Creo que la gran prioridad educativa en Andalucía es crear las condiciones que permitan el desarrollo de procesos de transformación de los centros educativos para mejorar la calidad del servicio que prestamos a la ciudadanía. Y entre las oportunidades que la escuela andaluza tiene ante sí para conseguirlo destacaría el programa PROA+, dotado con fondos europeos Next Generation, y que está sirviendo para potenciar la transformación en más de 700 centros educativos con varios objetivos clave: la inclusión educativa, poner al alumnado en el centro de los procesos educativos, la participación de las familias, y la mejora de los resultados escolares.
La Consejería de Educación ha tenido el acierto de orientar inicialmente este programa a las comunidades de aprendizaje, que son una de las puntas de lanza de la innovación por su capacidad para convertir la educación en una prioridad social en sus entornos. La creación de comunidades educativas cohesionadas que permiten al alumnado, profesorado y familias construir una comprensión compartida de la escuela y, además, abrirlas a la vida alrededor, tienen un gran potencial de cambio especialmente en los centros públicos.
Recuerdo la gran preocupación que me produjo la posición de la Consejería al comienzo del mandato que ahora termina cuando afirmaba que los padres habían de quedarse en la puerta de los centros educativos. Reconozcamos también la capacidad para superar ese planteamiento haciendo una apuesta sólida por la apertura de los centros a las familias y su entorno; la Administración la hacen las personas, y algunas de las que ocupan posiciones muy relevantes no parecen “la administración”, ese ente impersonal cuyas dinámicas a menudo están tan lejos de las necesidades escolares. Me gustaría seguir creyendo en el valor de las palabras y su capacidad para ilusionar; pero confieso que cada vez presto menos atención al discurso que no se sustenta en hechos verificables.
A quienes han defendido en alguna ocasión que la mejora de la escuela no es una cuestión de aumentar el presupuesto les recomendaría que visitaran algunos de los centros en los que se desarrollan las actividades palanca de PROA+
El gran reto que tenemos por delante el próximo curso es la segunda fase de PROA+ que llegará a centros educativos que no son comunidades de aprendizaje y que tendrán que abordar un cambio cultural de calado para situar al alumnado en el centro de la vida escolar. La dotación económica está aportando lo que tantos docentes venimos demandando hace décadas: recursos humanos para mejorar la atención al alumnado y los resultados escolares. Y este seguirá siendo el gran reto de futuro más allá de 2024 cuando termine este programa. A quienes han defendido en alguna ocasión que la mejora de la escuela no es una cuestión de aumentar el presupuesto en educación les recomendaría que hicieran un hueco entre sus tareas de análisis estadístico y visitaran algunos de los centros en los que se desarrollan las actividades palanca de PROA+.
Otra prioridad de la escuela andaluza es aumentar la estabilidad de las plantillas de los centros. De lo contrario seguirá siendo muy difícil que muchos colegios e institutos den el paso de afrontar un proceso de transformación en la dirección que marcan las Ciencias de la Educación: inclusión educativa, desarrollo competencial, aprendizaje con sentido, evaluación formativa del aprendizaje, participación de las familias, gestión democrática, liderazgo distribuido, práctica reflexiva… La coordinación de la acción docente es clave para conseguir resultados en todos esos aspectos de la actividad académica. Y, según expresan numerosos directores y directoras, abordar un reto de esta envergadura sin unas mínimas garantías de continuidad del equipo docente es extremadamente complejo.
Es urgente compatibilizar el derecho a conciliar la vida familiar y laboral de los docentes, con la necesidad de evitar el gran freno a la consolidación de los proyectos educativos
El enorme esfuerzo que supone hacer realidad en el aula proyectos educativos inspirados en lo que la investigación y la literatura pedagógicas nos enseñan no puede verse comprometido cada curso ante la necesidad de integrar a un alto porcentaje de docentes que llegan a los centros con un bagaje muy diverso. Es urgente compatibilizar el derecho a conciliar la vida familiar y laboral de los docentes, con la necesidad de evitar el gran freno a la consolidación de los proyectos educativos que supone la alta rotación de profesorado cada curso. Aumentar el tiempo de permanencia en el centro, una vez elegido este por el docente, y con el visto bueno del equipo directivo, permitiría reducir la movilidad sin sacrificar la conciliación familiar.
Pero si finalmente los derechos de los docentes se tienen que cimentar sobre graves obstáculos para el progreso de la escuela, especialmente de la escuela pública, entonces habrá que reflexionar con todos los agentes implicados, incluidos los sindicatos, sobre su parte de responsabilidad a la hora de contribuir a la mejora del servicio educativo. No es necesario aportar cifras como las del abandono educativo temprano en la que Andalucía está a la cabeza en España, o la tasa de alumnado repetidor en secundaria, en la que solo nos supera Murcia. No tiene sentido abordar ninguno de estos grandes problemas desde la acción individual en un aula; son estrategias de centro que exigen análisis, debate, reflexión y actuaciones a medio y largo plazo las que contribuirán a reducir estos índices. Y todo ello es muy difícil de sostener en el tiempo sin una mínima estabilidad del profesorado de un centro.
En cuanto al futuro gobierno andaluz, la perspectiva de un partido de ultraderecha gestionando una Consejería como la de Educación enviaría un mensaje muy claro a los andaluces; significaría la renuncia del presidente de la Junta de Andalucía a defender principios básicos de la escuela como su obligación de fomentar la ciudadanía y la convivencia cívica. Este objetivo es muy fácil de diferenciar del adoctrinamiento: basta analizar su relación con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
También podríamos valorar cómo podrían afectar propuestas como el pin parental a derechos y obligaciones elementales del profesorado que están amparados por la ley. Constatando la rápida evolución del discurso gubernamental en comunidades como Castilla y León podemos comprender el riesgo que se cierne sobre nosotros
