«En la vida de una persona sorda, leer los labios de los demás no es que sea importante, es fundamental”. Maria Ángeles Muñoz es sorda igual que sus dos hijas, Érika y Carlota, y su marido. Para esta familia, la pandemia y el uso obligatorio de las mascarillas que tapan totalmente la boca –porque casi nadie usa las transparentes– ha supuesto una barrera «muy grande» para la comunicación. En todos los ámbitos, pero con especial preocupación en el colegio, donde esta madre teme que sus hijas no puedan seguir el mismo ritmo de los demás. Especialmente la menor, que hace quinto de Primaria y no tiene intérprete.
Maria Ángeles Muñoz y su familia viven en Zaragoza. En Aragón por ahora no se permite el uso de mascarillas transparentes en las aulas. O al menos así se lo han hecho saber a Muñoz, que ha recurrido incluso al Justicia de Aragón –un equivalente al Defensor del Pueblo– para que el gobierno autónomico cambie de criterio, de momento sin éxito. «Si las personas a menudo no se entienden cuando hablan con mascarilla, porque el sonido no viaja igual, imagínate para alguien que tiene un implante…». Sus dos hijas tienen un implante coclear, un dispositivo que mejora mucho la escucha, pero sin el apoyo de la lectura de labios se pierden muchos detalles.
Las entidades de personas sordas vienen batallando desde el inicio de la pandemia para que se acepte el uso de mascarillas transparentes. Y lo lograron en febrero, cuando el Ministerio de Consumo aprobó su regulación, con un proceso de certificación para que se puedan considerar seguras y útiles. Que impidan el paso del virus, por un lado, pero también que no se empañen y dificulten en la práctica la lectura de labios.
Con todo, sigue habiendo muchas diferencias entre comunidades y al final acaba dependiendo a menudo de la iniciativa de cada centro, según explican las entidades. En Catalunya se introdujeron ya en noviembre, pero era un modelo que tenía poca funcionalidad. «El otro día me informaron de un centro en Badalona donde los profesores se negaban a usarlas porque no la veían seguras, y están en su derecho», ejemplifica Marián González, de la asociación de familias Volem Signar i Escoltar.
En Euskadi, la autoridad de Consumo decidió retirar las mascarillas transparentes por considerarlas poco eficaces. En Baleares, por contra, se autorizó desde diciembre el uso de estos cubrebocas tras una prueba realizada en diciembre en 33 centros educativos.
«Ha habido centros que las han adquirido o que han recibido donaciones, incluso para todos, los que son sordos y los que no, pero el espíritu inclusivo no ha acabado de cuajar», describe Marta Vinardell, psicopedagoga en Secundaria y miembro de Docentes Sordos en Lucha. «Hay quien argumenta que no son seguras, pero luego ves a muchos que acaban enseñando la nariz [por encima de la mascarilla]. Los centros ejemplares han sido pocos», opina.
El sonido «horrible» de las videoconferencias
Las dificultades añadidas para el alumnado con problemas auditivos, unos 7.000 en toda España sin contar a los universitarios, no acaban con las mascarillas opacas. Otro elemento que les ha perjudicado, sobre todo al inicio de la epidemia, han sido las clases a distancia. Cuando la nitidez de lo que se escucha depende de un audífono o de un implante, no es lo mismo una conversación con una sola persona que un aula con sus 30 alumnos y sus ruidos. Pero la cosa empeora todavía más en una clase por videoconferencia.
«Si el profesor no tiene un buen micrófono, si intervienen muchas personas… Se escucha horrible», explica Irene Navajas, estudiante de Tercero del grado International Business Economics, en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. Esta joven envió sus primeras quejas a la universidad ya desde las primeras semanas, pero la solución se hizo esperar. Según ella, más de lo que el shock inicial de la pandemia podría justificar. Durante meses, su seguimiento de las clases dependió de la predisposición de cada docente. «Algunos se prestaban a darme más apuntes, a cambiarme exámenes por trabajos, pero otros ni siquiera contestaron a mis peticiones», lamenta.
«Aquello era inviable, no podía estar dependiendo de que me pasaran apuntes. Y es que además era discriminatorio», plantea Navajas. «Si no puedo acceder a las clases como los demás, ¿cómo van a ser mis notas equiparables a las de alguien que no tiene ese problema?», razona. Al final, tras el verano y el inicio del actual curso, los subtítulos para las clases en vídeo llegaron en noviembre. Aunque hay softwares de subtitulación directa, en su caso le pusieron una transcripción manual. «Es mejor que nada y ya no me pierdo las cosas importantes, como si un profesor dice si algo va a entrar en el examen, pero sigo sin tener el 100% de la explicación», dice.
Desde hace unos meses, en Catalunya se ha ido retomando parte de la actividad presencial en los campus, y con ello volvieron las trabas para esta estudiante. A diferencia de muchas escuelas e institutos, en su caso los docentes sí llevan mascarilla transparente, pero no el resto de estudiantes, no. Y sus clases son muy participativas, explica. «En los debates y en las exposiciones orales solo me puedo quedar con el feedback del profesor», se queja. Ahora ha pedido a la universidad subtitulación también en clases presenciales y está a la espera: «Sé que no es mala voluntad, pero sí gestión lenta. Si yo te doy los recursos, te ayudo a buscar programas, mascarillas… Al menos espero un poco más de cooperación. Es que no podemos seguir las clases como los demás».
Mascarillas, la enésima barrera
Si la escolarización del alumnado sordo en centros ordinarios ya suele ser una carrera de obstáculos, el coronavirus le ha añadido complicación. En muchas comunidades autónomas, la ley recoge que estos estudiantes pueden escoger entre dos modalidades, la oral y la bilingüe. Esta segunda incluye un intérprete de lenguaje de signos, pero en la práctica está al alcance de pocos. En toda Catalunya, por ejemplo, solo hay una escuela y un instituto públicos, en Barcelona, donde se imparte esta modalidad. El resto, el 91% de los estudiantes catalanes con problemas auditivos, están en centros que no tienen este tipo de recursos.
«Estos niños y niñas, a medida que van creciendo, tienen una mochila de privación lingüística», describe Marián González. Los que se escolarizan en la modalidad oral tienen apoyo de profesionales especializados en audición y lenguaje, pero solamente unas horas a la semana. María Ángeles Muñoz lo ve con sus dos hijas, la mayor con intérprete –en Aragón se puede solicitar en Secundaria– y la menor, sin. “Piensa que en un aula cuando el profesor se mueve ya no te enteras. O cuando hay eco, cuando hay ruidos, cuando hablan inglés… La mayor se da ahora cuenta del lujo que es tener intérprete”, explica.
Mientras tanto, la pequeña sigue en su clase de quinto con sus dificultades para escuchar y rodeada de mascarillas opacas, que le impiden apoyarse en la lectura labial. «Ella no tiene vergüenza y siempre pregunta, porque quiere estar en igualdad de condiciones, y tenemos la suerte de que su profesor sabe un poco de lengua de signos», añade.
Paradójicamente, quienes tienen problemas de audición más severos y requieren sí o sí de lenguaje de signos son los que menos cambios han sufrido, puesto que antes y durante la pandemia siguen comunicándose principalmente gracias al intérprete. Pero, incluso en su caso, las entidades advierten que no es tan sencillo. De nuevo por culpa de la mascarilla. «Para usar lengua de signos hace falta ver la cara. No es solo mover las manos. Tienes que fijarte en la expresión facial y en la vocalización. Es como si tu hablases sin entonación. ¿Verdad que es importante?», reflexiona Maria Ángeles Muñoz.
