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La Formación Profesional ha experimentado una transformación descontrolada hacia la modalidad online en los últimos años. Las cifras de incremento de alumnado se deben, en gran medida, al auge de la matrícula privada, mientras que la pública ha permanecido estancada. Lo que originalmente se planteó como una solución para personas residentes en el extranjero o que no podían recibir formación presencial se ha convertido en una alternativa que genera competencia desleal. Se ha dado paso a la formación online en oficios eminentemente prácticos, donde el teclado y el ratón han reemplazado instrumental sanitario, herramientas de taller y la interacción social necesaria para trabajar en entornos presenciales. Existe una correlación directa, ya evidenciada por algunas administraciones, entre la modalidad virtual y las dificultades en la inserción laboral.
Las estrategias de marketing, la permisividad normativa y la limitada oferta pública en ciclos de alta demanda han sido factores clave que han convertido la educación y la formación en uno de los negocios más lucrativos de los últimos años. Diversos actores han entrado en este mercado, buscando su porción del pastel, como antes sucedió con otros derechos fundamentales de la ciudadanía, tales como la vivienda, el empleo y la sanidad.
Este fenómeno no ha sido accidental, sino resultado de un proceso de recortes y políticas neoliberales de austeridad, iniciado con la anterior crisis económica. Dichas políticas han persistido debido a la inercia, los intereses y la desidia de las administraciones, lo cual ha propiciado un escenario favorable para la consolidación del negocio de la formación. La escasez de recursos públicos frente a una demanda elevada ha dejado espacio para que la educación se convierta en una actividad lucrativa, en lugar de un servicio público esencial y accesible para todos.
Aproximadamente una quinta parte del alumnado de formación profesional en España, más de 200.000 estudiantes, están matriculados en ciclos formativos online. De ellos, el 55,9% de quienes están en grado medio y el 58,7% en grado superior se concentran en centros privados. En su último informe de situación, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte (MEyFP) reconoce que una parte significativa del aumento en la matriculación en FP se debe a los estudiantes que optan por la modalidad a distancia.
Este crecimiento en la formación online refleja una tendencia marcada hacia la privatización del sector, ya que el peso de la oferta privada es considerablemente superior al de la pública. Esto plantea desafíos y cuestionamientos sobre la calidad de la formación en oficios que requieren habilidades prácticas, además de evidenciar la necesidad de un mayor impulso y regulación de la formación pública online para garantizar una oferta accesible y de calidad para todos los estudiantes.
La modalidad online en la formación profesional, promovida inicialmente como un recurso inclusivo y flexible, ha terminado por reforzar desigualdades. No todos los estudiantes cuentan con los medios digitales necesarios ni pueden asumir los costos de las matrículas en centros privados. Además, esta modalidad facilita notablemente la superación de los cursos y la obtención de títulos en comparación con los centros presenciales. Esto se debe a una mayor flexibilidad en los centros privados y a una menor supervisión administrativa, lo cual afecta a la eficacia y equidad educativa, y supone una competencia desleal hacia la oferta pública, beneficiando únicamente a ciertos sectores.
Algunos de los factores que han convertido a la modalidad online privada en un lucrativo negocio son:
Desinversión pública
La educación postobligatoria ha sido crónicamente desatendida en las asignaciones presupuestarias para proyectos y recursos. Las partidas del fondo Next Generation apenas han impactado en los equipamientos, que dependen de subvenciones puntuales ligadas a proyectos específicos. Aunque la transferencia de competencias en formación para el empleo a los centros educativos de FP representa una mejora en recursos, estos centros aún necesitan más apoyo y experiencia para gestionar la documentación de los certificados profesionales.
Muchas titulaciones con alta empleabilidad y vacantes en la oferta pública siguen sin cubrirse año tras año. Ante esta realidad, las administraciones muestran reticencia a ampliar la oferta pública en otras titulaciones y optan en su lugar por orientar a los estudiantes hacia titulaciones con mayores oportunidades laborales, ajustando la oferta pública a las demandas específicas del mercado de trabajo.
