Una “escuela concertada inclusiva” o cómo vender la moto del elitismo y la segregación

Recientemente se ha hecho público el informe “Por una escuela concertada inclusiva” de la ONG Save the Children. Save the Children viene realizando una extraordinaria labor en pro de los derechos de la infancia que se traduce, en el ámbito educativo, en la defensa del derecho a una educación de calidad, inclusiva, equitativa y no segregadora para todos los niños y niñas, sea cual sea su origen o condición. Su trabajo, pues, avala su compromiso con la situación de los niños y las niñas. Por eso, ha despertado mucho interés este informe.

Save the Children apuesta por un aumento del módulo de conciertos como parte de la lucha contra la segregación

El informe elaborado por Save the Children presenta datos muy relevantes. Así, constata que los conciertos educativos son un extraordinario factor de segregación social y educativa. Tal y como se señala en el informe, España es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que más segrega al alumnado entre escuela pública y concertada según su situación socioeconómica. Un 21% de la segregación escolar en España ―medida por las diferencias socioeconómicas entre escuelas― “se explica por la desigual composición socioeconómica entre escuelas concertadas y públicas”. Dicho porcentaje hace del país “un caso desafortunadamente único”, señala Save the Children, ya que dicha proporción “raramente llega al 10% en otros sistemas educativos”.
También se ha destacado que el coste de las escuelas concertadas en España es «inasumible» para las familias con menos recursos, según la ONG. Una familia con dos hijos y unos ingresos anuales de unos 9.100 euros tendría que dedicar casi un 26% de sus ingresos a la escuela concertada, teniendo en cuenta el pago de unas cuotas mensuales de unos 100 euros.

Esto se produce, porque, como señala el documento, una mayoría de las escuelas concertadas en España cobra a las familias “cuotas básicas”. Según el “Estudio de Cuotas y Precios de Colegios Concertados” del curso 2023-2024 que llevó a cabo Garlic B2B, hasta un 87% de las escuelas concertadas cobran una cuota base, con cuotas mensuales promedio en Catalunya de 215€, en la Comunidad de Madrid de 129€ y en Euskadi de 100€. Un estudio reciente de EsadeEcPol, ha estimado un porcentaje similar de alumnado en centros concertados que paga cuotas (alrededor de un 80% en la educación obligatoria).

Save the Children, además, apunta que no existe brecha en el rendimiento académico entre la enseñanza pública y la concertada. Es decir, que los resultados son similares en ambos tipos de centro y que no puede apreciarse que la segregación escolar que se produce venga acompañada de una mayor calidad expresada en la mejora de los aprendizajes del alumnado.

Por otra parte, el informe afirma que el porcentaje de alumnado escolarizado según la titularidad de los centros (públicos o concertados) se mantiene estable en el tiempo. Esto es algo que puede comprobarse acudiendo al Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2024, publicado por el Ministerio de Educación. Es cierto que los porcentajes están estabilizados en las enseñanzas obligatorias, pero hay una tendencia al incremento de escolarización concertada en la Educación Infantil, la Secundaria Postobligatoria, en la Formación Profesional y, sobre todo, hay un dato significativo: el porcentaje de alumnado extranjero escolarizado en los centros privados es la mitad que el porcentaje escolarizado en los centros públicos. El informe dice, así mismo, que los centros mantienen algunos criterios de admisión que perjudican al alumnado vulnerable en favor de otro tipo de alumnado. En definitiva, el escenario está preparado para que la escuela pública se haga cargo de ese alumnado vulnerable.

Por otra parte, pese a la insistencia en relacionar la enseñanza concertada con el derecho a la libertad de elección (suponemos que de centro), la escuela concertada predominante en nuestro país son los centros de órdenes y congregaciones católicas (63% según sus propios informes) y no son, precisamente las creencias religiosas las que determinan la escolarización: Los medios de comunicación se han hecho eco de la opinión de Alfonso Echazarra, investigador que forma parte del equipo autor de este informe: «La escuela concertada no prolifera donde existen familias más religiosas, sino donde estas tienen suficiente capacidad financiera para pagar las cuotas que la mayoría de las concertadas necesitan para ofrecer servicios educativos de una calidad equivalente a las escuelas públicas». Es decir, acudiendo a la escuela concertada, las familias se garantizan que sus hijos e hijas estén lejos del alumnado más diverso y vulnerable y se escolaricen en aquellos centros en donde se concentran la clase social a la que aspiran a llegar.

