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Como buena parte de las personas interesadas en la política real -la que cambia la realidad diaria en la vida de toda la sociedad-, me he leído el acuerdo alcanzado entre el PSOE y SUMAR. Sé que mi análisis es solo uno más, y que, como todos, es cuestionable, porque no deja de ser una visión parcial del documento, tanto de sus posibles intenciones como de sus teóricos olvidos. Y también soy consciente de que no les interesará a demasiadas personas lo que yo piense o deje de pensar, pero si quieren leer este artículo, sabrán lo que pienso.
Después de casi un cuarto de siglo defendiendo la educación pública, debo avisar que mi enfoque siempre será crítico contra todo aquello que pueda dañarla, porque hablar de escuela pública no es hacerlo sobre un capricho ideológico partidista, sino sobre el ejercicio del derecho a la educación; sin la existencia de una escuela pública potente y de calidad, dejaremos de ser sujetos de derecho en el terreno educativo para pasar a ser meros clientes de un negocio que siempre -casi siempre si somos justos- aplica aquello de “tanto tienes, tanto vales”.
También diré que me ilusiona uno de sus párrafos iniciales, que no interpretaré, sino que reproduzco para que su contenido no se altere por mi intervención: “Ahora, ha llegado el momento de seguir avanzando por la senda del progreso y la convivencia. Debemos consolidar las reformas logradas, recoger sus frutos y dar nuevos pasos hacia el bienestar y la justicia social, la prosperidad económica y la sostenibilidad medioambiental.” Si esto se cumple, habrá valido la pena que este acuerdo exista.
¿Qué encontramos en el acuerdo sobre educación?
En el bloque 1, titulado “Una economía más moderna, al servicio de las personas y de un crecimiento justo y sostenible”, se puede leer en la página 6: “Pondremos en marcha una Estrategia Integral para la Productividad que coordine las políticas públicas en el ámbito de la educación, la innovación, el mercado laboral y la adopción tecnológica, orientándolas a mejorar la eficiencia de nuestro tejido productivo.” No negaré que es necesaria esta estrategia global, aunque no me guste ligar las políticas públicas en educación a la eficiencia del tejido productivo y a conceptos tan peligrosos, cuando se enfocan mal, como el de la productividad. Deberemos estar pendientes para que el mercado laboral deje de condicionar de forma inadecuada buena parte de lo que ocurre en educación.
En el bloque 3, denominado “Una agenda verde para garantizar la sostenibilidad de hoy y de mañana”, podemos encontrar dos compromisos cuyo cumplimiento deberemos conseguir. En la página 17, finalizando el tercer punto que en ella se incluye, se dice: “También es fundamental la bio-climatización de los centros públicos, para convertirlos en entornos seguros, saludables, verdes y sostenibles.”, y comenzado el siguiente: “En el ámbito educativo desarrollaremos un Plan contra el calor: “Centros educativos contra la crisis climática”. Sin duda alguna la lucha de los últimos años de la comunidad educativa en este terreno, especialmente en algunas comunidades autónomas, ha llevado a que sean compromisos para incluir en este acuerdo. No solo es imprescindible hacerlos realidad, además es urgente.
En el bloque 4, cuyo título es “Una España que avanza en nuevos derechos sociales para un mayor bienestar”, encontramos varios apartados. El dedicado a “Sanidad pública con más servicios y sin listas de espera”, finaliza con el siguiente compromiso: “Aprobaremos, en coordinación con las CCAA, una norma estatal para la mejora de la composición y calidad nutricional de los menús en los comedores escolares. La normativa, además, regulará la oferta en las máquinas de vending y puntos de venta en centros educativos para que sea saludable”. Importante medida, que puede dar respuesta a las reiteradas exigencias de la comunidad educativa para mejorar la legislación en este asunto, ya que no es extraño encontrarnos con noticias inaceptables sobre la alimentación de los menores, al contratar estos servicios a la baja -precio y calidad- en demasiadas ocasiones. No obstante, siendo una oportunidad para cambiar servicios para comer por verdaderos comedores escolares, habrá que empujar a nuestros gobernantes para que pasemos a modelos como el de otros países, que consideran este tiempo educativo y no meramente asistencial y de conciliación familiar.
