Un nuevo estudio de EsadeEcPol se asoma a la realidad educativa, esta vez para poner el foco en los gastos que afrontan las familias españolas cada inicio de curso en «bienes educativos», categoría en la que engloban gastos como libros de texto, material escolar, uniformes, fotocopias o informática.
El estudio utiliza datos de dos encuestas del INE, por un lado la Encuesta de Gasto en Educación de los Hogares (EGEH) y, por el otro, la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), además de datos del Ministerio de Educación y FP relativos a las becas y ayudas al estudio.
Los datos destacan las diferencias en el gasto educativo en estas cuestiones cuando se tienen en cuenta las etapas educativas, las redes dentro del sistema, los quintiles de renta y, claro, el tipo de material del que se hable. Todo ello mediado también por el gasto que se ve absorbido por las diferentes políticas de becas y ayudas al estudio, tanto estatales como autonómicas.
En los gráficos anteriores pueden observarse las diferencias de gasto que hay en las diferentes partidas. La de libros de texto, salvo en el primer ciclo de infantil, es la mayor a lo largo de las diferentes etapas escolares. Se trata del mayor gasto para las familias y lo es para todas las familias, independientemente de sus ingresos mensuales.
Es verdad, como se ve en el segundo de los gráficos, que para las rentas más bajas, del quintil 1, es la mitad del coste nominativo que para las familias del quintil 5, de renta superior. Esto es debido a que las primeras se benefician en mayor medida de las becas y ayudas públicas para hacer frente a estos gastos, así como de los sistemas de préstamos de libros escolares. Pero es interesante observar cuál es el peso porcentual del gasto en bienes educativos de las familias en relación a todos sus gastos. Entonces se observa que, a pesar de las diferentes ayudas a las que pueden acceder, el porcentaje de gasto es el triple, en relación al total.
Las familias del quintil 1 dedican el 2,75 % de sus ingresos a bienes educativos mientras que las del quintil 5 tan solo el 1 %.
Como explica José Luis Pazos, expresidente de CEAPA y de la FAPA Giner de los Ríos de Madrid, esta diferencia en el esfuerzo que unas familias en septiembre puede ser la diferencia entre poder irse de vacaciones o no hacerlo, o de tener que pedir dinero prestado o endeudarse con la tarjeta de crédito para hacer frente a los gastos de cada vuelta al colegio.
Estas diferencias, así como otras, empujan, tanto a los investigadores del EsadeEcPol, Lucía Cobreros y Ángel Martínez, así como al propio Pazos, a señalar la necesidad de que se universalicen sistemas de préstamos de libros de texto para todo el alumnado de centros sostenidos con fondos públicos en las etapas obligatorias de las educación. Un sistema lo más similar posible al que se lleva años desarrollando en Andalucía, comunidad con información disponible, en la que menos gastan las familias en libros de texto en comparación con las otras.
Para José Luis Pazos, uno de los problemas que llevaría aparejado el sistema de gratuidad universal de libros de texto en los centros sostenidos con fondos públicos sería la eliminación del «negocio» que en mucho concertados se realiza con la venta de libros a las familias y de donde sacarían parte de sus ingresos. Eso sí, respondería al mandato constitucional sobre la gratuidad de la educación que tanto se defiende desde las organizaciones que ha presidido. Además, a su entender, es necesario que llegue a la concertada para defender este mismo derecho, mientras que quienes escolarizan en la «privada pura», de alguna manera, renuncian a que la administración pública sea la garante del servicio, por lo que renuncian, también, a que les faciliten esos libros y materiales.
En este punto concuerdan los investigadores al solicitar esta misma gratuidad para los centros sostenidos con fondos públicos. Aclaran que el gasto inicial sería alto para las administraciones autonómicas pero «el coste de mantenimiento se reduce en los años sucesivos». «El modelo andaluz podría servir de punto de partida para replicarse en otras CC.AA», explican. «A ver lo que dura», comenta Pazos.
Cree el expresidente que sería un alivio para no pocas AMPA que llevan tiempo montando cooperativas para asumir la compra de los libros y material escolar de la lista que se facilita a las familias cada año, además de organizando los sistemas de préstamo. Asegura Pazos que estos sistemas pueden suponer problemas, principalmente, derivados de requerimientos que pudiera hacer la Agencia Tributaria al ver tantos movimientos en la cuenta personal del titular, generalmente, una madre o padre.
Otra de las medidas que defienden los investigadores, mientras llega esa universalización de la becas y ayudas, habría que instaurar un sistema basado en que a las familias receptoras del Ingreso Mínimo Vital (IMV) les concedan, de oficio, las ayudas. Además, sería un sistema que homogeneizaría los umbrales de renta en todo el Estado, más allá de que las CCAA pudieran ampliar la cobertura a discreción.
También señalan la posibilidad de que haya un número más o menos alto de familias que podrían beneficiarse de becas y ayudas pero no lo saben y no las solicitan. La concesión automática a las receptoras del IMV podría ser parte de la solución. Como podría serlo el que los centros educativos tuvieran los recursos suficientes para informar adecuadamente a las familias.
Finalmente, el equipo investigador demanda un sistema de información transparente y homogéneo para conocer en detalle quiénes son o no beneficiaros de los sistemas de becas y ayudas para libros y material escolar, de manera que se puedan informar de manera idónea las políticas educativas al respecto. Para José Luis Pazos, este punto también es importante y señala que «es deliberado» que no se dé esta información pormenorizada porque las administraciones educativas están incumpliendo un mandato constitucional.
