En los últimos años se ha producido un aumento importante de sociedades mercantiles, anónimas o limitadas, como gestoras de centros educativos privados y, después, concertados. Es lo que se ha venido en denominar, al menos en Madrid, «la nueva concertada». Se trata de entidades con ánimo de lucro, alejadas de las clásicas cooperativas o de las congregaciones o fundaciones ligadas a la Iglesia católica.
Es uno de los puntos que más frecuentemente denuncian los informes que realizan, desde hace siete años, Cicae y la FAPA Giner de los Ríos. La primera es una asociación que aglutina a centrs privados; la segunda, a las familias de la escuela pública. Aunque por motivaciones diferentes, ambas organizaciones critican duramente esta aparición de sociedades mercantiles con ánimo de lucro y, también, el incumplimiento de cuotas a las familias por servicios que, habitualmente, se mueven en el filo de las actividades complementarias, es decir, no son las materias per se, pero sí se consideran parte del currículo.
En el informe de este año, volvieron a denunciar el cobro de cuotas, que en el caso de algunas escuelas concertadas catalanas, se acerca a los 1.000 euros mensuales. Pero han querido hacer una presentación de los datos de la Comunidad de Madrid desglosados, precisamente por tener unas características muy específicas.
Existen 441 centros concertados autorizados en la Comunidad de Madrid. De ellos, Garlic, empresa encargada del estudio, ha dejado fuera algunos como los de educación especial o las escuelas infantiles para centrarse en los demás. Finalmente, el universo es de 417 centros y, de estos, el estudio ha puesto el foco en 115, una cuarta parte del total. De estos, 42 son sociedades limitadas y 9 mercantiles. 28 son concregaciones religiosas y otras 25 cooperativas. Las últimas 11 pertenecen a asociaciones o fundaciones.
El informe, de nuevo, llama la atención sobre una realidad a la que no parece que se ponga cota. La escuela concertada cobra cuotas (de los 115 centros, solo uno no lo hace); lo hace de manera poco transparente (desde Garlic denuncian que a algún centro han tenido que llamar 10 veces para conseguir la información de los precios; que esta se suele dan sin membrete alguno del centro; que no suele aclarar el concepto por el cual se obra; que ofrece poca información sobre los horarios de las actividades por las que se cobra; que estas suelen estar dentro del horario lectivo…); que el en 31% de los casos, el no pagar la cuota supone la exclusión del alumnado con respecto a sus compañeros (no puede asistir a las actividades previstas hastas el punto que, según denuncian las organizaciones, han recibido información de casos en los que menores han permanecido en la biblioteca del colegio, sin supervisión adulta y sin ninguna actividad que realizar).
Tanto Cicae como la FAPA denuncian, además, que esta situación vulnera la legislación vigente, tanto la estatal como la autonómica. En la Lomloe, artículo 88, han recordado en rueda de prensa. «En ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumno». A esto se suma que «las actividades complementarias que tengan carácter estable no podrán formar
parte del horario escolar del centro».
Cuota según titularidad
Tanto Cicae como FAPA, han hecho hincapié en que el informe de este año ha puesto la lupa en cómo podía estar influyendo la titularidad del centro en el cobro de cuotas. La conclusión principal es que las sociedades mercantiles (anónimas o limitadas) son las que cobran una cantidad más elevada.
La cuota promedo de las mercantiles es de 159,12 euros. En el cas de las asociaciones, 149,66 y las sociedades limitadas, 141,83. En el lado contrario de la balanza se encuentran las congregaciones e instituciones ligadas a la Iglesia, con una media de 65,18 euros mensuales.
Esta no es la cifra total que pagan las familias en estos centros, en ningún caso. Habría que sumar las relativas a otros servicios como pudiera ser el comedor escolar. En ese caso, las SL cobran 362 euros; las SA, 359 € y las asociaciones, 340. Las congregaciones e instituciones religiosas se situarían en 245 euros, en este caso.
Más allá de que los precios varíen sustancialmente dependiento de la titularidad del centro, los cobros se engloban en diferentes categorías según la terminología que utilizan unos y otros. Se cobra la «cuota» en el 16.67% de los casos; la «aportación», en el 40,35; las «actividades complementarias», en un 35,39 % y por el «proyecto educativo», en el 7,89 % de los casos.
El informe asegura que dentro del grupo de las «actividades complementarias» hay un 13 % de centros que no detalla qué actividades son estas y en el caso de quienes sí las detallan, abundan las relacionadas con el aprendizaje y dominio del inglés, lectoescritura, pensamiento lógico matemático, música, robótica… También hay actividades más o menos culturaes (en inglés), natación «inteligencias múltiples», yoga y mindfulness o natación.
