Las dificultades para alcanzar una conciliación satisfactoria de las esferas familiar, educativa y laboral exigen seguir buscando fórmulas para mejorar el bienestar de todos los agentes implicados y, particularmente, el de la infancia y adolescencia. Con este propósito, el PSOE de la Comunidad de Madrid presentó hace unas semanas una propuesta basada en abrir los centros públicos de educación infantil y primaria 11 meses al año, durante 12 horas diarias, que levantó una intensa polémica. A nuestro juicio, esta propuesta tiene luces, sombras y claroscuros, y su potencial depende eminentemente de cómo se articule.
En la parte positiva observamos, al menos, cuatro aciertos. El primero de ellos es la utilización y aprovechamiento de unas infraestructuras que, en su mayoría, ya existen. En este punto se interpela a las administraciones públicas, asociaciones de diferente índole y ciudadanía en general a usar y disfrutar de estos espacios públicos. Esta idea supone, por un lado, reconsiderar los centros educativos públicos como espacios de socialización y cohesión social, en los que se promovería la relación entre grupos sociales que no siempre conviven; por otro lado, se concibe la escuela como un ecosistema educativo que conecta los ámbitos formales y no formales, y en el que toda la comunidad se implica para promover el desarrollo integral del alumnado. Esta forma de vivir la escuela aumentaría el sentimiento de pertenencia tanto a la escuela como al territorio en el que se asienta.
El segundo aspecto positivo de la propuesta es el desarrollo de una oferta de actividades extraescolares de calidad y gratuitas. Ello supone aumentar la equidad en el acceso a la educación no formal y al ocio de calidad, y considerarlos un servicio básico. En la actualidad, estas actividades están sujetas a la voluntad, el esfuerzo personal y la capacidad organizativa de AMPAS o ayuntamientos, lo que genera una gran desigualdad en la oferta de los diferentes centros educativos. En la última década, las familias de todos los estratos sociales han aumentado la demanda de actividades extraescolares, si bien son las más acomodadas quienes recurren a ellas en mayor proporción. No obstante, no está claro si la motivación surge de la necesidad de conciliar, de reforzar los contenidos escolares o de explorar otras vías de desarrollo personal. En cualquier caso, parece claro que el uso del tiempo libre está condicionado por las posibilidades económicas, origen, género y nivel formativo de las familias, por lo que democratizar y universalizar un ocio de calidad debería ser uno de los retos a asumir en los próximos años. Es por ello por lo que la LOMLOE expresó explícitamente la necesidad de facilitar el acceso a actividades extraescolares y otras enseñanzas.
El tercer aspecto positivo es la apuesta decidida por una política de comedores escolares universalmente accesibles. Desde diferentes instancias se ha señalado la necesidad de ampliar la cobertura de comedor hasta llegar a una propuesta universal y gratuita, concibiendo este servicio como una parte del derecho a la educación. Una apuesta decidida por servicios de comedor saludables y de acceso universal, en línea con la Garantía Infantil Europea, podría contribuir a mejorar los resultados académicos, incrementar los años de escolarización, disminuir la pobreza, lograr una mayor protección social y familiar, y reducir la obesidad infantil, que se duplica en los hogares con menos ingresos. De este modo, el servicio de comedor integrado en el proyecto educativo del centro puede funcionar como un enclave de derechos.
En España, el 72,5% de los centros educativos públicos de Primaria tienen comedor escolar (cifra que desciende drásticamente en el caso de los institutos), pero solo un 44,8% del alumnado es usuario del comedor. Por su parte, las políticas y ayudas de comedor se muestran insuficientes, no alcanzando, salvo en el caso de Euskadi, ni siquiera a la población en riesgo de pobreza infantil. En el conjunto de España, estas ayudas solo llegan al 11,2% del alumnado de Infantil, Primaria y ESO, mientras que la pobreza infantil se sitúa en el 27,4%. Los niveles de cobertura varían entre el 1,9% en Murcia y el 25,2% en Canarias, lo que refleja la necesidad de establecer medidas que permitan su armonización y garantía en todo el territorio del estado.
