Las 12 cocinas que operan en la calle Alejandro Ferrant, 8, de Madrid, no son un negocio de hostelería convencional. Son un negocio industrial y para poder abrir, con la actual normativa vigente del Ayuntamiento, necesitan informe de impacto ambiental e informe jurídico, además de contravenir normativa urbanística.
Esta es la conclusión principal de la sentencia que estima la demanda de las familias y vecinos de esta calle del distrito de Arganzuela, en el centro de la ciudad, que hace más de un año comenzaron una pelea con el Ayuntamiento para que, primero, no se abriesen las cocinas y, después, para que se cerrase.
En un comunicado de prensa, representantes del AFA del Miguel de Unamuno explican que la sentencia anula la licencia del local porque incumple la normativa urbanística y carece del informe de impacto ambiental y el jurídico.
Según parece, las 12 cocinas instaladas en un local de casi 575 metros cuadrados operan bajo una licencia de 1950, de carácter industrial, a pesar de que en 1966 la naturaleza del negocio cambió, así como la licencia, que convirtió el local en comercial, en unas oficinas. A lo que se suma que la normativa actual no permite usos industriale en locales mayores de 350 metros.
Además no se ha contado con el aumento de los residuos producidos por la entrada de estas empresas en el local, ni el aumento de la contaminación acústica producida por el aumento del paso de vehículos por la zona. Las 12 cocinas operan durante 12 horas al día y trabajan, principalmente, para empresas que reparten comida a domicilio.
El juez le da un tirón de orejas al Ayuntamiento de Madrid para que se haga cargo y vigile con mayor atención «El nacimiento de un nuevo tipo de actividade económicas» como estas cocinas, puesto que «no deben escapar al
ejercicio de las competencias públicas de control». Además, insiste la sentencia: «No hay que olvidar
el interés público que está implícito en este tipo de licencias por el que debe de velar el Ayuntamiento demandado”.
Según recogen en el comunicado, la sentencia señala que la actividad ha de considerarse industrial y se extraña de que el Ayuntamiento, como parte demandada, alega que es así (y se agarra a la licencia de 1950), pero «pretende negar este carácter ante la evaluación del impacto ambiental, asimilando la licencia impugnada con la actividad tradicional de hostelería, siendo muy diferente».
Finalmente, el juez asegura que el hecho de que este negocio se encuentre junto a un centro educativo debería suponer que las medidas de control por parte de la administración local se extremen. «Las emisiones de humos, dice la sentencia, de las doce cocinas industriales próximos a un colegio público hace extremar el deber de vigilancia municipal».
Precisamente, hace más de un año, el alcalde aseguraba a las familias que él estaba obligado por ley a conceder la licencia pero que, en el caso de que pasara cualquier cosa, tendrían abiertas las puertas del consistorio. Eso sí, a posteriori. Como les decía José Luis Martínez Almeida a los vecinos en mayo de 2021: «En el momento en el que se produzcan consecuencias perjudiciales, nosotros tendremos la capacidad legalmente, no hay que olvidar que tenemos que actuar conforme a la legalidad, y poder adoptar las sanciones que procedan. Mientras tanto, las chimeneas cumplen la legalidad. A priori, nosotros estamos obligados a dar esas licencias». A partir del minuto 4:20 en el siguiente vídeo.
Una situación más compleja si se tiene en cuenta que el propio Ayuntamiento de la ciudad aseguró en fecha reciente un plan en el que se invertirán 15 millones de euros para mejorar los accesos a los colegios, aumentando la seguridad vial para niñas y niños que, además, según explicó la delegada de Obras y Equipamientos de Madrid, Paloma García Romero, supondría «actuar sobre la intensidad y velocidad del tráfico y la mejora de su calidad».
Noelia Cabezas, presidenta del AFA del Miguel de Unamuno, describe el curso que han pasado con las cocidas abiertas como «horrible» por los olores y el humo que sale de las cocinas, además del ruido constante de los motores de extracción de las chimeneas. El aumento del tráfico, cientos de motos por las inmediaciones del colegio, decenas de camiones que han ocupado aceras y plazas de aparcamiento de personas con movilidad reducida, motos circulando por las aceras para hacer los repartos y «un par de sustos», precisamente por esto.
Les ha costado, dice, mucho esfuerzo, trabajo y salud (mental y física) llegar hasta ahí. Noelia Cabezas también asegura que han sido meses duros con las dudas de si continuar con sus criaturas en el centro educativo, seguir peleando y el susto a que sucediera algún percance serio con esta industria como ha sucedido en otros puntos de la ciudad. Esperan que el Ayuntamiento no recurra la sentencia. De no hacerlo, el cierre de las cocinas deberías ser automático; aunque, por lo que les han dicho, el Ayuntamiento lo recurre todo.
De momento, han pedido reuniones con el alcalde, la responsable de Urbanismo y la concejala presidenta del distrito de Arganzuela para empujar la clausura de las cocinas.
Al cierre de esta información, el Ayuntamiento no ha emitido ninguna información sobre si recurrirá o no la sentencia.
