Hace unas semanas, la Cominudad de Madrid emitió una Resolución para reordenar la organización de las aulas TEA en centros de atención preferente a alumnado del espectro autista. La primera legislación sobre estas aulas tenía casi dos décadas, de manera que estaba más que justificada esta renovación.
Lo que pilló a propios y extraños con el pie cambiado es que esta resolución se aprobase sin tener en cuenta a los equipos de orientación o de atención temprana que atienen al alumnado y emiten los informes que les abren la puerta o no a este tipo de escolarización ni a las familias y a las asociaciones y federaciones en las que se reúnen desde hace años. A estas últimas sí las reunieron, pero después de haber publicado la nueva normativa.
Las voces de alarma surgieron al leer que se abre la posibilidad de un aumento de la ratio de estas aulas, desde las y los cinco estudiantes actuales hasta los siete posibles, siempre y cuando se cumplan determinadas circunstancias. La Comunidad de Madrid, que hasta el momento no ha dado respuesta a las preguntas planteadas por este medio, y según cuentan representantes de las asociaciones de familias y de los equipos de orientación, se escuda principalmente en las familias que tiene dos hijos diagnosticados TEA, para que si el aula en cuestión ya está llena, no tengan que ir cada uno a un centro educativo.
«Nos ha faltado que se sienten con las entidades, tal vez no nosotras, que somos pequeñas», explica Ana Vidal, coordinadora de ProTGD. Asegura que a posteriori sí se reunieron con Plena Inclusión Madrid, como confirman fuentes de esta misma federación, que fueron acompañados a la reunión por una representación del CERMI Madrid porque «entendíamos que tenían que estar informados del tema».
Desde Plena inclusión Madrid emitieron en su momento un comunicado en el que aseguraban, en relación al aumento de las ratios, que “la elección de las familias de personas con trastornos del desarrollo no puede estar condicionada por la carencia de recursos humanos, económicos y formativos necesarios para prestar una educación de calidad en el entorno educativo ordinario”, en palabras del presidente de la organización, Tomás A. Sancho.
30 % de tiempo sin apoyos
Pero siento el posible aumento de las ratios un tema que preocupa a especialistas y familias, han quedado más en la sombra otras cuestiones, a los ojos de Agustín Alcocer, orientador en la Comunidad de Madrid. Las sospechas de muchas personas vinculadas con el alumnado TEA en Madrid es que se puede estar produciendo un trasvase de estudiantes desde los centros preferentes hacia la educación especial.
El proceso sería, como suele ser habitual con diferentes enseñanzas en la Comunidad, por la falta de plazas y recursos necesarios. En este caso, para que un niños o una niña tenga acceso a un aula TEA de un centro de atención preferente se le está exigiendo que pueda pasar, al menos, el 30 % de la jornada lectiva en su aula ordinaria de referencia sin ningún tipo de apoyo especial. El alumnado TEA habitualmente, en los centros preferentes, cuenta con un AL o PT en su aula, al tiempo que hay un TIS (Técnico de integración social). Si el informe del equipo de orientación no puede garantizar este 30 % de tiempo sin necesidad de atención especializada, solo le quedarán dos opciones a la familia: un centro ordinario con apoyos (pero nunca tantos como en un centro preferente) o un centro de educación especial.
Vidal, desde ProTGD, asegura que en Madrid los centros de educación especial preferentes para alumnado TEA son, todos, privados o concertados, no existe ninguno público.
Para Alcocer, que un niño con TEA esté solo el 30 % de la jornada en su aula de referencia es posible, pero no desde el principio de su escolarización con tres años. «Esto puede pasar al final de la primaria y en secundaria pero, ¿con 3 años? Tiene que estar en la ordinaria, pero con el TIS», asegura, más allá del PT o el AL de su aula específica.
Este especialista cree que así se pone un filtro hacia la educación especial, pero desde su punto de vista «estaríamos contra la norma general», entre la que habla incluso de la Ley Maestra aprobada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la anterior legislatura.
El problema que le encuentra Alcocer es el hecho de que este filtro suponga que se deriva a la educación especial incluso antes de que la ordinaria o la ordinaria preferente hayan podido actuar, antes de que la Administración educativa haya puesto los recursos materiales y humanos necesarios para atender, bajo el paraguas de la inclusión, a sus hijos e hijas. «Es un paso hacia atrás. Estas aulas se concibieron para caminar hacia la inclusión, para que pudieran estar en contextos más normalizados», comenta.
«Madrid aboga por un modelo que se aleja un poco del modelo inclusivo», asegura Ana Vidal aunque, dice, Educación «no puede explicitar que realmente los alumnos van a derivarse a educación especial». Por su experiencia y las consultas que reciben entre febrero y abril, cuando se producen los periodos de escolarización, «están dificultando que las familias puedan elegir el modelo de educación que quieren». Con los informes que piden y los recursos que ofrecen a las familias estas, al final, «aunque no quieran o vaya contra sus principios», comenta, terminan en educación especial porque «el modelo sí responde».