Oferta privada a demanda social
El estancamiento de la oferta pública, el aumento de la demanda en la educación postobligatoria, la reducción de la edad de acceso a estos estudios, y la amplia variedad de titulaciones de grado medio y superior, junto con campañas de promoción de la FP, han generado un entorno ideal para la proliferación de empresas que ofrecen formación a distancia.
Estas empresas captan a jóvenes que, de no acceder a estos estudios, corren el riesgo de abandonar el sistema educativo. Mientras tanto, los expertos recomiendan que los estudiantes elijan aquello que realmente les gusta para evitar el fracaso y abandono escolar; sin embargo, la ruta hacia el bachillerato y la universidad suele ser vista como más accesible y menos comprometida en términos de decisiones de futuro profesional. Esto facilita que las empresas obtengan autorizaciones de la administración para impartir cursos y garantizar un flujo constante de estudiantes.
Exclusividad
En algunas comunidades autónomas, ciertas titulaciones solo están disponibles en modalidad online en centros privados, e incluso en algunas apenas existe oferta presencial.
La mayor demanda de matrícula online privada se encuentra en el ámbito de la Sanidad, una especialidad con alta demanda y escasez de oferta pública, lo que la convierte en una de las titulaciones más solicitadas. Todavía existen titulaciones sanitarias LOGSE que permiten una rápida transición a estudios universitarios, cursando un ciclo en menos tiempo.
Mayores facilidades de titular a distancia que en la pública
La FP a distancia privada ofrece la «flexibilidad» como su mayor ventaja, facilitando la conciliación laboral y personal para un público adulto, responsable y con capacidad de autocontrol y gestión del tiempo. Estas características de la oferta a distancia, independientemente de la titularidad, exigen autonomía personal, madurez y responsabilidad, lo que hace que esta modalidad no sea apta para jóvenes en plena adolescencia, menores de edad y con mochilas en ocasiones demasiado cargadas debido a sus trayectorias académicas. Esto queda patente en la tasa de finalización de grados cursados a distancia en los centros públicos, probablemente con procedimientos de aprendizaje más rigurosos que en los privados, donde el porcentaje de egresados disminuye 23 puntos en el GM y 18 puntos en el GS. En cambio en los privados se mantiene prácticamente igual en el GM y desciende 10 puntos en el GS.
Esta flexibilidad se traduce con una evaluación más alta que en la pública, tal y como sucede con las notas de las etapas obligatorias y de los bachilleratos en los centros de titularidad privada. Afecta a la equidad en la obtención de titulaciones oficiales y en el acceso a la universidad.
En la siguiente tabla se muestra la tasa de finalización del alumnado a distancia en FP, calculada con los recientes datos publicados de resultados académicos del curso 2022-23 y los datos de matriculación del alumnado del curso 2021-2022, considerando que el tiempo mínimo para cursar cualquier ciclo de FP es de 2 cursos.
La diferencia entre la tasa de finalización en ciclos presenciales según la titularidad no llega a los 8 puntos, en cambio en los ciclos a distancia varía entre 18 y 23 puntos a favor de los privados.
Se constata la facilidad de obtener un título oficial (pagando) en un centro privado, válido como mérito para muchos puestos de trabajo, además de beneficiarse de un buen expediente académico para acceder a la universidad.
Pero cómo afecta a la inserción laboral tras titularse online, si la principal finalidad de la FP es la mejora de la empleabilidad y de las competencias profesionales.
Inserción de los egresados online
La inserción laboral de los egresados a distancia presenta tasas mucho más bajas que la modalidad presencial.
En la Comunidad de Madrid, el estudio de egresados de FP del curso 2020-21 indicaba índices de inserción de los titulados online muy inferiores a los de la modalidad presencial, más de 30 puntos en el GM y GS, y a los de la modalidad dual, con casi 40 puntos de diferencia.
Facilidades de pago, packs y descuentos
El elevado costo de la formación privada se financia a menudo con pagos mensuales y créditos de entidades bancarias, que representan auténticas cargas financieras para las familias. Algunas administraciones incluso otorgan becas para estudiar en centros online privados, incluyendo aquellos construidos en terrenos públicos.
