Tras calificar de “deuda histórica” la escasa presencia de las enseñanzas propias del ámbito artístico en el ordenamiento jurídico español -la última referencia “seria” a esta cuestión data de la LOGSE, en la década de los 90-, Bal ha puesto el foco en el diálogo y el consenso como pilares fundamentales en la elaboración de la nueva legislación. “El anhelo de los profesionales es la principal razón de que llevemos tanto tiempo trabajando para sentar las bases de esta ley. Durante los dos últimos años hemos mantenido un diálogo fluido con infinidad de colectivos, asociaciones y sindicatos vinculados al ámbito de las enseñanzas artísticas con el objetivo de conocer sus preocupaciones y anhelos”, ha señalado.
Por su parte, Pingarrón ha centrado su intervención en las propuestas para acercar las enseñanzas artísticas superiores a los grados universitarios. Entre ellas figuran la adscripción de los centros en los que se imparten estos estudios, tanto públicos como privados, a las propias universidades, la creación de los llamados “Campus de las Artes”, una agrupación de instituciones educativas vinculadas a las artes con el fin de generar sinergias, mejorar sus procedimientos y ofrecer programas conjuntos de posgrado y doctorado, y la apuesta por la formación y la investigación docente. Solo así, ha afirmado, será posible equiparar el nivel administrativo de estos profesionales al de profesores y catedráticos universitarios. Otra de las medidas estrella es la revisión pormenorizada de los estándares de calidad en las enseñanzas artísticas, lo que permitiría dotar los programas de mayor peso y aproximarlos a sus homólogos europeos.
En cuanto al alumnado, el documento base apuesta por una equiparación con sus compañeros universitarios. “Se trata de que tengan la misma consideración a efectos de las distintas convocatorias y en el acceso a becas y ayudas”, han aseverado. Para ello, el texto aboga por fijar las vías y los requisitos de acceso a las enseñanzas artísticas. Del mismo modo, se dibuja la oportunidad de que los estudiantes cursen programas de prácticas, en colaboración con instituciones culturales, museos y teatros, tal y como ocurre en las enseñanzas universitarias. En la práctica, esto supone ir un paso más allá de la actual legislación, que simplemente ofrece la posibilidad de homologar ambas categorías una vez se obtiene el título.
Tales medidas, contempladas en un “documento cero, abierto y flexible” son la hoja de ruta planteada por el Gobierno central para “comenzar a hablar con todos los sectores interesados” y terminar por elaborar el anteproyecto de ley relativo a las enseñanzas artísticas superiores. Tal y como apuntan Bal y Pingarrón, el Ejecutivo aspira a que “la ley salga adelante esta misma legislatura”, pasando por el Congreso de los Diputados entre los meses de marzo y mayo de 2023. No obstante, “preferimos el consenso a las prisas. Queremos unanimidad”, han advertido.
El texto ‘La Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores a debate. Documento base. Claves para el diálogo’ se encuentra ya disponible para su consulta en el portal del sistema educativo español: https://educagob.educacionyfp.gob.es/inicio.html. Estas enseñanzas comprenden las artes plásticas, diseño, conservación y restauración de bienes culturales, música, danza y arte dramático.
Aprobación sin triunfalismos
UGT y CCOO han valorado de manera muy positiva que se sienten las bases del debate sobre la futura Ley de Enseñanzas Artísticas. Sin embargo, ambos optan por mantenerse a la espera, sin caer en triunfalismos, hasta comprobar cómo se ejecuta el proyecto.
A través de un comunicado, UGT ha valorado que el documento recoja buena parte de sus propuestas, en especial la autonomía de las enseñanzas y su desarrollo en un espacio propio de Educación Superior. “Las enseñanzas artísticas superiores llevan mucho tiempo esperando a que se aborde el cambio normativo que necesitan. Con esta propuesta se abre el debate que permita una negociación que responda a las demandas del profesorado y de los centros”, han defendido.
En la misma línea, CCOO. ha puesto de manifiesto su firme compromiso con la elaboración de una normativa “valiente, ambiciosa e integral” que permita llenar el “vacío y las contradicciones” de la actual legislación, “sobre todo desde que la reforma educativa de 2020 estableció que el Gobierno tendría que presentar una propuesta normativa para la regulación de dichas enseñanzas en un plazo de dos años”.
Pese a la satisfacción generalizada, ambos sindicatos han recordado las líneas rojas que, a su juicio, deben caracterizar la nueva ley. Entre ellas se encuentran la autonomía organizativa, pedagógica y financiera de los centros, la revisión de los cuerpos docentes y del régimen de las condiciones del profesorado, abriendo así la puerta a la promoción interna y la compatibilidad de su labor docente con la creación y la investigación, la adecuada dotación de recursos humanos y personal educativo, la correcta resolución en la expedición de títulos, una mayor cobertura en materia de ayudas, becas y movilidad, el refuerzo de la formación artística desde las primeras etapas educativas y una financiación adecuada.
“Entendemos que hay muchas expectativas en los centros y por parte del profesorado en esta futura ley, y el Gobierno no puede perder la oportunidad de dar una solución definitiva a los problemas que tienen las enseñanzas artísticas. Para ello, no obstante, es fundamental la financiación. En cualquier otro caso se quedará en una simple declaración de intenciones y eso no es suficiente”, ha concluido la responsable de Enseñanza Pública del UGT, Marisa Vico.