Finalmente, el cuarto aspecto positivo de esta propuesta es que ofrece una alternativa flexible para la atención y cuidado de la infancia y adolescencia. En ocasiones se traslada a la escuela las necesidades de cuidado y atención que presentan las familias, distorsionando el debate sobre tiempos y jornadas escolares. En este caso no se enmascara este debate, sino que se reconoce que es una propuesta eminentemente centrada en la conciliación, diferenciando claramente entre horas lectivas y no lectivas. España presenta pocas fórmulas de cuidado infantil diferentes a las que proporciona el sistema educativo. Iniciativas como las desarrolladas en municipios como Barcelona (“Canguro municipal”) o Burgos (“Servicio de cuidados a la infancia”), son todavía minoritarias. Como consecuencia de esta falta de oferta, las familias utilizan menos sistemas alternativos de cuidado, como ludotecas (6 horas semanales, frente a las 10 de la OCDE). Si bien es cierto que en otros países de nuestro entorno se recurre más a estos sistemas porque tienen jornadas escolares más reducidas, los centros escolares pueden jugar un papel fundamental en la conciliación. Ello puede hacerse sin necesidad de aumentar la permanencia en el centro escolar del profesorado, que ejerce un número de horas en la media europea y ha sufrido una devaluación de sus condiciones laborales en las últimas décadas.
A pesar de sus elementos positivos, la propuesta de abrir 12 horas los centros educativos contiene sombras que pueden echar por tierra sus potencialidades. Partimos de la premisa de que cualquier medida que afecte directamente a la infancia debe tener como fin último su bienestar. En este caso, una cuestión fundamental es dilucidar cuántas horas es deseable que una niña o un niño de entre 3 y 11 años pase fuera de su hogar, así como a qué hora debería llegar a su casa. Si el criterio se establece atendiendo fundamentalmente a las necesidades laborales de los progenitores, nos adentramos en un universo de intereses particulares con vidas y horarios cada vez más precarios en el que el límite puede no tener fin. Siguiendo el mismo razonamiento, algunas voces sugerían la apertura de centros también en agosto, hasta las nueve de la noche y en fin de semana, para apoyar a aquellas familias que lo necesitaran. Por el contrario, si se asume que el límite lo marca el bienestar del menor, estos tiempos no serán aceptables.
Es preciso dar respuesta y cubrir el gap que existe entre la jornada escolar de 25 horas y las jornadas laborales de 40 horas, pero es necesario elegir bien cómo hacerlo. Una propuesta tan amplia y sin límites definidos supone, de facto, asumir y perpetuar unos horarios irracionales e incompatibles con la crianza. Hoy en día, un escolar español asiste al centro educativo un mínimo de 25 horas semanales. En el caso de jornada partida (o de que haga uso del comedor y extraescolares en el caso de jornada continua) la suma varía entre las 35 y 40 horas semanales. En un análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida se concluía que, en la actualidad, el 26% del alumnado español ya tiene jornadas escolares de, al menos, 31 horas semanales, sin contar actividades extraescolares.
Si cuando se debate sobre jornada escolar se alude a los ritmos biológicos y circadianos como criterio técnico, también en este punto es necesario valorar cómo afecta el tipo de horario y el número de horas fuera de casa en el desarrollo educativo. No parece razonable que una niña o un niño de entre 3 y 11 años se despierte a las seis de la mañana, para estar en el colegio a las 7:00h e iniciar su jornada escolar a las 9:00h, o que llegue a casa a las 18:00h o las 19:00h después de una jornada de más de 10 horas en diferentes instituciones. Y tampoco parece adecuado que un niño de 3 años tenga un horario similar a otro de 12. Estos ritmos podrían tener un impacto relevante sobre el proceso educativo en términos de atención, fatiga, memoria, etc.
Muchos creemos en el axioma de que “a menos escuela, más desigualdad”, puesto que sus efectos compensatorios se reducen. Sin embargo, esta relación no es sencilla, ni directa, ni absoluta. Se hacen necesarias medidas que permitan conciliar a la mayoría de las familias, estableciendo límites claros para evitar situaciones en las que el bienestar del alumnado quede relegado a un segundo plano. Estos límites deben afectar tanto al número de horas que el alumnado permanece en los centros como a las horas en que empieza y termina la jornada.
