Chile se convirtió en uno de los países pioneros en aplicar una ley para regular el acoso, la violencia y la discriminación de género en las universidades y centros de educación superior. Su propuesta, empujada por una ola de protestas del movimiento feminista estudiantil que paralizó prácticamente todas las universidades del país en 2018, es observada de cerca por países que quieren acabar con las violencias de género en el ámbito educativo. Desde el Gobierno chileno, como asesora legislativa y de género en la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación, la abogada Irune Martínez ha sido una de las encargadas de hacer seguimiento de la puesta en marcha de esta nueva norma, que cumple dos años de funcionamiento.
¿Cómo nace la ley que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior en Chile?
Surge luego de un proceso previo y bastante largo de sensibilización y conciencia en la educación superior en el que fueron gestando organizaciones estudiantiles feministas, se construyeron secretarías de sexualidad y género, y los primeros protocolos, que se crearon alrededor de 2015. En ese desarrollo de mayor conciencia se va gestando un movimiento que luego estalla en el mayo feminista de 2018, con movilizaciones muy masivas a lo largo de todo el país y paralizaciones de las universidades por parte de estudiantes, académicas, directivas y trabajadoras de la educación superior en torno al problema de la violencia de género y el acoso sexual. Se fue gestando la necesidad de hacerse cargo de forma institucional de este problema y se va construyendo la idea de crear esta nueva legislación, que luego se dicta el 2021.
La ley se basa en dos ejes, la prevención y la investigación. ¿En qué se enfoca cada uno?
La norma exige que las instituciones en educación superior construyan políticas integrales para abordar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género y estas políticas tienen que contener dos modelos: uno de prevención, que incluye medidas en sensibilización, capacitación, formación, difusión y una estrategia de comunicación, entre otras dimensiones pensadas para actuar antes de que los hechos de violencia ocurran; y otro modelo de investigación, sanción, protección y reparación de las víctimas pensado para reaccionar de forma institucional y efectiva a los hechos de violencia. Este último contempla protocolos y procedimientos especiales de acompañamiento social, psicológico y jurídico a las personas afectadas.
La violencia de género como un problema estructural y general que atraviesa los distintos espacios de la sociedad y, en particular, el educativo
¿La violencia que ocurre en las instituciones de educación superior es una violencia específica?
La violencia de género como un problema estructural y general que atraviesa los distintos espacios de la sociedad se manifiesta de formas específicas en cada uno de ellos y, en particular, en el educativo. No solamente por la forma en la que se reproduce, que tiene que ver con las jerarquías docente-estudiante o dentro las carreras académicas, sino también porque los espacios educativos generan condiciones para que esas formas de violencia puedan proliferar, por lo tanto, requiere hacerse cargo de forma específica. Esta ley tiene la particularidad de que se extiende a los espacios donde se pueden desarrollar las violencias más allá del aula o del edificio de la universidad: se aplica también donde se desarrollan actividades educativas porque tenemos, por ejemplo, actividades en terreno, tenemos actividades extraprogramáticas y en el ámbito virtual.
¿Qué importancia tiene la participación de todos los estamentos en la elaboración de estos protocolos universitarios?
La ley exige que no solamente en los protocolos, sino que en las políticas en general, los diagnósticos, las medidas que se van a implementar, la evaluación y el monitoreo sean realizados de forma participativa en dos sentidos. En primer lugar, que exista una participación equilibrada de todos los estamentos, es decir, como lo expresamos en Chile, que sea construido de forma triestamental (estudiantes, docentes y trabajadores del centro). Y lo segundo, que sean construidos con paridad de género. Es de las primeras normativas en nuestro país que incorpora esa exigencia y eso permite que exista una representación efectiva de quienes están viviendo las distintas formas de violencia en todos los niveles.
¿La ley lleva dos años de implementación, cómo la evalúan hasta ahora?
