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El ocio educativo es un derecho recogido en los marcos legales nacionales e internacionales: el artículo 31 de la Convención de los Derechos de los niños (1989) y los artículos 24 y 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, hacen referencia al derecho al acceso y a la práctica de actividades de ocio, de juego y de deporte de la infancia y la adolescencia. También las Recomendaciones de la Unión Europea (2013), de 26 de noviembre de 2013, sobre los beneficios de la actividad física para la salud. Asimismo, investigaciones y prácticas contrastadas muestran cómo participar en actividades de ocio educativo promueve: a) la mejora de su identidad personal, b) el fomento y la promoción de la participación y la construcción de una ciudadanía activa y comprometida, c) el desarrollo de las competencias académicas y de empleabilidad y d) también promueve cohesivo social en los territorios.
Sin embargo, su acceso todavía no está garantizado de forma universal, por diferentes motivos, especialmente los económicos pero también las desigualdades territoriales.
Para dar respuesta a esta desigual práctica de actividades de ocio, en el marco del Fórum se han aportado diversidad de propuestas, que las futuras políticas deberían abordar para garantizar un acceso en igualdad de condiciones, especialmente atendiendo a la diversidad de propuestas personas y realidades y en las situaciones de vulnerabilidad social. En primer lugar, contribuir, mediante evidencias científicas, a poner en la agenda pública el tema de la desigualdad de acceso, proponiendo acciones de mejora, recomendaciones y orientaciones para que puedan revertir estas situaciones de desigualdad, incidiendo así en las políticas públicas. Acciones como la creación de catálogos de actividades de ocio para adolescentes y jóvenes desde una perspectiva inclusiva, proporcionando soportes individualizados y contando con dinamizadores de los entes locales. De especial importancia será acompañar a adolescentes y jóvenes que viven situaciones de aislamiento y soledad. También, ofrecer soporte a familias en situación de vulnerabilidad, mediante campañas de información, agentes prescriptores, catas de actividades y políticas de becas.
En segundo lugar, la creación de conocimiento compartido entre los diferentes actores implicados (administraciones públicas, entidades del tercer sector social, instituciones educativas y universidades) para avanzar en la mejora de la oferta de las actividades de ocio educativo, garantizando que éstas sean accesibles , inclusivas, de proximidad y con enfoque de género. En relación con este aspecto será también relevante ampliar la oferta de actividades de ocio de calidad en los barrios o municipios con menor oferta y menos tejido social. Los entes locales, por tanto, deben poner las bases materiales para que las entidades de ocio educativo desarrollen la potencialidad de su actividad: esto pasa por la cesión de espacios adecuados, la apertura de equipamientos municipales y establecer una financiación estable que vaya más allá de las subvenciones de concurrencia competitiva. Promover, por tanto, pactos entre los diferentes agentes, y con las entidades, para dibujar una política sólida y continuada de ocio educativo en los territorios.
También se han detectado retos relacionados con la mejora del trabajo conjunto y en red, desde una mirada de ecosistema educativo. En este sentido, habrá que proponer estrategias de trabajo compartido entre los diferentes agentes de la comunidad, que permitan identificar posibles dificultades para abordar de forma conjunta la oferta de ocio educativo en los municipios, donde la comunidad es importante que pueda actuar como punto de encuentro de personas y realidades diversas. Será también importante impulsar acciones de difusión y sensibilización, dirigidas a las familias, para que reconozcan el valor que aporta el ocio educativo al desarrollo de sus hijos e hijas, y también a otros agentes de la comunidad como la escuela, los recursos de salud, los servicios sociales para que puedan dar a conocer las actividades de ocio, reconociendo su valor social y educativo.
Un tercer reto, que los propios jóvenes han identificado como prioritario por su bienestar y desarrollo personal y social, es contar con espacios donde los y las adolescentes y jóvenes puedan participar activamente y codiseñar su programa de actividades de ocio anuales, desde perspectivas de innovación social, así como la creación de proyectos dirigidos a la comunidad, contando con soporte profesional y logístico.
Por último, un cuarto y último reto relacionado con la importancia de mostrar científica y socialmente el valor que las actividades de ocio educativo aportan a la calidad de vida de los niños, adolescentes y jóvenes. Por eso, dos acciones a desarrollar, cada vez más necesarias, la primera de ellas, dar continuidad a la realización de investigaciones y evaluaciones de impacto, promoviendo partenariados entre el sector público, el sector privado, entidades del tercer sector social y las universidades. Y, una segunda, incorporar indicadores de evaluación que valoren la calidad, la equidad, el equilibrio y la inclusión de los programas y actividades de ocio educativo, para medir el impacto y los cambios que éstas generan en las personas y en los municipios.
Este texto ha sido publicado en el blog de Educación local de El Diari de l’Educació