Además de las facilidades de pago, existen otros beneficios exclusivos para la modalidad virtual, como paquetes promocionales que incluyen titulaciones 3×2, combinaciones de títulos de FP y universitarios en cuatro años, o prácticas garantizadas mediante convenios de colaboración.
Las convalidaciones de créditos entre universidades públicas y privadas han mostrado diferencias de hasta 54 créditos en una misma titulación, según el origen de los estudiantes, quienes obtienen mayor convalidación si proceden de ciclos formativos impartidos por la misma universidad.
Ausencia de supervisión y control
La apertura de nuevos centros privados también cuenta con una normativa flexible y escasa supervisión debido a la falta de recursos públicos, dejando a los estudiantes expuestos a variaciones en la calidad de los programas sin garantías de transparencia en los procesos de evaluación, lo que difiere marcadamente de los estándares de calidad exigidos en los centros presenciales.
Mientras que las pruebas de acceso a los ciclos de FP son organizadas y supervisadas por las administraciones educativas, la evaluación y aprobación de los estudiantes en estos cursos queda en manos de empresas, muchas de las cuales no están directamente relacionadas con el ámbito educativo.
Panorama estatal
La implantación de la modalidad online en las comunidades autónomas difiere bastante según la titularidad de los centros. Mientras que la matrícula a distancia en centros públicos se distribuye en una proporción similar a la del alumnado de FP en cada comunidad autónoma, más de la mitad de la matrícula a distancia privada se concentra en Catalunya. Esto se debe a la «flexibilidad» que se ofrece en esta modalidad, pese a la obligatoriedad de impartir los estudios en la lengua vehicular. Otros preceptos y características de la comunidad han captado el interés de empresas y multinacionales para establecer sus sedes de formación.
Cataluña, pionera del online y la privatización
Cataluña ha sido líder en la implementación de la educación a distancia y en la privatización educativa. Al igual que en 1994 estableció su propio modelo de universidad a distancia con la creación de la universidad a distancia privada UOC, en contraste con el modelo estatal público de la UNED, en 2005 se lanzaron los primeros ciclos formativos públicos a distancia en Cataluña. En el curso 2007-08, el Institut Obert de Catalunya (IOC), institución pública de enseñanzas a distancia, abrió su campus para ofrecer ciclos formativos, idiomas y secundaria, creciendo en tres años de 6,000 a 24,000 estudiantes.
Cataluña impulsó esta expansión del IOC con leyes como el Decreto 67/2007, que regulaba el perfil de estudiantes que podían acceder a la modalidad a distancia, autorizaba esta modalidad en centros públicos y privados, y definía los módulos que podían cursarse en cada modalidad. La intención era mejorar la cualificación profesional y facilitar el acceso educativo a personas en áreas rurales o con dificultades para cursar presencialmente. Hasta entonces, solo el IOC, como centro público, tenía autorización para ofrecer estudios a distancia, contando aún con margen de crecimiento.
Sin embargo, en 2012, la Administración Convergente implementó recortes en Cataluña, anticipándose a los ajustes que se aplicarían en el resto del Estado, lo que limitó la expansión del IOC, que comenzó a colapsar por falta de financiación y recursos. Paralelamente, se publicó la Orden ENS 71/2012, que regulaba la educación a distancia en centros privados, promoviendo un avance efectivo en la libertad de enseñanza el hecho de incrementar las modalidades de impartición de los titulares y ampliar la posibilidad de elección del alumnado al facilitar la creación de nuevos centros privados con apenas tres requisitos: medios digitales, materiales curriculares y profesorado. Se estableció, además, la ratio más alta del Estado con 90 alumnos por grupo y la obligación para estos centros de ofrecer módulos presenciales, creando un marco rentable que atrajo a inversores y empresas, y favoreciendo el auge de la FP online privada.
En el mismo periodo y ante la escasez de oferta pública y la autorización de la Administración las universidades catalanas empezaron a ofertar ciclos formativos privados a través de sus fundaciones, aplicando precios elevados que ampliaron el mercado de la formación privada en Cataluña.