En términos generales, es una implementación buena y rápida: más del 95% de las instituciones reportan haber creado las políticas. En lo que se va un poco más lento, pero todos los centros están por sobre el 70%, es en la implementación del modelo de prevención, precisamente porque es un modelo más complejo de instalar. No nos sorprende que ese sea un punto que vaya a exigir mayor acompañamiento y apoyo del sistema. Además, siempre es necesario revisar la forma práctica en la que se está implementando y, en eso, lo que hemos evaluado es que el sistema ha actuado bastante rápido en empezar la implementación, considerando que es exigente porque se pide al primer año crear las políticas y el segundo evaluarlas. Ha sido particularmente difícil para las instituciones de educación superior técnico profesional, que eran más nuevas en eso.
Chile hoy tiene cinco rectoras al frente de un total de 18 universidades estatales. ¿Cómo han vivido las docentes y académicas, que en su mayoría pertenecen a una generación más alejada de las formas como se impulsó este movimiento, la instalación de la ley?
Todavía hay muchísimas resistencias en el campo académico y eso hace que se dificulten estos procesos. Todavía hay brechas y se reproducen ciertas formas de violencia, sobre todo en el ingreso y la permanencia en la carrera académica, más que en formas específicas de violencia como el acoso. Ha sido más complejo para las académicas denunciar que para las estudiantes, quienes le dieron una organización mayor a eso. Otros problemas se evidencian en la productividad, la conciliación y la corresponsabilidad, que son condicionantes y facilitan que se reproduzcan formas específicas de violencia.
El 65% de las universidades estatales han declarado que no tenían un diagnóstico específico para el colectivo LGTBIQ+
Además de estos, ¿qué otros obstáculos se encontraron?
Los resultados preliminares de un estudio de políticas de inclusión de comunidades LGTBIQ+ muestran que hay un bajo nivel de diagnóstico específico para esa comunidad. El 65% de las universidades estatales han declarado que no tenían un diagnóstico específico para ese colectivo, lo cual es preocupante para un abordaje más interseccional de la violencia en la educación superior. Lo otro que hemos observado es que existe un problema conceptual para la academia en general sobre qué se entiende por género. Cuando se realizan revisiones que pretenden ser más interseccionales, la perspectiva de género se entiende vinculada a la mujer, pero la comunidad LGTBIQ+ no se siente involucrada en esas políticas. Ahí se evidencia un problema y un sesgo de cómo se ha ido comprendiendo el concepto. Nos pone una exigencia de observar de una forma más amplia y comprensiva la discriminación de género, las violencias y las formas de opresión de género y división sexual que se reproducen en los ámbitos educativos.
¿Chile es pionero en esta ley?
Chile es pionero en esta legislación primero, porque hay muy pocos países en el mundo que tienen legislación en violencia de género en educación superior. Es una ley muy robusta que viene precedida por el mayo feminista. Además, es la única ley a nivel internacional que exige la incorporación de estas políticas para la acreditación oficial de los centros de educación superior. Es decir, la Comisión Nacional de Acreditación exige unos criterios específicos (vinculados a la nueva regulación). Es la única ley en el mundo que pone una exigibilidad alta a las instituciones para cumplir con la regulación. Les exige que observen dentro de su institución cómo se reproduce la violencia, que realicen un diagnóstico, que monitoreen ese diagnóstico, que lo evalúen, que evalúen las acciones implementadas, y que luego las ajusten.
¿Qué referencias internacionales tomaron para elaborar esa legislación?
Lo que más se utilizaron fueron las leyes marco de violencia integral de España, otros países de Europa y, en Latinoamérica, de Argentina.
Chile subió 20 puntos en 2022 en el ranking sobre brecha de género del Foro Económico Mundial. ¿Cuánto tuvo que ver esa nueva ley?
Chile pasó del puesto 47 al 27 en el ranking y sí tiene que ver con la educación, que es de los indicadores que más puntuación tiene por acortar brecha en educación, pero también tiene que ver, muy fuertemente, con la incorporación de mujeres en puestos de poder político y el esfuerzo que ha hecho el Gobierno (de Gabriel Boric) por tener un gabinete paritario y asesoras de género en cada una de las subdivisiones gubernamentales.
