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Desde hace meses, por no decir años, la situación de las universidades públicas es foco de información. El continuo estrangulamiento de su financiación es uno de los puntos. No menos importante, la proliferación de universidades privadas.
Hasta el punto de que, ya en 2022, el exministro Manuel Catells promulgó un decreto sobre los requisitos de apertura de centros privados que, en pocos años, se ha quedado corto. Esta semana el presidente, Pedro Sánchez, anunciaba un nuevo decreto que espera aumentar los requisitos previos para el comienzo de la actividad de centros privados universitarios, así como el endurecimiento de las condiciones para mantenerlos abiertos.
Una de estas condiciones, según se anunció, sería el tener 4.500 estudiantes matriculados a los cinco años de apertura. Si hoy las privadas tuvieran que pasar ese examen, 17 las 40 existentes tendrían que echar el cierre por no cumplir.
Las diferencias autonómicas son también enormes. Madrid, Cataluña y Valencia se llevan la palma en cuanto al número de universidades privadas que acogen. Sobre todo, la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso, en donde existen 21 universidades de las que tan solo ocho son públicas y 13 son privadas. En Cataluña hay 12 centros de educación superior, de los que cinco son privados. En la Comunidad Valenciana, como en Madrid, hay más privados (cinco) que públicos (cuatro).
Hay cerca de un millón y medio de estudiantes de grado en España; el 70 % está matriculado en la universidad pública. Una proporción que no se mantiene en relación al número de universidades. Desde 1998 no se abre ninguna universidad pública y son 50 en total. Por contra, no paran de proliferar las privadas, que ya suman más de 40. Solo en las autonomías que no tienen ninguna hoy día, ya hay previsión de que abran siete.
Aquí, lógicamente, las proporciones también son muy diferentes según la universidad. Desde la UNIR, decana de las privadas a distancia que atiende a casi 30.000 estudiantes (un tercio de los de la UNED) a la Intercontinental de la Empresa, en Galicia, que tiene apenas 240 alumnos y alumnas.
Como se aprecia en el gráfico, solo Murcia guarda relación cercana al 30 % en cuanto al número de estudiantes. La media de porcentaje de universidades privadas está, sin embargo, en el 47 %. Destaca Aragón: la Comunidad tiene dos universidades, una de ellas, privada. Ese 50 % de centros acoge, tan solo, al 11 % del estudiantado aragonés. En Canarias, la proporción es del 75 % de centros privados para el 15 % de estudiantes y en Cantabria, del 50 frente al 21 respectivamente.
A las más de cuatro decenas de centros privados, habría que sumar, al menos, otros siete según han informado medios de comunicación en los últimos meses. Cuatro en Extremadura y otros tres en Asturias, dos comunidades con solo oferta pública. Quedarían así Baleares y Castilla-La Mancha sin universidades privadas.
A pesar de lo que podría parecer una sobreoferta de títulos privados, solo en Navarra hay algunos estudiantes más en la privada que en la pública, que también tiene más universidades. Y, por supuesto, La Rioja por aquello de que la UNIR tiene 30.000 estudiantes frente a los 3.700 de la pública.
A todo esto, habría que añadir los casos en los que se han abierto universidades privadas bajo la más absoluta polémica, después de sendos informes negativos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El más sangrante, el de la UDIT de Madrid, que contaba incluso con informes negativos de la propia Consejería de Universidades de Ayuso. Finalmente comenzó su andadura.
A esta lista habría que sumar a la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo (UTAMED) en Málaga y a la Universidad Tecnológica de Canarias (TECH).
Esto es otro de los puntos que pretende subsanar el Gobierno central obligando a un informe de la Aneca o de la agencia de acreditación autonómica, que sí sería vinculante, no como los actuales.
