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El Ministerio de Educación abre ahora la puerta a que los fondos europeos que se iban a destinar a la creación de plazas públicas de Educación Infantil se utilicen para otras cuestiones, como concertar plazas privadas, hacerlas públicas o financiar otros servicios como el comedor, tal y como le han pedido varias comunidades en la Conferencia Sectorial que se ha celebrado este jueves.
La cartera que dirige Pilar Alegría había diseñado y pactado con Bruselas un plan de tres años para avanzar hacia la universalización y gratuidad del primer ciclo de Infantil, el del alumnado de 0 a 3 años, que aprobó la semana pasada en el Consejo de Ministros. Pero el proyecto de Educación, que establece que los fondos han de destinarse exclusivamente a crear nuevas plazas gratuitas, se ha topado con varias comunidades, que apuestan por otros modelos para el 0-3 y que no acaban de aceptar que tras la financiación del plan durante tres años les toque a ellas seguir poniendo el dinero. España cuenta con una tasa de escolarización media en esta etapa del 36% y una fuerte presencia de centros privados, casi la mitad del total, lo que deja fuera de de los centros a las familias con menos recursos.
Finalmente, como el plan está dividido en tres años y ha de aplicarse gradualmente, las comunidades han votado a favor de la ejecución de esta primera partida, que sí deberá estar destinada a crear las plazas públicas porque los fondos son europeos y así se pactó con Bruselas, según han explicado fuentes de Educación. Solo Madrid, Catalunya y Euskadi han votado en contra, cada una por sus motivos. Andalucía, que es la única región que había rechazado explícitamente los fondos a través de una carta que envió al ministerio, se ha abstenido finalmente porque Educación se ha comprometido a negociar con Bruselas que la partida del año siguiente pueda utilizarse para otra cosa distinta a crear plazas.
El sentido del voto emitido este jueves en la Conferencia Sectorial no presupone ni la aceptación de los fondos ni el rechazo de los mismos. Una vez se formalice la aprobación del plan de Educación, las comunidades deberán solicitar una a una su parte (aquí está el reparto completo), por lo que Madrid, Andalucía, Catalunya y Euskadi aún estarán a tiempo de participar del plan. El reparto de fondos debe realizarse antes del 31 de diciembre.
Andalucía acepta los fondos
El cambio de criterio de Educación al aceptar los cambios que han propuesto algunas comunidades ha convencido a Andalucía, que tras anunciar que iba a rechazar el dinero en primera instancia, lo ha aceptado, condicionado el primer año a la creación de plazas públicas, porque tiene el compromiso del secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, de que se flexibilizara a partir del segundo, informa Daniel Cela. Con esta postura, la Junta da marcha atrás a su decisión, expresada por carta a la ministra, de «no participar» en el programa de gratuidad del Gobierno hasta que no cambiasen los criterios, extremo que aún no se ha producido, según fuentes de la Consejería de Educación.
Preguntada por si Andalucía va a crear las 4.023 plaza públicas el primer año, tras aceptar los 37 millones, Educación rehusó ser clara al respecto: «Vamos a esperar a que el ministerio responda a la solicitud de Andalucía», han explicado las fuentes.
El modelo de gratuidad andaluza, basado en bonificar a las familias con menos recursos pero escolarizadas en centros privados conveniados, lo diseñó, desarrolló y perpetuó el PSOE durante sus años de gobierno, y el volumen de escuelas –más de 2.000, el 66,4% privadas– y de personal laboral –15.000 trabajadores– hacía «inviable» cambiar a un modelo 100% público en tres años, sostiene la Consejería.
Madrid, que ha votado en contra, lo ha hecho por los criterios utilizados por el Ministerio para repartir los fondos, «especialmente lesivos con la Comunidad de Madrid. Con el 14,8% del alumnado, nos dan un 10% de los fondos, mientras que a Cataluña, con solo 1,9 puntos más de alumnos, reciben un 44,7% más», ha explicado un portavoz, sin aclarar si pese a todo solicitará la partida. El ministerio replica que los criterios de reparto (el nivel de estudios de la población de 25 a 64 años, que correlaciona con el trabajo y por tanto los ingresos que se tienen; la tasa de escolaridad en esa etapa y la dispersión de la población) se basan en datos objetivos y están destinados a buscar un mayor equilibrio entre autonomías.