Según la información recogida por el estudio, la mayor parte de estas actividades se desarrollan en mitad del horario lectivo a pesar de lo que explicita tant la Lomloe como las instrucciones de inicio de curso de la propia Comunidad de Madrid, según el informe: «Las actividades complementarias que tengan carácter estable no podrán formar parte del horario escolar».
Los centros que denominan a estas cantidades como aportación, donación o colaboración (el 40% del total) aducen diferentes motivos como conceptos: una hora más de clase, «es la cuota del colegio», «es una donación para mejoras y es muy necesaria», «ayuda a financiar al centro»… La lista es muy extensa.
En cualquier caso, el 55 % de los centros no mencionan en la entrevista con las familias que se trata de aportaciones voluntarias, que nadie está obligado a pagarlas y que no pueden suponer un elemento de discriminación socioeconómica. En la documentación por escrito que dan a las familias, en el 57,45 % de los casos tampoco se informa de este asunto, aunque en el 42,55 de los casos sí se hace. Del 45 % de centros que sí avisan a las familias en la entrevista, cuando les envían la documentación por escrito, hay un 24,24 % que no reitera la voluntariedad.
A pesar de estas cifras, el informe asegura que en la práctica totalidad de los casos, incluso cuando se habla de voluntariedad, se insiste en la «importancia» del pago. De hecho, en el 31 % de los casos, se avisa a las familias que si no pagan, sus hijos e hijas quedarán fuera del grupo durante la realización de la actividad determinadas. En el 51 % simplemente se asegura que el pago es obligatorio y no hay más opción que hacerlo. Solo en el 18 % de los casos es voluntario y el alumnado no sufre las consecuencias de que sus progenitores no hagan frente a los pagos.
Según Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Giner de los Ríos, hay familias que prefieren el sistema de cuotas como una especie de garantía de que sus hijas e hijos estarán segregados de aquellos con mayores dificultades, peor existen muchas otras motivaciones para que sigan escolarizando y pagando cuotas que, según estas organizaciones, no cumplen con la legalidad. Entre ellas, porque los centros están cerca de sus casas, porque las comisiones ed escolarización les dan esas plazas, por desconocimiento de la voluntariedad de los pagos y, también, porque una vez dentro no quieren tener problemas o que sus hijos sufran las consecuencias, ya sea en forma de exclusión en el centro o buscando otras alternativas gratuitas sacando a niñas y niños de un entorno que ya conocen.
Cesión de suelo público
La presentación de los datos del informe también han servido para que tanto Cicae como la FAPA denunciasen la cesión de suelo público que la Comunidad de Madrid ha hecho en las últimas semanas para la construcción de dos centros concertados en Valdebebas, en el norte de la ciudad de Madrid. Allí existen dos centros de primaria públicos pero ningún instituto, por que lo las y los adolescentes que han de cursar la ESO y lo hacen en la pública tienen que «emigrar». Llevan años reclamando a la daministración educativa que construya un centro público para estas chicas y chicos y en las últimas semanas se ha conocido esta cesión para la construcción de colegios ya concertados.
El hecho de que la administración haya decidido ceder suelo a estas empresas, según Carmen Morillas, presidenta de la Fapa, «es una aberración que tergiversa el concepto de concierto. El concierto se hizo para cubrir zonas donde pública no llegaba para garantizar acceso a educación. Ahora, el ejercicio que se realiza en Madrid se enfoca al negocio de la educación». Para ella, lo primordial es que «se cumpla con la ley».
Elena Cid, secretaria general de Cicae ha criticado duramente esta política por parte de la Comunidad de Madrid, resulta una «muy mala noticia. No estamos de acuerdo con un modelo que nace desvirtuado». Cid ha explicado que no se ha exigido a las entidades que se han presentado a los diferentes concursos que no tuvieran ánimo de lucro, «algo que creemos que es básico para garantizar que no se hace negocio» con la educación.
Ha explicado que se ha dado el plazo de un mes para presentar los proyectos tanto educativo como arquitectónico a las diferentes entidades. Según consultas de este periódico entre algunas arquitectos, este tipo de proyectos pueden suponer varios meses de trabajo para estar finalizados, aunque con forma de anteproyectos sí podría ser factible en un mes. En cualquier caso, Cid también ha expresado sus dudas en relación a la transparencia de estas iniciativas. «¿Cómo van a amortizar la inversión de 15 o 20 millones para instalaciones? No hay respuesta más allá de que serán las familias de Valdebebas las que la pagarán con cuotas».
Cid se muestra tajante: «La cesión de suelo solo debería ser a entidades sin ánimo de lucro y con transparencia total sobre cuál será la financiación».