El siguiente apartado de ese bloque 4 es el que nos interesa de forma completa, ya que es el dedicado a “Educación pública y de calidad para garantizar la igualdad de oportunidades”. No voy a reproducirlo en su totalidad, porque puede leerse aquí (páginas 26 a 28). Un poco más adelante me detendré en hacer algunos comentarios.
Por último, en el bloque 10, con la denominación de “Cultura para crecer en democracia”, encontramos varios compromisos: “Igualmente, impulsaremos nuevamente la Ley por la que se regulan las enseñanzas artísticas superiores y se establece la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales”; “Promoveremos un acuerdo entre los ámbitos institucionales de la cultura y la educación, para desarrollar estrategias y medidas recíprocas para ampliar la presencia del arte, la cultura y la creatividad tanto en la educación reglada como en la no formal.”; y “Promoveremos la educación física y el deporte entre toda la población, reforzando la educación física en la enseñanza educativa obligatoria para generar hábitos de vida contra el sedentarismo. Además, promoveremos la apertura de las instalaciones deportivas en los centros de enseñanza y polideportivos en tardes y fines de semana a través de la colaboración con ayuntamientos, clubes, federaciones deportivas y tercer sector.” Sobre los tres solo diré que estoy básicamente de acuerdo; quedaré pendiente de su concreción, porque de ello dependerá que realmente sean medidas significativas o meramente cosméticas.
Sobre el bloque de educación
A nadie extrañará que destaque que me parece adecuado e imprescindible que el primer compromiso de este bloque sea una apuesta por el reforzamiento de la educación pública y por aumentar la financiación pública del sistema educativo público hasta cumplir con el compromiso pendiente de llegar al 5% del PIB en inversión educativa. No será fácil porque hay demasiados gobiernos autonómicos trabajando, en ambos casos, en línea opuesta. De hecho, si no fuera así, la inversión del 5% ya se habría superado.
Comparto la necesidad del compromiso con la educación de 0 a 3 años, si bien se debe legislar mejor para que el aumento de plazas públicas sea una realidad, ya que hay lagunas por las que varios gobiernos autonómicos generan más privadas que públicas, y la mayoría de las públicas están realmente en manos privadas.
Apoyo la ampliación de ayudas para comedor escolar, pero apuesto por ir mucho más lejos, para convertir éste en obligatorio y gratuito, de manera que forme parte del horario y la actividad educativa. Bienvenida sea aumentar la disponibilidad de actividades extraescolares, pero es aún más urgente garantizar la gratuidad de las complementarias, por ser curriculares y teóricamente sujetas a gratuidad, pero que las familias siguen pagando. Y, por supuesto, los centros son edificios públicos antes que centros educativos, por lo que debe ponerse fin al cierre generalizado y forzado de estos cuando los docentes abandonan el centro al finalizar su horario; abrirlos es una demanda social y una exigencia de eficiencia en las inversiones de dinero público.
Ampliar la red pública de FP tiene mi respaldo, obviamente, pero ya hace tiempo que deberíamos haber abierto un debate social sobre lo que se entiende en este país por FP Dual. Su fracaso actual no parece que pueda ser resuelto con facilidad por la nueva legislación estatal sobre FP, aunque hay que darle tiempo, porque los despropósitos de algunas comunidades autónomas no se van a solucionar solo con publicar algo en el BOE.