Pero, ¿quién decide?
Madrid tiene una serie de servicios de atención temprana y orientación que se encargan de redactar los informes en los que se solicitan determinadas vías de escolarización, se explican los casos y se ponen sobre la mesa los recursos que necesita cada estudiante para estar en un centro ordinario o de atención preferente de alumnado TEA. O, incluso, de educación especial.
Estos informes los envían los equipos a la direcciones de Área Territorial (DAT) y estas los elevan a la CTI, Comisión Técnica Interterritorial. Esta Comisión, está formada por el director General de Educación Infantil, Primaria y Especial o alguien en quien delegue. Además, habrá dos representantes de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y
Especial designados por su titular, un representante de la Dirección General de Educación Concertada, Becas y
Ayudas al Estudio y un representante del Servicio de la Unidad de Programas Educativos de cada
Dirección de Área Territorial con la especialidad de Orientación Educativa. Según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, además, «la comisión recabará información del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico», si lo considerase necesario.
La CTI toma la decisión, pues, de quién entra y quién no en las aulas TEA de centros de atención preferente, comunicando, en cada caso si el informe resulta favorable o desfavorable. «Los criterios no son muy claros para la toma de esta decisión», explica Alcocer.
Ana Vidal explica que, según les han contado diferentes equipos de orientación, estos están intentando presionar, dado que a pesar de que ellos emiten informes favorables, muchos niños y niñas se quedan fuera de los centros de atención preferente por la decisión del CTI. «Tiran por tierra el trabajo de los orientadores que conocen a los niños con los que trabajan cada día», explica.
Tanto Alcocer como Vidal hablan de altos porcentajes de rechazo por parte del CTI. Desde la Consejería de Educación no contestan a las preguntas sobre cuál es el volumen de menores que, a pesar de tener un informe positivo son rechazados. Vidal asegura que han hecho encuestas entre las familias de Leganés y Móstoles (localidades del sur de Madrid) y que en algunos centros, esos rechazos llegan a ser más de la mitad de las solicitudes presentadas.
El problema lo pinta claro Ana Vidal: «Como orientadora determino que alumno necesita apoyos y tú no se los das ¿dónde acaba? En educación especial». Insiste, para los «alumnos con autismo en particular, si desde los 3 a 6 años no tienen los apoyos que necesitan, su evolución va a ser mucho peor que si los tienen». Unos apoyos que, según la legislación nacional y autonómica, debe garantizar la Administración educativa.
Ratios
La resolución de la Comunidad abre la puerta, en cierta manera discrecional para las direcciones, de aumentar la ratio de cinco a siete alumnos en las aulas específica. Para Vidal se trata de un paso atrás que les retrotrae al año 2015, en el que las asociaciones del sector, empujadas por las familias, tuvieron que movilizarse precisamente por la misma subida de las ratios.
Para Alcocer, algunos supuestos para esta subida tienen sentido, como es el caso de que en una misma familia dos hijos necesiten atención en un aula preferente. Existen casos así y este orientador asegura, con un criterio similar al de la Administración, que ambos estén escolarizados en el mismo centro educativo. Si en este su aula está a cinco ya, podría subirse un poco más la ratio.
Eso sí, también asegura que depende del tipo de alumnado que tengas en ese aula porque, si como está previsto, los cinco necesitan «apoyos extensos y especializados», explica, como suele ser lo habitual, subir a siete puede ser un problema. La explicación de que exista el perfil de TIS es precisamente por los apoyos extensos, que van más allá del aula y se producen en el patio durante el recreo, en el comedor, en los acompañamientos por el centro, en las salidas al exterior…
Aunque, asegura, «si hacemos el filtro con niños sin mucho apoyo, claro que puede atender» a esos siete. Y he aquí donde engancha con el requisito de que puedan estar un 30 % de la jornada en el aula ordinaria de referencia sin ningún tipo de apoyo. Ahora bien, «si necesitan más apoyos, será complicado». Explica este orientador, además, que en los centros de educación especial la ratio por aula, en el caso del alumnado TEA es, precisamente, de cinco.
Ana Vidal critica que el proyecto de las aulas TEA lleve siendo piloto desde sus inicios, hace un par de décadas. Y también este paso atrás hacia ratios elevadas. «En 2014 y 2015 llegamos a tener 7 y 8 alumnos, con el perjuicio a la calidad educativa que eso supone».
Fue entonces cuando se creó una plataforma para luchar porque hubiera cinco niños por aula como máximo. Se hicieron escritos y manifestaciones. La presión fue la suficiente como para conseguir un objetivo que casi una década después vuelve a la casilla de salida.
Preguntada por la posibilidad de volver a una situación de movilización similar, Vidal asegura que eso dependerá de las familias que son, al fin y al cabo, las que sostienen a las asociaciones y federaciones que trabajan en este sector.