Todo esto que se recoge en el informe debería escandalizarnos: la Constitución garantiza la gratuidad de la educación obligatoria y la realidad del sistema de conciertos va en contra de este mandato; la equidad y la inclusión educativa, principios rectores de nuestro sistema educativo, en consonancia con los derechos de la infancia, se ven pisoteados.

Sin embargo, las propuestas del informe no van en ese sentido: parten de la aceptación de este modelo y ofrecen medidas para maquillarlo. Parece como si el equipo autor del mismo se instalara en una lógica de mercado, por decirlo de una manera suave, siguiendo la estela que ya han asumido en Cataluña y el País Vasco donde justifican “pagar más a quien segrega” (los centros concertados) para que segreguen un poco menos, con propuestas eufemísticamente denominadas “pactos contra la segregación educativa”.

No se hace hincapié en que se cumpla ya el derecho a la gratuidad establecido en el artículo 27 de la Constitución, ni que se haga efectiva, de inmediato, la prohibición de lo que se denomina cobro de cuotas básicas, tal y como prescribe una ley orgánica ­—la Lomloe— o el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos. Si se cobra por recibir educación obligatoria estamos ante una vulneración de un derecho constitucional, nada menos. No hay ninguna llamada a las Administraciones Educativas para que, mediante una acción efectiva, inspeccionen estos cobros y sancionen a quienes se lucran —el carácter lucrativo de nuestra enseñanza concertada sí es resaltado en el documento— con estas actuaciones. Por el contrario, lo que se propone es recetar más educación concertada, más privatización de la educación.

Hay una insistencia en el informe en garantizar una pretendida libertad de elección de centro. Sorprende que una ONG que trabaja tanto por la igualdad como derecho educativo confunda el derecho a la libertad en la educación con un inexistente derecho constitucional de las familias a la libre elección de centro público o concertado. Si acudimos al artículo 27 de la Constitución veremos que se garantiza el derecho de “los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, no aparece allí el derecho a la libre elección de centro.

El segundo principio que articula las propuestas en el Informe de Save the Children es el de aumentar la financiación de la enseñanza concertada. Así se expresa: “lo más urgente es la actualización de los módulos económicos de los conciertos”. Dice que la medida “más realista es la mejora del actual sistema de conciertos y la actualización de sus módulos económicos por unidad escolar”. ¿Pagar porque segreguen un poco menos, en vez de exigirles que no segreguen y suspender de forma inmediata cualquier concierto con un centro que segregue? Es como si nos propusieran que se pagara a los maltratadores para que pegaran un poco menos a las maltratadas, valga el ejemplo.

Y justifica este objetivo diciendo que en él “coinciden prácticamente todos los actores políticos relevantes”. Incluso se citan algunos acuerdos para fomentar la escolarización concertada como el del PNV y EH Bildu. Es cierto que hay una deriva muy importante en el fomento de la privatización de la educación y el menosprecio de la escuela pública que está calando, incluso, en fuerzas supuestamente de izquierdas, pero existen actores sociales que defienden a la escuela pública y no están de acuerdo con aumentar la financiación a intereses privados educativos. Ahí están asociaciones de familiares, sindicatos, movimientos de renovación pedagógica, organizaciones ciudadanas, investigadores e investigadoras… Quizás el autor del informe no les otorgue ninguna relevancia, pero ahí están, aún en pie.

El informe propone acabar con el concepto de escuela pública y sustituirlo, en buena lógica neoliberal, por centros que prestan el servicio público de la educación: “A todos los efectos, las distintas comunidades autónomas deberían tratar a la escuela concertada y pública formando parte de una única red de centros educativos que, conjuntamente, garanticen la prestación del servicio público de la educación”. Este es el modelo que han comprado los sectores neoliberales con el eufemismo gestión público-privada, donde la educación se convierte en un objeto de prestación económica (en un negocio) que puede ser ofertado como si fuera la concesión de un servicio de taxis, por ejemplo. Pero la educación es un derecho básico que la comunidad social, a través de sus instituciones de titularidad y gestión pública, debe garantizar en igualdad a toda su ciudadanía. No un producto de consumo, que se ofrece como una mercancía más. La escuela no es una empresa.

