Al menos durante la última década, niñas y niños continúan siendo el sector de población que se encuentra en peores situaciones en relación al riesgo de pobreza y la exclusión social. Según los últimos datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística, el 31,2% de chicas y chicos por debajo de los 16 se encuentra en esta situación. Muy por encima de las cifras de personas mayores de 65 años y, no tanto, pero también, en peor situación que el otro gran grupo que mide la Encuesta, el de 16 a 64 años.
La Encuesta de Condiciones de Vida se realiza en dos oleadas diferentes. Al final de 2019 se tomaron los datos que habrían de formar los indicadores relacionados con los ingresos de las personas, lo monetario, y, durante 2020, los relativos a carencia material severa, es decir, la dificultad de que la población acceda a servicios y productos de diferente índole. Aunque, hasta el año que viene no se conocerá con exactitud hasta qué punto se ha empobrecido la población a lo largo del año de la pandemia, los datos de la encuesta sí arrojan algo de luz en este sentido. En cualquier caso, las cifras son peores en las dos partes de la encuesta en relación a los recogidos el año anterior.
Los datos de 2020 dan cuenta del aumento de las dificultades que han tenido los hogares españoles para «tener un bienestar digno y mínimo», explica Alexander Elu, técnico de incidencia política experto en pobreza de Save the Children. Se trata de dificultades para comer, al menos, dos veces en la semana carne o pescado; para pagar las rentas (hipoteca o alquiler) o los suministros de luz, agua o gas.
Alexander señala que hasta la encuesta que se realice este año, ya con los datos de 2020, no se sabrá hasta qué punto han funcionado las diferentes medidas del escudo social puestas en marcha por el Gobierno relativas a las moratorias sobre alquiler o para el pago de suministros. La última prórroga de estas medidas terminará el próximo 9 de agosto, y para el experto, a partir de ese momento habrá qué ver qué ocurre. En cualquier caso, desde su punto de vista, la situación de las familias habría sido mucho peor si no se hubieran puesto en marcha estas u otras como los ERTE.
Por delante, también, esperta que el Ingreso Mínimo Vital haya contenido en algún punto el camino a la pobreza y la exclusión de muchas personas. Como podría ayudar el anuncio de una ayuda universal de 50 euros mensuales por menor al cargo anunciada por la ministra Belarra.
Políticas para la infancia
La garatía infantil, aprobada por el Consejo de Europa este mes de junio, puede convertirse en una de las políticas más efectivas para intentar frenar y revertir el hecho de que las y los menores sean el grupo social en peor situación de todo el país. Se trata del intento desde la Unión Europea por mejorar estos datos en todo el continente y se refieren, fundamentalmente, al acceso gratuito o asequible de la infancia a servicios como el de educación infantil, sanidad, vivienda o nutrición. A partir de ahora, depende de cada Estado Miembros su materialización en los diferentes territorios.
Los expertos consultados coinciden en la posibilidad que se abre para España con este mecanismo de la garantía infantil que, obviamente, tendrá que ser debatido y consensuado con las comunidades autónomas y los municipios. Ambas administraciones son las encargadas de la mayor parte de las políticas que se verían afectadas por esta garantía. Según explica Alejandro Arias, técnico del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, oficina que desde 2018 en que fue creada depende directamente de Presidencia, se empezará a negociar tanto con comunidades autónomcas como con ayundamientos el despliege de estas medidas para la garantía infantil.
Esta medida prevé que el 5% del Fondo Social Europeo general se invierta en políticas para la infancia. Para Elu no será suficiente, pero sí es una primera palanca.
En paralelo, también se encuentran los Fondos de recuperación. Decenas de miles de millones de euros que empezarán a llegar a España en estos días, aunque, al menos para Alexander Elu, les «falta perspectiva de infancia» en el plan español. En este caso, las partes del plan que más pueden ayudar a las y los niños y adolescentes son las relativas a digitalización y universalización del 0-3, afirma Elu. Algo en lo que está de acuerdo Carlos Susías, presidente de EAPN España
La pobreza y el riesgo de exclusión no son una novedad en España. Al menos, desde la crisis de 2008, niñas, niños y adolescentes se han convertido en el grupo poblacional que más sufre las consecuencias de las crisis. Primero la económica y, ahora, la sanitaria. Como señaña Elu, uno de los problemas y de las políticas que deberían plantearse las administraciones, está en que España invierte en infancia y familia el 1,3% del PIB, mientras que la media de la Unión Europea está en el 2.2%. Susías, por su parte señala que se habla mucho del futuro de niñas y niños, pero no se tiene en cuenta su presente. «Una persona que tenga ahora 10 años ha vivido toda su vida de una crisis a otra», asegura.
Escudo social
Elu, Arias y Susías coinciden en que las medidas puestas en marcha por el Gobierno el año pasado, principalmente los ERTE y el ingreso mínimo vital (IMV), con todas sus limitaciones, que las tienen, han servido en buena medida para paliar los efectos que ha tenido la pandemia y el confinamiento en las familias.
Arias explica que los datos de pobreza de la Encuesta de Condiciones de Vida de este año muestran cómo la situación se ha empeorado hasta parecerse a la de los años 2013 y 2014, con el agravante de una pérdida de 10 puntos del PIB en 2020. Una situación que refleja unos datos terribles, asegura, pero que seguramente no han sido peores precisamente gracias a medidas como los ERTE y el IMV.
Eso sí, todos coinciden también en que medidas precisamente como el IMV han de mejorar. «Generó unas expectativas muy altas que no se han cumplido del todo», opina Arias. Para este técnico debería mejorarse durante la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado en los próximos meses. Una negociación que debería suponer, al menos, que el IMV pueda alcanzar los objetivos que inicialmente se marcaron de alcance.
Otra mejora, además, sería que, además del ingreso, las familias tuvieran derecho a las ayudas por menores al cargo. Estas, cuando se creó el IMV fueron absorbidas por este, de manera que las familias no consiguieron un aumento sustancial de los ingresos que ya tenían. Para Elu, teniendo en cuenta que un hijo al cargo puede suponer un gasto para una familias de unos 500 euros mensuales, las ayudas anunciadas pueden ayudar, pero hace falta algo más para que tener hijos no suponga una situación de precariedad. Además de que este tipo de ayudas podrían suponer un apoyo para hacer frente al reto demográfico que tiene España.