Finalmente, cabe destacar que la propuesta asume un marco discursivo discutible. Con el actual modelo productivo, especialmente en determinados sectores, amplias capas sociales están condenadas a no desarrollar una crianza de calidad, incluso aunque se implementen políticas públicas encaminadas a aumentar las horas de cuidado y atención. Trabajos con jornadas partidas, turnos cambiantes, horas extra como medida habitual, largos desplazamientos al trabajo, la inestabilidad laboral, la creciente movilidad geográfica, el precio de la vivienda, etc. no solo dificultan la conciliación, sino que afectan a otros ámbitos clave de la vida. Asumimos como inamovible un contexto sociolaboral y económico uberizado, que es la principal causa de las dificultades para cumplir con los proyectos vitales y familiares, así como de la intensificación de la insatisfacción y los problemas relacionados con la salud mental.
En este sentido, es necesario diferenciar entre las “políticas de conciliación”, encaminadas a que las familias dispongan de más tiempo libre, más capacidad para gestionarlo y adaptarlo a sus necesidades; y las “medidas de compatibilización”, dirigidas a ofrecer alternativas de atención y cuidado diferentes a las familiares. Ambas son complementarias, por lo que cualquier propuesta debe avanzar en ambos sentidos. Un buen ejemplo es el desarrollo en paralelo de los permisos parentales y de la oferta y accesibilidad a las escuelas de Educación Infantil.
El debate sobre la conciliación debe llevar aparejada necesariamente una reconsideración de las jornadas laborales, la corresponsabilidad en el cuidado y las políticas de familia. Los horarios españoles tienden a terminar más tarde, con una pausa para la comida también más larga y tardía, lo que dificulta enormemente la conciliación. Urge un nuevo marco laboral que no solo reconsidere la jornada de 40 horas, sino que también apueste por una mayor flexibilidad, incluyendo el teletrabajo, y por limitar los horarios diarios comerciales y laborales. Las familias presentan dificultades para conciliar que afectan principalmente a las mujeres, siendo ellas quienes renuncian a sus carreras laborales con más frecuencia o trabajan menos horas de las que desearían. La solución no puede pasar por que la infancia pase cada vez más tiempo fuera de casa, sino por una corresponsabilidad real. Es necesaria una mayor implicación por parte de las administraciones públicas y de las compañías privadas que aporte reconocimiento social y económico a la maternidad y la paternidad. En lo que se refiere a las políticas de protección a la infancia, nuestro país invierte solo el 1,3% del PIB, en comparación con el 2,3% de la media europea. Herramientas como las ayudas universales a la crianza, las transferencias económicas por maternidad no ligadas al empleo, los permisos por nacimiento igualitarios o los permisos remunerados para cuidar pueden ser clave para avanzar en la conciliación real.
Finalmente, un obstáculo relevante para llevar a buen término una mayor apertura de los centros es que la gran mayoría de ellos no cuentan con instalaciones y condiciones adecuadas (infraestructuras, espacios, instalaciones y climatización) para desarrollar actividades durante 11 meses, 11 horas al día. Por ello, esta propuesta no requeriría únicamente de un plan de actividades sólido y coordinado con los centros educativos, sino también financiación y tiempo suficientes, como condiciones previas a su puesta en marcha. Es necesario recordar que las reformas low cost suelen funcionar de forma inadecuada y generar problemas imprevistos.
En definitiva, los centros educativos son el entorno ideal para desarrollar programas socioeducativos comunitarios, luchar contra el abandono educativo, atender al alumnado más vulnerable y desarrollar programas de refuerzo y deportivos. En este aspecto, la propuesta de ampliar la apertura abre un enorme abanico de posibilidades para reconsiderarlos como un ecosistema de desarrollo integral en colaboración con otras instituciones y entidades. Para ello es imprescindible establecer medidas paralelas que prioricen la defensa de los derechos de la infancia y avancen hacia una conciliación real de las familias.
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