Esa lógica neoliberal se extiende a otras propuestas de profundo corte neoliberal que plantea el autor del informe: extensión de la financiación pública “a todas las etapas no obligatorias impartidas por los centros concertados, lo que incluye la primera etapa de infantil, el bachillerato y los ciclos formativos de grado medio” (que es el modelo de privatización por excelencia de la Comunidad de Madrid y que han convertido la educación en un nicho de negocio donde están desembarcando los fondos buitre), implantación de la “mochila escolar”¹, puesta en marcha por Departament d´Educaciò en Catalunya (pagar para que no te segreguen: un cheque de dinero público que presentas para que te admitan en un concertado), abrir la posibilidad de que el alumnado que asiste a escuelas concertadas obtenga becas para cubrir el coste del uniforme escolar (símbolo de marca y emblema de distinción y pertenencia a un estatus), centralizar la gestión de los expedientes y del proceso de admisión en las consejerías de educación —una función más para órganos desbordados por los trámites burocráticos—, seguir manteniendo como criterio de admisión la exigencia de acreditar un nivel de lengua extranjera mínimo para los centros educativos de secundaria bilingües (sabiendo que el bilingüismo es otro factor clave de segregación escolar, ya suficientemente documentado), por entender que los beneficios de este criterio compensa su potencial excluyente.

El informe oculta realidades sustanciales que contribuyen a la segregación promovida por el sistema de conciertos. Por ejemplo, en los últimos años el gasto en educación concertada ha subido considerablemente, a diferencia de la inversión en la escuela pública: el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2024 dice que el porcentaje del PIB destinado a la educación ha pasado en diez años (2012-2022) de un 4,51% a un 4,71% (una subida del 4,43% en dicho porcentaje). Mientras que el gasto de las Administraciones educativas dedicado a la enseñanza concertada ha pasado de 5.779,1 millones de euros en 2011 a 7.426,4 millones de euros en el 2021, incrementándose, por tanto, en 1.647,3 millones de euros, lo que representa una subida de un 28,5%, una subida escandalosa.

El informe además no hace referencia a factores de segregación por parte de los centros escolares concertados, solo a criterios formales de admisión del alumnado. La realidad, sin embargo, es que es más frecuente, en el caso de la enseñanza concertada, que sea el centro el que elija el alumnado. Existen múltiples fórmulas que forman parte del “currículo oculto de la segregación”: en Primaria el número de alumnado por clase es de 20 en los centros públicos y de 23,1 en los privados (Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2024), lo que hace que, en muchas ocasiones, cuando se incorpora el alumnado de escolarización tardía no tenga plaza en la concertada y se escolarice en la pública, o se recomiende al alumnado con dificultades que acuda a un centro público pues allí les dicen “tienen más apoyos” o se implanten los llamados programas de bilingüismo con la intención soterrada de que no acceda el alumnado vulnerable por no tener conocimientos de idioma.

Y, esto es más importante, no hay ninguna referencia a la situación de la escuela pública —que también tiene dentro y fuera sus fuerzas privatizadoras, como vemos por este informe—, la situación de insuficiente financiación por la que atraviesa—, no se dice que muchas administraciones educativas han utilizado todos los recursos a su alcance para reducir la implantación de la escuela pública, en beneficio del negocio privado de la educación, que son reducidos los centros privados concertados que tienen un enfoque social y más los que aprovechan parcelas regaladas y fondos públicos a través de los conciertos para aumentar los beneficios de sus empresas titulares.

La realidad es que la escuela concertada ha servido para hacer efectiva una victoria arrolladora del elitismo, tal y como afirma el sociólogo César Rendueles. La red privada-concertada ha pasado de ser un mecanismo de protección de los privilegios educativos de una pequeña élite para convertirse en un proyecto de socialización conservadora y meritocrática. Por eso, hoy la escuela pública, de titularidad y gestión pública, es más necesaria que nunca. La escuela pública es un pilar de la democracia y de la cohesión social y deberíamos esforzarnos, como comunidad, en combatir sus defectos, compensar sus mermas. Esa escuela, la escuela pública de tod@s y para tod@s que puede leerse en las camisetas que pueblan las manifestaciones que la defienden, no ha existido del todo nunca. Esa escuela, hoy, también conoce situaciones de exclusión. Sin embargo, tiene un valor ético incuestionable, pues se inspira en el bien común, en el interés colectivo que nos estructura como sociedad.

Necesitamos sacudirnos este mal sueño y conseguir que una mayoría social vuelva a tener la seguridad de que una educación compartida y que no deja a nadie atrás es el mejor legado que puede ofrecer a sus hijos e hijas. Esperamos a Save the Children en esa lucha y que reconsidere este informe que es contrario a los planteamientos de la educación como derecho social básico y bien común, que solo es garantizada por la educación pública.

¹ Aclaremos que las “mochilas” consisten en unos fondos adicionales, aportados por las administraciones públicas, que reciben los centros que escolarizan al alumnado vulnerable (según el informe, en el curso 2023-24 las escuelas públicas percibían 385€ anualmente por cada alumno/a vulnerable matriculado, mientras que las concertadas percibían 988€).