A pesar de que desde 2015 Catalunya cuenta con una ley propia de Formación Profesional que establece un sistema de concertación con los sindicatos mayoritarios y las patronales, además de haber creado nuevas estructuras y recursos como la Agencia Pública de Formación Profesional y recibir millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la situación de estancamiento del IOC se ha mantenido. No ha habido ampliación de sedes ni de la oferta educativa, mientras que la matrícula en formación privada online continúa en aumento.
Desde hace años, las empresas de formación gozan de exclusividad en la impartición de las titulaciones de Grado Medio y Grado Superior a distancia más solicitadas gracias a la autorización de la administración educativa. Durante el curso 2022-23, diecisiete titulaciones de GS y ocho de GM tuvieron la exclusividad online en centros privados en Catalunya. La familia profesional con mayor oferta privatizada en la modalidad a distancia es la de Sanidad. Siete titulaciones de GS tienen oferta exclusiva privada a distancia, con casi 23.000 alumnos matriculados frente a los 300 en el centro público de educación a distancia IOC. En los ciclos de GM, Sanidad también es la familia con mayor oferta privatizada, con un único ciclo exclusivo en la privada a distancia, pero con aproximadamente 14.000 alumnos matriculados en esta titulación, en comparación con los 1.000 en el IOC.
A Sanidad le siguen otras familias profesionales con alta privatización y exclusividad online; en el GM la familia profesional de Informática presenta 2.275 alumnos en centros privados frente a los 675 del IOC y en el GS se incrementa la cifra hasta 7.799 alumnos en centros privados frente a los 2.055 del IOC. Las familias de Administración y Servicios socioculturales presentan aproximadamente el doble de matrícula en la privada, unos 6.000 alumnos, que el IOC.
Durante meses la Administración d’ERC trabajó en la redacción de la Orden EDU 193/2021 que buscaba limitar el crecimiento desmesurado de la formación online. Sin embargo, la presión de las patronales, opuestas a dicha regulación, fue muy intensa en los medios. Finalmente, se publicó la norma, pero su vigencia fue breve: apenas duró seis meses, ya que fue anulada por sentencia debido a un defecto de forma, al no haberse realizado la consulta pública correspondiente, lo cual fue denunciado por una de las patronales de la formación. Actualmente tanto la Orden como la norma anterior que derogó no están vigentes y se requiere una nueva regulación. Entre el curso 2018-19 y el curso 2023-24, el número de estudiantes en enseñanza a distancia en centros privados de Cataluña aumentó en 50,000 alumnos, pasando de 16.294 a 66.270, lo que representa un incremento porcentual del 306,85%.
En la misma legislatura, la administración educativa acumuló un récord histórico de huelgas en el ámbito educativo, sin precedentes en este siglo, y modificó el currículum de FP, esta vez sin sin defecto de formas, ignorando la opinión de la mayoría de la representación del personal docente y desoyendo el aviso de retrasar el cambio curricular a lo que estableciera la nueva Ley de FP.
Estos datos evidencian la ausencia de políticas efectivas en FP para impulsar el crecimiento de la educación en línea pública, ya que, mientras el IOC se mantiene estancado, se permite una expansión descontrolada de la oferta privada a pesar de contar con los recursos y la estructura institucional.
El cambio en el Gobierno y la reestructuración de la FP en Catalunya brindan una oportunidad para revertir las tendencias privatizadoras de los últimos años. A través del fortalecimiento de la oferta pública, tanto en modalidad presencial como a distancia, se debe consolidar al IOC como un centro de referencia, en colaboración estrecha con la red pública de centros de FP y sus plataformas de aprendizaje. Esta estrategia debería integrar la plataforma virtual del MEyFP (contemplada en la nueva Ley de FP), optimizando el uso de los recursos autonómicos y estatales para satisfacer plenamente la demanda formativa en ambas modalidades. No es difícil augurar tensiones y presiones de distintos actores que participan del negocio de la formación ante políticas en esta dirección.
La modalidad a distancia con la nueva la Ley de FP
La actual reforma de la Ley de Formación Profesional y su desarrollo normativo suscitó propuestas contrarias en relación con la formación a distancia entre la patronal y los sindicatos educativos durante su tramitación.