Hablando de no extrañar, nadie que me conozca se sorprenderá si digo que no estoy de acuerdo con el incremento de la financiación de la escuela privada concertada, bajo la idea de combatir con ello la segregación escolar. Estoy de acuerdo en combatirla hasta eliminarla, pero éste no es el camino. Por mucho incremento que se haga en esa financiación, las cuotas que la escuela privada concertada niega cobrar -salvo cuando argumentan que lo tienen que hacer porque la financiación pública no es suficiente- seguirán existiendo porque en realidad su presencia no está basada en una insuficiencia real de medios, sino en mantener una barrera económica para seleccionar a su alumnado, actuación que respaldan buena parte de las familias que eligen esos centros y por ello asumen las cuotas como parte del juego. Quiero ignorar, eso sí, cuál de los dos firmantes del acuerdo -PSOE o SUMAR- se encuentra menos cómodo con este punto, pero estoy convencido de que, en realidad, es un guiño a la derecha nacionalista cuyos votos son necesarios, la cual demanda esto en cada ocasión que puede hacerlo. Es decir, aunque en sus internos haya quienes apuesten por la escuela privada concertada, es más una concesión a terceros que otra cosa. En este asunto, habrá que trabajar para que sirva en la erradicación de la segregación y las cuotas. Esperemos no volver a constatar una cierta ingenuidad de la izquierda.
Completamente de acuerdo en: educar en la tolerancia y el laicismo; mantener que no computen las notas de religión; tener tolerancia cero frente al acoso; reforzar el currículo en convivencia, respeto a la diversidad y resolución pacífica de conflictos; rechazar cualquier tipo de discriminación; combatir el acoso y la violencia en todas sus manifestaciones; recuperar el Observatorio Estatal para la Convivencia; garantizar -no solo mejorar- la gratuidad de los libros de texto y todo el material escolar; la bajada de ratios; aumentar la atención personalizada del alumnado; mejorar las condiciones profesionales del profesorado -siendo muy buenas comparadas con otros sectores, siempre son mejorables-; aumentar las becas universitarias y reducir las tasas para alcanzar la gratuidad en las universidades públicas; acelerar los trámites para la tramitación y pago de las becas; y seguir avanzando en la reducción de la precariedad y temporalidad del personal educativo, universitario y no universitario.
Como conclusión: ¿Merece el acuerdo ser apoyado?
Desde que se dio a conocer el acuerdo nos hemos encontrado con variadas posiciones. En el ámbito educativo hay de todo, aunque por el nivel de ruido de otros temas que ocupan los titulares de los medios, la parte educativa del acuerdo ha pasado bastante desapercibida. En todo caso, como siempre ante cualquier documento, hay quienes leen haciendo un análisis crítico de lo que contiene y otras personas prefieren hacerlo al revés, buscando todo lo que no dice. Soy de los que piensa que ambas cosas deben hacerse, pero el respaldo debe decidirse, en mi opinión, más pensando en lo que incluye que en lo ausente, porque esto último no se niega por no estar recogido de forma expresa. Es más, cuando se busca un acuerdo siempre hay que dejar cuestiones a un lado que, por las discrepancias, pueden hacer fracasar el intento.
Reconozco que no me gusta el enfoque del incremento de la financiación de la escuela privada concertada -concertada sostenida con fondos públicos como alguien plasmó erróneamente en el texto-, pero esto no me hará pensar que el acuerdo, globalmente considerado, no sea tremendamente positivo. Sí, también soy de los que hubieran querido un texto más ambicioso en el terreno educativo y con más medidas que no hubieran sido ya puestas antes encima de la mesa, pero debemos ser conscientes de que estamos ante un acuerdo entre dos formaciones políticas diferentes que, además, debe necesariamente incluir guiños y excluir temas que hagan posible la imprescindible investidura de un gobierno de izquierdas.
Y, por supuesto, no debemos olvidar que el fracaso en el acuerdo nos podría llevar a un escenario donde no solo se incrementaría la financiación a la privada concertada sin nada a cambio, sino que el resto de las medidas no verían la luz -al menos no en el mismo sentido-, y que tendríamos un dúo político muy nocivo para la educación en general y la educación pública en particular y de forma muy especial. Ya lo ha demostrado la derecha cada vez que ha gobernado.
Por tanto, no será el acuerdo perfecto -ninguno lo es-, pero si es el acuerdo que permitirá progresar y mejorar nuestro presente y futuro educativo y social, bienvenido sea.
