Nelsy Lizarazo es coordinadora de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y Macarena Romero, Técnica de incidencia política y movilización de Entreculturas y miembro de la Campaña Mundial de la Educación (CEM) España
El Día Internacional de la Mujer ofrece una oportunidad fantástica para llamar la atención sobre las mujeres que dedican su vida a la docencia y a la necesidad de asegurar un reconocimiento en diferentes ámbitos de su profesión para alcanzar un mundo verdaderamente igualitario. Allá donde miremos, la proporción de mujeres en el sector educativo es alta, y sin embargo, nos preguntamos si su prevalencia conlleva una garantía de derechos (como a un salario justo o a una formación adecuada) y a una legitimación y valoración social a la altura de los retos que enfrentan en las aulas.
Los datos muestran a nivel global que la proporción de mujeres en el cuerpo docente aumentó del 92% al 94% entre 2000 y 2020 en la enseñanza preescolar y del 59% al 67% en la primaria. Pero en el África subsahariana las mujeres solo representan el 32% del profesorado de enseñanza secundaria. Además, tienen que hacer frente a una situación de infrarrepresentación en los puestos de gestión y dirección de la educación (instituciones educativas como colegios, institutos…).
En España, los datos del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación (2022) indican que las mujeres representan un 67,1 % y sin embargo, hay grandes diferencias en función de los ámbitos y niveles de educación. La presencia femenina es menor en el profesorado universitario (42,9%), mientras que en los centros de educación infantil casi la práctica totalidad del profesorado es femenino (97,7%). El techo de cristal se refleja especialmente en el ámbito universitario, con la menor presencia de catedráticas y rectoras. Según el Barómetro Juventud y Género en España, un 26% de las mujeres y un 30,8% de los hombres siguen considerando que los sectores asistenciales y de cuidados son más adecuados para las mujeres, así como también el ámbito de la educación y la docencia, 22,2% en el caso de ellas y 27,1% en el caso de ellos.
Por su parte, América Latina es la región más desigual del mundo, y esto impacta directamente en las mujeres, que son las que viven en mayor pobreza, exclusión y discriminación. La desigualdad de las mujeres docentes, se advierte también en el nivel superior de la educación. Según cifras de UNESCO de 2020, solo un 18% de universidades públicas en la región tienen a mujeres como rectoras. A pesar de que en la región la matrícula universitaria muestra una presencia mayor de mujeres, que representan un 55%, el liderazgo en las universidades públicas sigue estando en manos de los hombres.
Aunque las mujeres ocupan un 46% de cargos docentes, los escalafones de más alta jerarquía están ocupados en mayor número por hombres, por lo que se hace urgente una actuación pública que favorezca la paridad de género también en la dirección de las universidades, en el marco más amplio de políticas de igualdad de oportunidades en el acceso de las mujeres a cargos directivos en las universidades y en todos los niveles educativos, hasta alcanzar la paridad.
La feminización del magisterio latinoamericano es una realidad dada tanto en la educación inicial como en la educación básica para la población escolar –donde la participación de las educadoras en el conjunto del cuerpo docente oscila del 97% al 77% (1990 y 1997). La misma tendencia se observa en la educación básica de personas adultas (Messina, 1993). La carrera de formación del profesorado es parte de las denominadas “carreras femeninas”, donde se desempeñan labores de cuidado que prolongan los roles maternales. A ello se añaden las deficientes condiciones de trabajo y salario del personal docente que dificultan la producción autónoma de conocimiento.
Esta situación tomada como conjunto constituye ella misma una manifestación de la desigualdad de género. Un factor social que hace que las niñas y las mujeres rurales (mayoritariamente campesinas; indígenas; negras, raizales y palenqueras; mestizas pobres), tengan menos condiciones que los hombres para el acceso y el uso de las TIC, es la asignación de roles, más arraigada en el campo. Según la OIT (2012), donde tienen como papel dominante la crianza de la prole, la alimentación, la higiene, la educación y la salud familiar; en este medio se otorga a los hombres la responsabilidad en la producción y a las mujeres la reproducción, y se las considera como trabajadoras secundarias, cuya función es complementar los ingresos del hogar; o se las hace invisibles como trabajadoras familiares no remuneradas o como productoras para autoconsumo.
“Durante la pandemia, aumentó la carga global de trabajo porque lanzó a las mujeres a realizar tareas educativas para las que no estaban preparadas al desplazar la oferta educativa formal hacia los hogares. Y además por el aumento del embarazo adolescente, que no es un factor menor, el proyecto de vida de las mujeres niñas, adolescentes y de las mujeres jóvenes en el continente. Este impacto de la pandemia ha sido muy grande y una de la áreas más afectadas es el acceso a la educación por todo lo que implicó la profundización del rezago educativo en la mayoría de nuestros países”. Ana Felicia Torres- Coordinadora de la Red de Educación Popular Entre Mujeres.-REPEM.
La Semana de Acción Mundial por la Educación, que este año se celebra en España la semana del 24 de abril, supone un momento clave de acción política y movilización por las demandas que han de garantizar la educación para la igualdad de género con una reivindicación fundamental de una mayor paridad de género en el sistema educativo, con docentes suficientemente formadas, remuneradas, respaldadas y en puestos de responsabilidad.
Además, con motivo de este Día, desde la coalición española de la Campaña mundial por la Educación, liderada por Ayuda en Acción, Educo, Entreculturas y Plan International publicamos un posicionamiento en el que llamamos al Gobierno de España, a los ministerios de Educación y Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y a las consejerías de Educación y Cooperación Internacional a:
- Situar la igualdad de género en el centro de los planes y las políticas del sector educativo, y dotarla de presupuesto suficiente. Identificar y abordar las disparidades de género y sus factores subyacentes desde la primera infancia con el fin de transformar las normas, los estereotipos y las prácticas de género perjudiciales que a menudo se perpetúan en y a través de la educación.
- Generar datos desagregados sobre el impacto de género de políticas y presupuestos educativos para medir el progreso y contar con evidencias sobre las medidas puestas en marcha. Monitorear los resultados de aprendizaje y el progreso académico por género y otras variables interseccionales, y adoptar una acción positiva para abordar tendencias negativas y brechas de género.
- Eliminar los prejuicios y estereotipos de género de los planes de estudio, el currículo escolar, los libros de texto y otros materiales de enseñanza, y garantizar la capacitación docente para que todo el profesorado adquiera los conocimientos y las habilidades necesarios para examinar, cuestionar y cambiar las normas, actitudes y prácticas de género perjudiciales, las relaciones de poder desiguales, la discriminación de género y las desigualdades más amplias que se entrecruzan.
- Asegurar en la educación, de manera sistemática, abordajes teóricos y metodológicos que evidencien las necesidades educativas de mujeres, hombres, y otras identidades de género y sexuales. Lo anterior mostrando y problematizando las implicaciones de otras opresiones ligadas a edad, raza-etnia, identidad de género, clase, entre otros.
- Avanzar hacía un marco feminista de justicia digital que incorpore la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres; lejos de modelos privados que no abordan temas estructurales de exclusión y que conciben a las mujeres como consumidoras o trabajadoras para un mercado digital.
- Asegurar la paridad de género en cargos de dirección del sistema educativo en todos sus niveles.
