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En Granada, la Fiscalía y la Policía investigan dos casos consecutivos de agresiones sexuales en un colegio público. El primero, ocurrido en diciembre, implica a dos niños de 5º o 6º de Primaria como presuntos agresores de una compañera mucho menor. Apenas unos días después, se reportó un segundo incidente en el mismo centro, lo que ha desatado críticas por la falta de prevención y control en el entorno escolar.
Casos similares se han registrado en otras provincias. En Bizkaia, aunque las cifras se concentran en años anteriores, se han denunciado recientemente agresiones sexuales en centros de protección de menores. En estos espacios, que deberían funcionar como refugios seguros, la violencia se perpetúa, dejando en evidencia fallos sistémicos.
La violencia sexual contra menores en España sigue al alza en 2023, con cifras que muestran una preocupante escalada tanto en el número de víctimas como en los agresores identificados, que incluyen tanto adultos responsables de su educación y cuidado como menores de edad. Los casos más recientes evidencian que, lejos de reducirse, el problema afecta especialmente a entornos que deberían ser seguros, como colegios y centros de protección de menores.
Según datos de la Fundación ANAR, entre 2019 y 2023, el número de niños y niñas atendidos por violencia sexual aumentó un 55%, alcanzando las 4.522 víctimas. En el año 2023, el Ministerio del Interior registró 22.000 denuncias de violencia sexual, el 42% de ellas hacia menores de edad, con una mayoría de víctimas femeninas, entre el 75 y el 85 %. Clara Buriel, especialista política en el área de protección frente a la violencia en Save the Children, advierte: “Los casos de abuso sexual infantil no se denuncian de manera que la cifra oficial es solo la punta del iceberg. Es una realidad oculta”.
Buriel subraya también la importancia de no caer en alarmismos: “Es preocupante, como cualquier caso de violencia contra la infancia, pero hay que evitar el alarmismo en relación a un aumento de las denuncias, ya que no tiene por qué llevar aparejado un aumento de la violencia sexual contra la infancia en sí misma”. En este contexto, Save the Children insiste en que la clave está en la prevención, a través de la educación afectivo-sexual desde edades tempranas. Según Buriel, esta medida es esencial no solo para que las niñas y los niños aprendan a identificar y denunciar conductas inapropiadas, sino también para prevenir que se conviertan en agresores en el futuro.
Adultos agresores
La implicación de adultos, especialmente docentes y profesionales en contacto directo con menores, ha sacudido la opinión pública en los últimos meses. En Valencia, un profesor de Educación Física de un colegio concertado de l’Horta Nord fue detenido en diciembre tras ser denunciado por abusos a dos alumnas menores. En Barcelona, un profesor del colegio privado Maristes Sants-Les Corts fue arrestado en septiembre por una agresión sexual a una exalumna, lo que ha reavivado el debate sobre la supervisión y las medidas de prevención en los centros educativos.
En la Comunidad de Madrid, la situación no es mejor. En octubre, un profesor del colegio privado Green Stone de Torrelodones fue enviado a prisión provisional acusado de abusar de al menos tres niños de educación infantil. Mientras tanto, en Lugo, un profesor de Música fue acusado en mayo de agresiones sexuales continuadas a ocho menores de entre 8 y 10 años, lo que también le costó la prisión provisional.
Buriel, de Save the Children, destaca que medidas como el certificado de antecedentes penales por delitos sexuales son útiles, pero insuficientes. “La mayoría de los agresores en realidad no tienen antecedentes. Sin restar importancia a este requisito, se hacen necesarias otras medidas, como la formación de las personas adultas en detección de casos y la creación de entornos seguros con protocolos de salvaguarda”.
Menores como victimarios
Por otro lado, la participación de menores como victimarios también crece. En 2023 el Ministerio del Interior recogió en su informe que 1.220 casos de violencia sexual fueron protagonizados por jóvenes de entre 14 y 17 años.
Por otro lado, la participación de menores como victimarios también crece. Expertos y organizaciones como la Fundación ANAR apuntan a factores como el acceso sin control a contenidos inapropiados en Internet y la falta de educación afectivo-sexual como elementos que propician este tipo de conductas.
En Granada, la Fiscalía y la Policía investigan dos incidentes recientes en un colegio público. El primer caso, ocurrido en diciembre, implica a dos niños de cursos superiores que agredieron sexualmente a una compañera de menor edad. Días después, se registró un segundo caso en el mismo centro, lo que ha generado una fuerte preocupación entre familias y docentes.
Estos incidentes muestran la necesidad de actuar con rapidez para evitar la repetición de estas situaciones. Las conductas violentas protagonizadas por menores de edad exigen intervenciones inmediatas, tanto en el ámbito escolar como familiar, para prevenir futuros abusos y reeducar a los agresores.
Una respuesta urgente y necesaria
El panorama actual obliga a tomar medidas urgentes. Administraciones públicas, familias y centros educativos deben trabajar de manera coordinada para implementar programas de educación y prevención, supervisar de forma rigurosa al personal en contacto con menores y garantizar el acompañamiento a las víctimas. La crisis de violencia sexual que viven los menores en España no puede seguir creciendo bajo la sombra de la inacción.
Al mismo tiempo, desde Save the Children defiende la necesidad de transformar los procedimientos judiciales para evitar la revictimización de niñas y niños, la creación de entornos protectores y de redes de denuncia.
