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Esta semana comenzaba en Asturias con la resaca de una manifestación masiva en Oviedo, 30.000 personas según los organizadores y la dimisión de la consejera de Educación, Lydia Espina López. Desde hace meses, si no más, la comunidad docente asturiana está en pie frente a una administración que la desoye.
Según las estadísticas del Ministerio de Educación, FP y Deportes, el Principado de Asturias cuenta con 230 centros educativos que imparten educación infantil y primaria. Casi la mitad de esa cifra, 107, han firmado una carta abierta dirigida al Gobierno autonómico avisando de que si las cosas no cambian y la Administración no hace una apuesta importante por desencallar la situación, dimitirán.
«No queremos seguir viendo nuestras aulas masificadas, a nuestros compañeros y compañeras agotados, mendigando apoyos para poder atender como se merecen a nuestro alumnado», puede leerse en el redactado de la carta.
Las y los directores aseguran que les falta personal especializado, desde PT y AL hasta personal de orientación. «¿De verdad alguien ha entrado últimamente en nuestras aulas y ha visto lo que sucede?», se preguntan.
Ante la situación de trabajar «en aulas con 25 alumnos/as, grupos muy heterogéneos en
los que tenemos que afrontar la atención de alumnado recién llegado (…), alumnado vulnerable y en riesgo de exclusión social y con familias desestructuradas, varios alumnos/as NEE por aula, (…), y además otros tantos NEAE, que para la administración son invisibles», aseguran, «somos los docentes peor pagados del Estado».
Estas direcciones aseguran tomar esta decisión «no porque consideremos que el sistema nos ha derrotado, ni porque queramos realizar una amenaza, sino como un acto de coherencia con las ideas que defendemos».
El texto, además, hace referencia a un manifiesto que, el pasado 23 de mayo, habían firmado 111 direcciones escolares de la Comunidad Autónoma.
En dicho manifiesto, las direcciones de los colegios reclaman recursos para la atención a la diversidad como PT y AL; unas ratios ajustadas al alumnado con necesidades especiales y necesidades específicas de apoyo educativo; auxiliares educativos en todos los centros para evitar la segregación del alumnado. También reclaman normativa para que los centros de educación especial se conviertan en centros de recursos y asesoramiento a la inclusión.
«Exigimos una reducción inmediata de ratios, especialmente en la etapa de educación infantil, con un número inferior de alumnado por aula que en primaria»; la asignación de un tutor por grupo en esta etapa; dietas para el profesorado que acompañe en viajes de alumnado; reconocimiento de la carrera docente; cubrir las bajas de manera inmediata; desdobles y refuerzos; estabilidad de las plantillas; reducción de las medias jornadas, o reducción de la jornada al profesorado mayor de 55 años.
Durante varias páginas más, el manifiesto también reclama medidas dirigidas a las familias, las direcciones y la mejora del sistema educativo público.
