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Como estaba previsto, las centrales sindicales y el Ministerio de Educación han acordado la puesta en marcha de cuatro grupos de trabajo para negociar una transformación de la profesión docente que dé respuesta al mandato de la Lomloe en relación al Estatuto Docente.
Las fuentes consultadas difieren en algunos puntos en relación a qué va a pasar en los próximos días. Según parece, se ha fijado que la semana que viene se facilite a los sindicatos un calendario para empezar a trabajar.
Según Ramón Izquierdo, responsable de Acción sindical de ANPE, las conversaciones serán en paralelo, es decir, al menos dos de los grupos comenzarán al mismo tiempo. Estos dos serían el llamado ‘Marco de Competencias Profesionales Docentes y Formación inicial del profesorado’ y ‘Condiciones del desempeño docente’.
Tanto Héctor Adsuar, responsable de Pública de la FECCOO, como Marta Herráiz, su homóloga en la FeSP-UGT, esta parte no ha quedado tan clara. Al parecer, según cuentan ambos, el Ministerio quería iniciar las conversaciones por el punto relacionado con el marco competencial y la formación inicial. Tras este, vendrían las otros dos: Sistemas selectivos e ingreso en la función docente y Formación permanente del profesorado y sistemas y procedimientos para su desarrollo profesional docente. El último sería, según ambas fuentes, el relativo a las condiciones de trabajo (ratios, jornada lectiva, salud labora o desburocratización).
Desde el Ministerio insisten que hasta que no haya acuerdo firmado, no harán declaraciones sobre el tema.
Otro de los temas sobre la mesa es la implicación de las comunidades autónomas. Según explica Adsuar, CCOO ha insistido en la necesidad de que las negociaciones de los cuatro grupos de trabajo fueran independientes de las conversaciones con las comunidades autónomas. Es el Ministerio el que debe fijar la normativa básica y son los territorios quienes han de aplicar. Pero lo primero es fijar esa norma de la mano de las centrales sindicales.
En este sentido, Ramón Izquierdo apuesta por la posibilidad de que las comunidades autónomas estén representadas en las negociaciones habida cuenta de que serán ellas las que tengan que desarrollar la normativa que se genere. Además, insiste en que hay algunas cuestiones que, en cualquier caso, no supondrán un aumento de la inversión por su parte, por lo que no deberían ser problemáticas.
De todas maneras, elementos como las ratios o la mejora de la atención a la diversidad supondrían un aumento importante de los costes educativos para algunas de las comunidades autónoma
El clima, en cualquier caso y haciendo caso a lo que dicen las diferentes fuentes, es positivo en cuanto al comienzo de las negociaciones. Esperan, eso sí, que se desarrollen en paralelo para que los temas que se consideran clave para el profesorado que actualmente está en ejercicio no se queden atrás.
Es decir, que además de diseñar la futura carrera docentes desde los estudios iniciales y hasta la jubilación, es obligatorio dar pasos en la dirección de mejorar los mimbres con los que trabajan ahora quienes ejercen en los centros educativos.
Tanto CCOO como UGT tienen la mirada puesta en la Comunidad de Madrid, única autonomía que mantiene las condiciones impuestas por José Ignacio Wert en 2012 con el aumento de las horas lectivas y la destrucción de puestos de trabajo interinos. La mayor parte de los territorios han ido mudando esta situación aunque algunos no completamente.
