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Reconozco que asisto a varios debates que se están produciendo en el ámbito educativo en la Comunidad de Madrid con una mezcla de perplejidad, enfado e interés por el futuro. En septiembre pasado, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid hizo el anuncio en la Asamblea de Madrid de la apuesta de su Gobierno por la extensión del modelo de los denominados CEIPSO, que venía unida a dos aspectos significativos -solo hasta 2º de la ESO y la jornada partida obligatoria- que ya veremos en qué quedan.
Después ha llegado el tema de la futura prohibición de los medios informáticos individuales en las aulas, que se suma a la que ya se hizo de los teléfonos móviles, pero que, como todo, no afecta a todo el mundo por igual. Y durante todo este tiempo se han sucedido actuaciones y declaraciones muy diversas que nos demuestran, de nuevo, qué lejos estamos de tener una buena gestión de lo público y de conseguir consensos educativos.
Mi perplejidad viene dada porque medidas como estas, que pueden tener posiciones favorables de la comunidad educativa, se estén gestionando tan mal por los responsables de la Consejería de Educación. Tienen la costumbre de intentar pillar a todo el mundo educativo por sorpresa, porque, no se lo van a creer -ironía-, pero no se habían comentado antes con los sectores afectados -aunque se diga lo contrario-, e incluyo en esta sorpresa al propio personal interno de la Consejería, cuyas estructuras siempre se tienen que poner a volar para desarrollar estas propuestas como si se hubieran diseñado con su implicación. Hoy día, si algo puede hacer fracasar las medidas políticas, aunque se tengan mayorías absolutas, es precisamente esta mala gestión. Diría que solo puede hacerlas fracasar precisamente esto.
Mi enfado es por la forma de defender las actuaciones, y de cuestionarlas por parte de quienes no estén de acuerdo con los planteamientos dados a conocer. No ayuda nada, eso sí, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid aluda constantemente a volver al pasado educativo, añorando un mundo que no existe, al que se pretende regresar. No es que me sorprenda este intento de involución, ya lo dije con relación a los CEIPSO en un artículo anterior, pero también de forma general, por ejemplo, hace ya ocho años en una entrevista que me hicieron desde este mismo medio de comunicación. Y es que me enfada mucho que se estén utilizando argumentos falsos tanto en la defensa como en la crítica a estas medidas. Podría realizar una relación de estas falsas razones tanto de un lado como del otro, pero no quiero perder ni un minuto en el terreno que a unos y otros parece interesar más, que es el del espectáculo de poco nivel basado en enfrentamientos tan sonoros como inútiles para el conjunto de la sociedad.
Me interesa el futuro, como a buena parte de la sociedad
Han pasado 55 años desde que viera la luz la Ley General de Educación de 1970, y quienes ahora pretenden recuperar las esencias de la E.G.B., que muchos vivimos, se equivocan si piensan que pueden volver a esa escuela porque esa sociedad no existe ya. Pero han pasado 35 desde que se aprobó la Logse de 1990, con la actual estructura de una educación primaria que no acaba en 8º sino en 6º curso, y también se equivocan quienes defienden que ese modelo no se puede cuestionar. El futuro no se puede escribir ni volviendo al pasado lejano, ni manteniendo in aeternum uno ligeramente más reciente.
Han pasado 25 años desde que la Comunidad de Madrid asumió las competencias en materia educativa, tiempo que llevamos con el debate de la jornada escolar partida frente a la intensiva -mal llamada continua en nuestro país-, al que nos sumamos cuando otras comunidades autónomas ya llevaban con ello algún que otro lustro. Las evidencias científicas son claras, tanto en el sentido de que no se ha encontrado un solo estudio que respalde los argumentos que defienden la jornada intensiva, como de que esta tiene muchos más elementos perjudiciales que la llamada partida, en especial con el alumnado al que más debemos apoyar. Acierta por tanto el Gobierno de la Comunidad de Madrid al frenar la extensión de la jornada intensiva y regresar a la partida, pero veremos hasta dónde se atreve a llegar tras el anuncio inicial. El futuro se tiene que escribir con un mejor tiempo educativo.
