Juan Martínez es el autor del informe La evolución de la inversión educativa entre 2009 y 2018. 10 años de retroceso en España. Difícilmente el título del texto, de casi 370 páginas, podría haber sido más explícito.
En la serie histórica, 2009 supone el faro cuando se quiere saber dónde está el punto más alto de la inversión que España ha hecho en educación. Fue aquel año en el que se superó la cifra psicológica del 5%. Desde entonces, todo fue peor, hasta el punto más bajo, allá por 2013-2014. Tanto que todavía hoy no se ha recuperado la inversión de aquel 2009.
Martínez ha trabajado con las cifras de gasto liquidado más actualizadas, las de 2018. Atendiendo a esto, aquel año la inversión en educación no universitaria fue de 35.8 mil millones de euros. En 2009 aquella cifra fue sensiblemente superior, algo más de 1.000 millones de euros más. Esto supone que entre un año y otro hay una diferencia porcentual del 2,9%.
Otros 1.000 millones se perdieron de inversión en la educación universitaria, que pasó de los 10.500 milones a los 9.500 en el mismo periodo. Porcentualmente, claro, la caída fue superior: del 9,5%. Este hueco tuvo que ser solventado en buena medida por el esfuerzo de las familias y su inversión.
El estudio se detiene, a la hora de observar cuál es la importancia que cada territorio da a la educación dentro de sus cuentas, a comparar el PIB de cada autonomía con la inversión en educación que le dedica. En 2018, todavía con los acuerdos del Gobierno de Mariano Rajoy con Bruselas, el gasto educativo general estaba en un 4,21% del PIB. Por supuesto, los porcentajes de cada comunidad son un mundo y van, del más bajo, de la Comunidad de Madrid, de un 2,26%, siendo una de las comunidades más ricas, al más alto, el 5,3% de Extremadura.
Una de las partidas, más allá de las grandes inversiones, que más se ha reducido en esta década estudiada es la de la formación del profesorado y la investigación educativa que no se desarrolla en las universidades. Desde 2009 hastas 2018 la media de gasto en este capítulo descendió un 52,6%, aunque hay caídas mayores. También hay dos excepciones, Cantabria y Galicia, con saldos positivos.
Como destaca el informe, entre 2009 y 2018 es una década en la que se pusieron en marcha dos leyes educativas, LOE y Lomce y cabría esperar que la apuesta por la formación del profesorado hubiese sido, al menos, no decreciente. Lo cierto es que los recortes que se produjeron a partir de 2011-2012, ya con el Gobierno del PP en marcha, supusieron la eliminación de mucho del presupuesto en formación, así como la transformación de los servicios de formación del profesorado en comunidades como Castilla-La Mancha o Madrid.
Uno de los puntos fuertes del informe es el relativo al gasto de las administraciones pública por alumno. Un cálculo complejo de hacer porque cuando se habla de gasto en la pública y en la concertada las estadísticas oficiales no recogen los mismos datos para una y otra red. En cualquier caso, los responsables del informe han elaborado algunas tablas con los datos que han podido recoger.
En un cálculo rápidos se ha dividido, para la pública, el gasto total por alumno (coste de nóminas, etc.) en 2018 y se ha dividido entre el número de chicas y chicos matriculados (en la no universitaria) en el curso 2018-2019. Con el resultado de este cálculo, se toma el gasto del total de las administraciones educativas como referente. De esta manera, la inversión media es de 4.156 euros por persona y un valor 100. A partir de ahí, las diferencias son importantes en función de los territorios.
La más destacada es la que hay entre País Vasco y Madrid. Las autonomías que más y menos, respectivamente, invierten en su alumnado de la pública. Ello teniendo en cuenta, como señala el informe, que ambas tienen rentas per cápita similares. En cualquier caso, la primera gasta 6.900 euros por alumno y año, mientras que la segunda se queda en menos de la mitad, 3.319 euros por alumnos y año. En relación al índice 100, País Vasco se situaría en el índice 166 mientras que Madrid se quedaría en 80.
El hecho de que la la inversión por alumno hay asido tan desigual se ve, al mismo tiempo, empujado por el que durante esta década la inversión general en educación haya disminuido mientras que el número total de chicas y chicos matriculados haya aumentado. Solo Castilla y León y Extremadura han visto disminuir su población escolar. En el gráfico siguiente pueen apreciarse, en la pestaña superior izquierda, las variaciones porcentuales en la inversión en enseñanzas de régimen general (EERRGG) de las distintas autonomías y, en la otra pestaña, la evolución porcentual del alumnado. Todo ello para el periodo 2009-2018.
Además de esto, el informe también dedica un buen esfuerzo a conocer más de cerca la variación del gasto, por ejemplo, en conciertos educativos en esa misma década. En ninguna de las comunidades autónomas se disminuye esta inversión, al contrario de lo que sucede con la pública.
También se tratan temas relacionados con la privatización de la educación o con la evolución del gasto en la universidad según territorios. Se adentra, además, en el papel de las corporaciones locales en este tiempo y en la comparación de algunos de los datos de España en el contexto internacional.
Se trata, en definitiva, de un extenso trabajo con el que el sindicato ha querido hacer una aproximación bastante detallada a los datos educativos para, desde esa base, poder realizar un análisis lo más riguroso posible de la situación y de las propuestas que puedan hacerse.
Con todo esto, el sindicato quiere reclamar la necesidad de un aumento de la financiación de la educación en todo el país. Con acuerdos entre Ministerio y comunidades autónomas para reducir las enormes diferencias que hay entre los territorios. CCOO reclama, como ya lo hiciera con anterioridad, la redacción de una Ley de Financiación del Sistema Educativo. Desde el sindicato se apuesta por una inversión cercana al 7% así como que se contemplen otras medidas que no sea directamente la inversión en relación al PIB. Aquí ven la posibilidad de que se contemple la relación entre el gasto público total y el dedicado a educación, o el gasto destinado a la eliminación de las desigualdades.
