El grupo parlamentario de Unidas Podemos – En Comú Podem – Galicia en Común, junto a algunos sindicatos como STEs, se posicionan en contra de las medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público implementadas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Desde la plataforma morada exigen “una serie de compromisos mínimos para su mejora”. Entre ellos se encuentran la suspensión de las pruebas eliminatorias en la fase de oposición y la posibilidad de que el aspirante pueda utilizar su mejor nota obtenida en cualquier proceso anterior convocado por la misma administración para el acceso al mismo cuerpo, escala o categoría. Para ello, “solamente haría falta voluntad política para reformar los textos legales correspondientes para que se pudiera encajar en nuestro ordenamiento jurídico la propuesta de fijeza que demanda buena parte del colectivo de interinos”.
Finalmente, apuntan a la necesidad de que “aumenten significativamente las tasas de reposición en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 en aquellos servicios públicos que han sufrido recortes”. Solo así, argumentan, será posible “recuperar el número de plazas estructurales previo a los recortes”.
STEs, por su parte, lamenta que “el acuerdo no puede ser más decepcionante. Ni se reconoce la responsabilidad que tiene el conjunto de las Administraciones Públicas en la génesis del problema de la temporalidad en las mismas, ni las medidas sancionadoras del abuso de temporalidad, es decir, las compensaciones económicas que se dictan, son suficientes, ni mucho menos podemos compartir que la solución para reducir las tasas de temporalidad al 8% se haga mediante procesos en los que lo que se estabilizan son las plazas, pero no las personas interinas que venían ocupándolas en situación de abuso de temporalidad. Esta salida contraviene la normativa europea que ha establecido que, en ningún caso, la solución a la alta interinidad de las administraciones públicas españolas pueda pasar por procesos masivos de oposiciones”.
“El diagnóstico es adecuado: en nuestro país las tasas de interinidad son demasiado altas. En cuanto al profesorado llegan incluso a alcanzar el 30% en algunos casos. Sin embargo, la solución propuesta por el Gobierno no será en absoluto efectiva para resolver este problema. Al contrario, solo servirá para dejar a 170.000 profesionales de la educación contrastados al borde del despido, aumentar la precariedad laboral del sector y, en último término, reducir aún más la calidad del sistema educativo público como consecuencia de la falta de continuidad de los equipos docentes”, añaden.
Desde el sindicato también se muestra contrarios ante la eliminación de los aspirantes en las pruebas de oposición. “Que en el Real Decreto-ley se excluya la posibilidad de que las pruebas sean no eliminatorias, es otro paso atrás injustificable. El sistema de pruebas no eliminatorias estuvo vigente de forma transitoria entre 2007 y 2012, tras la aprobación de la LOE. Además, ha sido una reclamación de CCOO, UGT, CSIF, y, por supuesto, STEs durante años. De hecho, en diciembre de 2017, realizamos un encierro conjunto en la sede del Ministerio de Educación. El PSOE, cuando estaba en la oposición, también lo pidió”, concluyen
El conflicto viene de lejos, y es que ya en 2018 los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y CSIF) firmaron un acuerdo con el último ejecutivo del Partido Popular a través del cual se comprometían a reducir la interinidad en el sector educativo al 8%, tratando de acabar así con el “fraude de la temporalidad”. A pesar de ello, con el paso de los años no ha sido posible alcanzar un acuerdo satisfactorio al respecto y la disconformidad ha ido en aumento hasta llegar al momento actual.