Mientras la patronal apostó por una mayor flexibilidad, el acceso a una plataforma pública digital que pueda ser utilizada por todos los centros y la eliminación de ciertos requisitos, los sindicatos defendieron una FP pública con plazas suficientes en todas las modalidades, la reducción de ratios por debajo del máximo en la modalidad presencial y aún más en la virtual, la realización de pruebas finales en centros públicos (similares a las de acceso a ciclos), y una clasificación de los módulos que pueden cursarse online y aquellos que requieren presencialidad.
Finalmente, en la LO 3/2020 y el RD 659/2023 se estableció el requisito de contar con autorización previa para impartir enseñanzas en modalidad virtual, condicionado a disponer de autorización para ofrecer las enseñanzas en modalidad presencial. Excepcionalmente, si no se imparten simultáneamente las enseñanzas presenciales, los centros podrán suscribir acuerdos con otros centros para cumplir con este requisito.
Los centros públicos especializados en innovación en metodologías no presenciales quedaban exceptuados, aunque en el redactado final se sustituyó la referencia a «centros públicos» por «centros designados por las administraciones.» Así, se accedió a las demandas de la patronal de eliminar el requisito de simultaneidad y se ampliaron las excepciones para incluir centros exclusivamente telemáticos de otras titularidades.
La normativa establece que la ratio máxima en los Grados A, B y C es de 35 estudiantes por cada profesor, formador o persona experta, permitiendo a las administraciones ajustar la ratio en función de las características de la oferta y las necesidades específicas de los destinatarios. La capacidad para regular esta ratio por debajo o, en ciertos casos, por encima, queda de nuevo en manos de las administraciones educativas.
El texto establece que el MEyFP, en colaboración con las administraciones autonómicas, desempeñará un papel activo en la expansión de la Formación Profesional en modalidad virtual. Para ello, pondrá a disposición de estas administraciones una plataforma virtual de FP, que podrá utilizarse tanto para la modalidad exclusivamente virtual como para la parte virtual de la modalidad semipresencial. Además, el Ministerio trabajará junto con las comunidades autónomas en la creación y actualización continua de los materiales y recursos necesarios para esta modalidad, realizando evaluaciones periódicas para garantizar su calidad. Asimismo,proporcionará información pública actualizada sobre la oferta de FP en modalidad virtual para facilitar el acceso y la transparencia y articulará una oferta modular en los Grados C, D y E a través del CIDEAD para cubrir las necesidades de aquellos estudiantes que opten por la formación modular en FP.
En resumen, la normativa actual deja en manos de cada comunidad autónoma la regulación detallada de aspectos que la norma básica no especifica, convirtiendo su aplicación en una cuestión de voluntad política. Además, el impulso de la plataforma virtual de enseñanzas a distancia dependerá tanto del Ministerio de Educación y Formación Profesional como de las administraciones autonómicas, quienes deberán coordinar sus esfuerzos para garantizar el acceso, actualización y eficacia de este recurso en la modalidad virtual.
Propuestas para un modelo público de FP semipresencial y a distancia
Para contrarrestar la tendencia hacia la privatización, la mejor estrategia es reforzar la red pública de formación profesional, agilizando la normativa y ampliando la oferta de modalidades semipresencial y a distancia en los centros públicos. Esto garantizaría un acceso equitativo a plazas públicas tanto en modalidad presencial como en las modalidades mixta y virtual, para quienes lo necesiten.
La experiencia adquirida desde la pandemia ha demostrado que cualquier centro educativo público está ahora capacitado para adaptar rápidamente sus enseñanzas de la modalidad presencial a la no presencial, facilitando una red pública accesible y competitiva.
Plataforma virtual pública y de acceso universal
Se propone una plataforma virtual pública accesible a cualquier centro de FP de titularidad pública, garantizando materiales y recursos actualizados. Además, se deben implementar medidas para asegurar el acceso universal a las modalidades a distancia, incluyendo el suministro de equipos y conexión a internet para colectivos vulnerables, con el fin de reducir la brecha digital.