Ha pasado poco tiempo desde que se ha generalizado la prohibición de uso de los dispositivos de telefonía móvil en los centros educativos, y ahora llega la segunda parte, que es la prohibición de todos los dispositivos informáticos en las aulas para su uso individual. La verdad, es desesperante que las medidas se tomen en contra del sentido común y de las evidencias científicas. En este caso, quienes defienden estas medidas aluden a razones de interés general de los menores, pero no son creíbles, porque si así fuera afectarían a todos los centros educativos y no solo a los sostenidos con fondos públicos. Dejar fuera de la obligación a los privados sin concierto demuestra que no es ese interés el que realmente se busca, salvo que se quiera defender la idea de que quienes no reciban dinero público pueden obviar los derechos de los menores sobre ese argumento que vale para todo lo que interesa de la “autonomía de los centros privados”. Pero quienes la cuestionan se han puesto a ello con otro argumento de los que se sacan a pasear, como el anterior, con demasiada alegría y como si fuera un comodín invencible: “La libertad de cátedra”. Tanto un argumento como el otro se utilizan con bastante demagogia e intereses ocultos cuando interesa hacerlo. En este caso, también ocurre.
Siga la pista del dinero
Habrá quien recuerde que, en el caso Watergate, el denominado como garganta profunda le dijo al periodista del Washington Post aquello de “siga la pista del dinero”. Buen consejo, que ayudó a destapar aquel caso, pero que es aplicable a buena parte de la vida diaria.
Que detrás de la medida de los CEIPSO se esconden argumentos económicos, unos más visibles que otros, nadie informado lo puede dudar. La falta de inversión económica en Educación, al ser la comunidad autónoma con el gasto por alumna/o menor de todo el país, lleva luego a tener que improvisar medidas para salir del agujero en el que nos hemos metido. Pero no solo es la falta de inversión en lo público, también es la intencionalidad de salvaguardar los intereses de la enseñanza privada -con y sin concierto-, que necesita que la caída de la natalidad la pague exclusivamente la enseñanza pública. Saturando los espacios con menos alumnado por aula se consigue ese objetivo, que nuevamente vuelve a ser económico, el de las cuentas anuales de los centros privados. Y eso no quita que la medida tenga aspectos positivos de los que se debería hablar, pero que, al menos de momento, no están en el debate público impulsado para todo el mundo educativo.
Que detrás de la futura prohibición de los dispositivos informáticos en las aulas hay razones económicas, tampoco debería ser un secreto para quienes reflexionen un poco sobre ello. Si se elimina la necesidad de tener un dispositivo por cada alumna/o, se acaba la inversión en estos equipos. En una comunidad autónoma en la que cada recorte educativo en la escuela pública se aplaude por una buena parte de la sociedad, esta medida tendrá mucha claque. Y no duden de que esto ocurrirá casi exclusivamente en la pública, porque la privada -con o sin concierto- aludirán de nuevo a su autonomía y el consejero de Educación ya ha dicho que la normativa que están preparando no tiene medidas sancionadoras porque confían en que se cumplirá sin tener que tomarlas. Seguro que es tan cierto como inexistentes las cuotas obligatorias en la escuela privada concertada que todas las familias pagan mientras la derecha política niegan que existan y, claro, como no existen no se toman medidas. En el fondo, no es una cuestión de autonomía sino de negocio, porque cada vez son más los centros que les dicen a las familias que el proyecto educativo del centro exige que paguen equipos informáticos con precios cada vez más altos con los que tener otra fuente de ingreso anual.
Tampoco se olviden de que la primera interesada en que la escuela pública pierda el tren de las tecnologías de la información y la comunicación es la escuela privada -con y sin concierto-, porque ello aumentará la brecha digital entre quienes solo tienen el centro educativo para tener según qué experiencias educativas. Quienes tienen una buena posición socioeconómica podrían incluso aceptar rebajas en el tiempo de uso en la escuela, porque tienen muchas posibilidades fuera de ella. La supremacía de las clases dominantes se defiende limitando las posibilidades a quienes no pertenecen a ellas. Y el estatus social es, no lo olviden, una cuestión económica. Defender su estatus es defender sus bolsillos y el de sus siguientes generaciones. La cuestión es si en esto también la escuela pública hará de claque.