Catalunya también ha rechazado el plan porque la Generalitat quiere flexibilidad de criterios y que los fondos no solo se puedan destinar a la creación de nuevas plazas. Aduce Educació que el voto negativo tiene un componente de protesta porque el ministerio diseñase el plan con Bruselas sin consultar a las comunidades y que hace años que está haciendo un esfuerzo para crear estas plazas, un esfuerzo que no se verá reconocido, informa Pau Rodríguez. En una postura similar está Euskadi, que tiene la red 0-2 «muy adelantada» y no cree que este plan resuelva sus necesidades, según un portavoz de Educación.
Otras comunidades que sí han votado a favor, como La Rioja, han valorado «muy positivamente» el plan, que en su caso se concretará en la creación de 154 plazas el primer año, una reacción muy similar a la de Castilla-La Mancha.
Con este acuerdo se cierra esta primera convocatoria, que tendrá continuidad en 2022 y en 2023 en unas condiciones aún por determinar, solo pendiente de que las comunidades soliciten formalmente su parte de los fondos (aquí está el reparto entero). Tras las numerosas quejas recibidas en la Sectorial de este jueves por la obligatoriedad de destinar el dinero a plazas públicas, Educación se ha avenido a negociar que las comunidades puedan básicamente dedicar el dinero a lo que consideren, siempre dentro de la etapa de 0-3. Convertir plazas privadas en públicas, concertarlas o dedicar los fondos a asegurar al pago de servicios como el comedor, como propone Andalucía, por ejemplo, son algunas de las cuestiones que piden las comunidades, pero que tendrá que aceptar Bruselas, que es quien pone los fondos.
Una etapa desigual
El primer ciclo de la Educación Infantil es una etapa particular y muy desigual, independientemente del indicador que se elija para evaluarla. Es desigual entre las comunidades, con grandes diferencias en las tasas de escolarización; es desigual entre las familias, con realidades muy distintas en función de la renta, del nivel de estudios de los progenitores o incluso si la madre está ocupada o no, y es desigual entre los municipios en función de su tamaño.
De media, en España uno de cada tres menores de tres años está escolarizado (un 36% el curso pasado), aunque este es uno de esos datos que apenas es representativo de ninguna situación. Solo la Comunidad Valenciana y Catalunya se encuentran en este parámetro, con un 35,3% y un 34,1%, respectivamente. Después, la escolarización va desde el 17,8% de Murcia o el 18,5% de Castilla y León hasta el 50,3% del País Vasco o el 45,9% de Madrid.
En esta etapa, no obligatoria ni universalizada de facto como sí lo está el 3-6, la presencia del sector privado es más alta: el 46,3% del alumnado está matriculado en centros de iniciativa particular, también con grandes diferencias entre comunidades. Las hay, como Asturias o Extremadura, que rozan el 90% de plazas públicas, o, en el otro extremo, Andalucía solo tiene uno de cada tres alumnos en una escuela de la administración.
Y este factor, la alta presencia de la escuela privada, se traduce en diferencias entre las familias según sea su nivel adquisitivo, uno de los argumentos que utiliza el Ministerio de Educación para defender su apuesta por las plazas públicas: el 52% de las familias que sostiene no tener cubiertas sus necesidades educativas infantiles no recurre a las escuelas por no poder permitírselo, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.
En este apartado, argumenta Educación, es donde se dan grandes diferencias entre las familias, que pretende reducir avanzando hacia la gratuidad mediante la creación de plazas públicas. La estadística refleja que las familias con menos recursos presentan tasas de escolarización hasta tres veces inferiores a las más adineradas: uno de cada cuatro hogares en el primer quintil de renta (el 20% que menos gana) lleva a sus hijos a centros de educación infantil, mientras en el quinto quintil (el 20% que más gana) son un 62,5%.
Alrededor de este dato orbitan otros dos, que ahondan en las desigualdades entre familias en el acceso a las escuelas infantiles: las familias cuyos progenitores tienen estudios superiores presentan una tasa de escolarización del 49,6%; las que no pasan de los estudios obligatorios se quedan en un 31,3%. Una diferencia similar se da en función de que la madre trabaje o no: las familias en las que tienen un empleo duplican el uso de escuelas infantiles de las que no lo tienen.