Centros de referencia y red de centros satélite
En cada comunidad autónoma, es fundamental establecer una estrategia para la FP a distancia pública. Esto incluye tanto centros específicos de modalidad a distancia, pueden ser centros integrados o de referencia, como redes de centros presenciales que también ofrezcan enseñanza online. Hay profesorado suficiente y capacitado para combinar la docencia presencial y telemática en su horario lectivo y debe ponerse en valor ante la sociedad la profesión docente ante los formadores o expertos que imparten la docencia en los centros privados.
Una red pública bien financiada y que garantice el acceso a una variedad de titulaciones y modalidades promoverá la equidad y el derecho a la formación. Los centros de FP ya disponen de plataformas de aprendizaje, y una red pública puede ofrecer una estructura con centros referentes en cada territorio, que brinden soporte y respaldo a otros centros en las tres modalidades.
Los centros integrados de FP en Aragón representan un modelo en el que se imparten ciclos en distintas modalidades, y el profesorado dispone de tiempo lectivo tanto para módulos presenciales como no presenciales.
Oferta online abierta permanente en distintas titulaciones
Establecer una oferta continua de formación online en diversas titulaciones, especialmente enfocada en los módulos teóricos, para ampliar el acceso a los programas de FP y responder a las necesidades de sectores específicos.
Facilitar la formación en línea y semipresencial para colectivos prioritarios
Priorizar el acceso a la formación online y semipresencial para colectivos que enfrentan barreras para asistir presencialmente. Esto incluye personas que ya han acreditado competencias en una familia profesional y solo necesitan completar módulos transversales para obtener su titulación, trabajadores con limitaciones de tiempo, personas que residen en áreas rurales o alejadas de los centros de FP, cuidadores de personas dependientes y aquellos que viven en el extranjero.
Reducción de ratios
Para mejorar la calidad del aprendizaje, reducir el abandono escolar y reforzar el seguimiento, es necesario disminuir las ratios de estudiantes por grupo y establecer sistemas de interacción entre el alumnado y el profesorado. Esto incluye sesiones síncronas, tutorías periódicas y actividades en la plataforma, asegurando una experiencia formativa efectiva que distinga la FP de calidad de una formación únicamente telemática.
Regulación y supervisión efectiva
Es fundamental que la administración implemente controles de calidad y evaluaciones regulares para evitar la proliferación de programas online con estándares educativos dudosos y asegurar que los centros cumplan con los requisitos de calidad en todas las modalidades. Este mandato está definido en la nueva Ley de FP y corresponde a las administraciones educativas su cumplimiento.
Clasificación de módulos susceptibles de realizarse online
Establecer una clasificación clara de los módulos que pueden impartirse en modalidad online y aquellos que requieren presencialidad, asegurando que las competencias profesionales se adquieran en entornos adecuados.
Primeros cursos de Grado Medio transversales por sectores
Diseñar primeros cursos transversales de Grado Medio por sectores, permitiendo que los estudiantes adquieran una base común antes de especializarse, facilitando la movilidad entre distintas titulaciones dentro del mismo sector y retrasando su especialización para trabajar en la orientación.
Refuerzo de orientación y tutorías síncronas
Fortalecer la orientación y el acompañamiento pedagógico mediante tutorías síncronas, de modo que el alumnado reciba el soporte necesario en su proceso de aprendizaje y mantenga una interacción constante con el profesorado, mejorando así la retención y la calidad de la experiencia formativa.
Superación de los Grados C, D y E con pruebas supervisadas por la Administración
Establecer que la superación de los módulos en los Grados C, D y E incluya pruebas finales supervisadas directamente por la administración educativa o realizadas en centros públicos, tal como sucede en las pruebas de acceso a la FP. Esto garantizará la calidad y validez de los aprendizajes en las modalidades semipresencial y virtual, asegurando que todos los estudiantes cumplan con los mismos estándares independientemente de su modalidad de estudio.
Convalidaciones modulares con créditos universitarios
Implementar un sistema de convalidaciones modulares que permita a los estudiantes de FP obtener créditos universitarios, facilitando la continuidad en sus estudios y promoviendo la movilidad entre la FP y la universidad. Estas convalidaciones deberían ser establecidas directamente por la administración educativa y no depender de acuerdos con instituciones individuales, garantizando así un proceso unificado, transparente y equitativo para todos los estudiantes, independientemente del centro en el que cursen su formación.
