En España hay 1,6 millones de hogares que se encuentran en riesgo de exclusión social o pobreza. Según los cálculos de la ONG de infancia, el país necesitaría 1,5 millones de viviendas de protección social nuevas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística de finales de 2022, existen 3,4 millones de viviendas vacías, principalmente en grandes ciudades, y que están en manos de particulares, empresas y bancos. Bancos como la Sareb, el «banco malo» que se creó en la crisis para absorber miles de activos inmobiliarios como parte del rescate a la banca. Esta entidad, según el INE, posee 45.000 viviendas. Solo 4.000 de las 15.000 previstas para fines sociales se han dedicado a esto.
Andrés Conde, director de Save the Children ha explicado durante la presentación del informe Aquí no hay quien viva, que un gran número de familias se encuentran en una situación extremadamente precaria. Del millón y medio de las que están por debajo del umbral de la pobreza, el 18 % ha incurrido en algún tipo de impago de alquiler o hipoteca. Del total, solo el 2 % tiene algún tipo de ayuda para pagar la vivienda.
España, explican desde la ONG, está muy abajo en las estadísticas de vivienda de la Unión Europea. Para empezar, el 2,5 % de todas las viviendas del país están dedicados a protección social. En la UE el porcentaje es cuatro veces superior, 9,3 %. A esto hay que sumar que en nuestro país, las casas de protección pierden esta calificación al poco tiempo y salen del parque de vivienda social. Según ha explicado Conde, una de las propuestas de la ley de vivienda que están negociando en el Gobierno, prevé que el plazo para que pierdan esta consideración se elevará hasta los 30 años.
Junto a la falta de un parque de viviendas, desde la ONG destacan que solo el 17 % de las ayudas públicas a vivienda (de las poquísimas que existen) tienen en cuenta a la infancia como un colectivo prioritario a la hora de concederlas. Si se cruza este dato con el de que entre el 70 y el 80 % de los desahucios del país (más de 36.000 en el último año) los sufren familias con menores al cargo, es fácil entender la situación. Y eso que desde 2019 la justicia puede paralizar un alzamiento si es sobre una vivienda en la que viven niñas, niños o adolescentes.
Según ha explicado Conde, los problemas de vivienda impactan negativamente en la salud mental y física de chicas y chicos: problemas de ruidos, insalubridad, inseguridad de algunos barrios. A los que hay que sumar otros derivados de los costes de vivienda y que impactan en la alimentación de estos niños y niñas, así como en sus estudios (no tener material adecuado o vivir en una casa sin un lugar para estudia, que no haya luz suficiente o la temperatura no sea la adecuada).
Problemas de vivienda
Andrés Conde desgranó en una rueda de prensa de presentación del informe diferentes bloques de problemas que tienen que ver con la vivienda, según han detectado desde Save the Children. El primero de ellos se relaciona con las condiciones físicas de la vivienda. Según los datos que manejan, el 20 % de las y los menores «vive en hogares en condiciones físicas malas, con deficiencia estructural», es decir, «no tienen las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas». No tienen sistemas de ventilación adecuados, no hay agua potable dentro de la vivienda o «un sistema de eliminación de desechos dentro de la casa», explicó conde.
Dentro de este grupo de condiciones estaría el hacinemiento, medido en que cada persona del hogar disponga de 10 metros cuadrados. Y el territorio en el que se encuentra el hogar, que en una gran cantidad de ocasiones sufre de ruidos insoportables o hay basuras en las calles o se trafica con drogas, por ejemplo.
Otro bloque de problemas se relaciona con la inseguridad jurídica sobre la vivienda, es decir, familias que «viven en una vivienda sobre la que no tiene derechos legales». Según los datos que maneja la ONG, el 4,3 % de las familias está en esta situación, es decir, tienen requerimientos legales para abandonar la vivienda en la que están residiendo. Requerimiento que, como se ha dicho, acaban en unos 36.000 desahucios el año pasado: 8.500 por impago de hipotecas y 27.500 de alquileres.
Conde ha señalado que los impagos del alquiler afectan a un gran número de familias, «especialmente a las que tienen un alquiler social. Este, ha dicho, no protege de la dificultad de asumir los pagos». De hecho, «un 26 % de los hogares con alquiler social ha sufrido impagos, normalmente más de uno».
Finalmente, estaría el bloque que se relaciona con el precio de la vivienda. Un algo porcentaje de familias en el país dedica más del 30 % de sus ingresos a pagar su casa. Esto supone, explicaba Conde, que hayan de suprimir o reducir otros gastos como los relacionados con la educación, la alimentación o la energía. Más allá de que muchas familias lo pasen mal para pagar sus alquileres o hipotecas, el director de la oenegé ha destacado el que el 44 % de las familias monomarentales (más de 150.000) tengan sobrecargar a la hora de pagar la vivienda.
Según territorios, la situación se ha puesto especialmente complicada en Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, Catalunya y Baleares, principalmente por culpa de la eclosión de pisos turísticos, que han encarecido enormemente la vivienda en los últimos años.
Propuestas
Para definir las propuestas, la encargada fue Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política en Save the Children. Ella fue la encargada de asegurar que las políticas públicas de vivienda se centran, sobre todo, en ventajas fiscales que «no siempre llegan a quienes más lo necesitan».
La ONG calcula que harían falta 150.000 millones para cubrir las necesidades de 1,5 millones de viviendas, 7.500 millones cada año durante dos décadas. Por eso proponen la colaboración público-privada, por ejemplo. Una colaboración que pasara por la construcción de nuevas viviendas públicas, pero también la recalificación de muchas de las existentes, así como su rehabilitación.
También ven necesaria una mejor comunicación entre el sistema judicial y los servicios sociales, especialmente, en el caso de familias con menores al cargo que estén en procesos de lanzamiento y desahucio. El objetivo sería que los informes de vulnerabilidad llegasen antes de cualquier decisión judicial al respecto de la situación habitacional de cualquier familia.
La ONG también propone una ayuda de 200 euros para las 158.000 familias monomarentales, para que puedan hacer frente a sus gastos de vivienda con mayor facilidad. Una medida que costaría, dicen, 380 millones de euros. Además, apuestan a que esta ayuda sea accesible en el momento en el que una familia ya es receptora de la ingreso mínimo vital o de otras rentas básicas (y de otras prestaciones que puedan existir más adelante) y, de esta manera, simplificar las gestiones para muchas de estas familias.
En relación a la colaboración público-privada, la ONG cree que se podría hacer que los grandes tenedores colaborasen poniendo a disposición de las familias vulnerables pisos para que pudieras vivir en ellos, mediante algún tipo de alquiler social, por ejemplo. Eso sí, «las administraciones son las que tienen que arbitrar las compensaciones económicas correspondientes», según ha propuesto Perazzo.
Está claro que el problema de la vivienda en España es un asunto casi endémico que durante décadas ha sido un quebradero de cabeza para un gran número de familias. El informe de Save the Children aparece justo en el momento en el que se están cerrando las negociaciones para una posible legislación sobre vivienda que debería intentar dar respuesta a estas y otras situaciones que afectan a millones de personas, muchas de ellas, niñas, niños y adolescentes que ven sus vidas truncadas.
