La mayor novedad del nuevo texto en el que han trabajado desde la Secretaría General de Formación Profesional y desde el propio Ministerio, en relación a la formación profesional, es la organización de los estudios con una oferta organizada, de la A a la E que pretende dar toda la flexibilidad y posibilidades a quienes quieren acercarse a la FP, sean jóvenes venidos de la educación obligatoria o trabajadoras y trabajadores que buscan una mejora de sus cualificaciones.
A parte de esta, por supuesto, está la de la unificación de los dos subsistemas, el educativo y el de la FP para el empleo. Algo que parecía siempre imposible, principalmente, por la división de las competencias de ambos entre distintos ministerios hasta la fecha.
Sistema modular de la A a la E
La más básica de las ofertas de estudios que será posible cursar cuando se apruebe la ley de FP será la oferta de grado A cuyo carácter es parcial y acumulable y que puede conducir a la acreditación parcial de competencia. Se trata de las partes más pequeñas de las que se compone cada módulo profesional. De esta forma, su extensión y duración de los estudios dependerá del currículo que se elabore para cada módulo.
Se podrán cursar una o varias de estos resultados de aprendizaje, como los denomina el texto presentado al Consejo de Ministros, de manera que pueda obtenerse, finalmente, certificación de haber superado un módulo profesional, es decir, la areditación siguiente, la B.
Este grafo B, también parcial y acumulable, conduce, una vez superados sus aprendizajes, a la obtención de una certificación de competencia. Cualquiera puede conseguirla matriculándose de esta formación o acumulando acreditaciones parciales de grado A.
El siguiente paso será el grado C, como los anteriores, parcial y acumulable. Con su superación se accede a un certificado profesional. Funciona como el B, se puede cursar de una vez o acumulando todos los grados parciales de los que se compone. En su caso, podría ser necesario realizar un periodo de prácticas en empresas u organismo equiparado.
El grado D se refiere a lo que se conoce hoy por hoy como los ciclos formativos del sistema educativo como se establecen en la LOE. Estos estudios, dice el texto, deberán «incluir una fase práctica dual de formación en empresa u organismo equiparado, de la que podrán quedar exentos quienes acrediten una experiencia laboral». Estas enseñanzas podrán organizarse, además, como dobles titulaciones del Catálogo Nacional e internacionales. Aunque su duración puede variar de unos estudios a otros, los ciclos básicos y medios serán de dos cursos, 2.000 horas, mientras que los superiores podrán ser de hasta tres cursos. Las y los estudiantes, eso sí, podrán tardar más tiempo en cursarlos, pero nunca más del doble de su duración inicialmente prevista.
El último de los grados, el E, se refiere a cursos de especialización y están destinados a quienes ya tienen un título de FP. Tendrán carácter modular y podrán estar enclavados en la secundaria postobligatoria o la educación superior. Su duración será de entre 300 y 800 horas y podrán incluir una fase práctica dual. Si se supera esta formación se conseguirá un título de Máster profesional.
A todo esto se añade que el nuevo texto legal determina que los grados C, D y E tendrán todos carácter dual que durará, como mínimo, el 25% de la totalidad de la formación y «deberá realizarse en el seno de una empresa o una entidad u organismo, público o privado, perteneciente al sector productivo o de servicios que sirva de referencia a la formación». Se buscará un equilibrio de las tareas docentes y los procesos formativos en centros educativos y de FP los centros de trabajo.
Acreditación de competencias laborales
Se trata de una de las apuestas más importantes para la mejora de la cualificación de la población en general. Hay una buena cantidad de personas trabajadoras que no consiguieron en su momento ningún tipo de titulación que diera fe de sus conocimientos, pero que han ido adquiriéndolos, así como destrezas relacionadas con su oficio, a lo largo de los años y la experiencia laboral.
Desde hace años se vienen realizando en las comunidades autónomas procesos de acreditación de estas competencias adquiridas en el trabajo. Procesos que organizaban los diferentes territorios cuando consideraban. En la nueva ley se establecerá un procedimiento permanente, de manera que ya no será necesario esperar a una fecha anual concreta para iniciar el proceso de acreditación. La idea es que en pocos años algo más de tres millones de trabajadoras y trabajadores hayan conseguido algún tipo de documento que de fe de sus conocimientos profesionales.
