“Desde hoy, 20 de julio de 2021 y en campañas a congreso a presidencia y hasta acabar con los incendiarios y el desorden, se ha tomado la determinación de declarar objetivo militar y aniquilar a las siguientes escorias que auspician rebelión”
El liderazgo social en Colombia sigue siendo el punto de mira de los actores armados del conflicto. El último panfleto amenazante de las Águilas Negras, grupo narco-paramilitar, apunta directamente a acabar con la vida de defensores de los derechos humanos, sindicalistas, líderes indígenas y medioambientalistas, y políticos, entre otros. Una lista negra de personas que los paramilitares quieren incluir en el cómputo de líderes asesinados: van 101 desde el uno de enero de 2021 según Indepaz.
Flor Múnera, de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), es uno de esos “objetivos militares a aniquilar” apuntados en la lista amenazante. “En Colombia hemos visto la creación de empresas privadas destinadas a asesinar líderes sociales. Porque eso es el paramilitarismo, un ente paralelo al Estado. La creación del paramilitarismo es una muestra de la idea opresiva con la que se concibe el gobierno”, decía en Múnera en entrevista para Proyecto Berracas —dónde es una de las protagonistas—.
Durante el Paro Nacional de mayo, los paramilitares se dejaron ver y actuaron impunemente en paralelo a la Fuerza Pública, un síntoma de cómo la supuesta dejación y desintegración de estos grupos armados no terminó de cuajar.
En el año 2006 se desmovilizaron las Autodefensas Unidas de Colombia [AUC], federación de grupos armados paramilitares. Precisamente a partir de reductos de esa supuesta desintegración surgen las Águilas Negras, grupo narco-paramilitar que nace del seno de líderes e ideólogos de las AUC. Según el diario El Espectador, un informe del Centro Integrado de Información de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CI3-CO), no declara la existencia de las Águilas Negras como estructura de crimen organizado, alegando la carencia de “carga ideológica” en los panfletos amenazantes.
Al no catalogar al grupo como actor armado ilegal reconocido, las personas defensoras de derechos humanos a las que amenazan, quedan en una situación de desprotección estatal. Por ese motivo, cerca de 30 entidades, asociaciones y partidos implicados en los derechos humanos, firman una carta donde exigen el reconocimiento del paramilitarismo —y en concreto, las Águilas Negras— como grupo activo, el cese de las amenazas y asesinatos a líderes sociales, y rechazan el constante hostigamiento al que están sometidos, con total impunidad para los victimizadores.
