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En total, 2,5 millones de niños, niñas y adolescentes comen a diario en los centros escolares, lo que supone un 48,9 % del alumnado de primaria en centros públicos y un 51,4 % en concertados y privados. En infantil, las cifras son más elevadas: el 71,2 % de quienes tienen entre 0 y 3 años y el 54,2 % del segundo ciclo (3-6 años) se quedan al comedor. Sin embargo, al llegar a secundaria la cobertura se desploma: solo un 2,9 % del alumnado de ESO en centros públicos accede al servicio, frente al 27,2 % en la privada y concertada. La adolescencia aparece así como la gran olvidada.
Desigualdades y becas
Aunque el promedio estatal indica un crecimiento sostenido en la asistencia, los datos esconden grandes disparidades territoriales, según puede verse en el informe. Comunidades como País Vasco o Galicia muestran tasas de becas más elevadas, mientras que Murcia, Ceuta y Melilla presentan los niveles más bajos de cobertura para la infancia en riesgo de pobreza. Además, el 15 % de los colegios públicos de primaria y el 82 % de los institutos carecen de comedor escolar, lo que limita de raíz la posibilidad de acceder a este derecho. Incluso allí donde existe comedor, surgen otras barreras: falta de plazas —la mayoría de centros solo podría atender al 60 % de su alumnado—, problemas de ruido y accesibilidad, y la ausencia de cocina propia en numerosos colegios, lo que obliga a recurrir a catering o alimentos precocinados.
1,3 millones de menores en situación vulnerable no cuentan con apoyo público para garantizar al menos una comida completa al día
La asistencia al comedor, además, depende en gran medida de las becas. En el curso 2023-2024 la inversión alcanzó los 642 millones de euros, casi 110 más que el curso anterior, con un total de 982.000 alumnos y alumnas beneficiarios. Esto supone que el 15,1 % del alumnado recibió algún tipo de ayuda, frente al 13,7 % del curso previo. Sin embargo, la comparación con la tasa de pobreza infantil es alarmante: el 34,6 % de niños y niñas en España está en riesgo de pobreza o exclusión social, pero solo 4 de cada 10 de ellos accede a una beca. En términos absolutos, 1,3 millones de menores en situación vulnerable no cuentan con apoyo público para garantizar al menos una comida completa al día.
Otro problema es la parcialidad de las ayudas: la media cubre el 68 % del coste del servicio, lo que obliga a muchas familias a pagar la diferencia. En contextos de precariedad, esto se traduce en una asistencia fragmentada: algunos niños solo se quedan ciertos días, poniendo en riesgo tanto la alimentación equilibrada como los beneficios sociales y educativos del espacio mediodía.
El coste de un comedor universal y gratuito
Educo defiende que el comedor escolar debe considerarse parte del derecho a la educación. El informe calcula que extenderlo de forma gratuita a toda la población escolar costaría 6.196 millones de euros por curso, equivalente al 0,39 % del PIB español. Pese a parecer una cifra alta, incluirla en los presupuestos públicos elevaría el gasto en educación del 4,2 % actual al 4,6 % del PIB, todavía por debajo de la media europea (4,7 %) y lejos de países referentes como Suecia (7,2 %) o Finlandia (6,3 %), ambos con comedor universal ya implantado. Se trataría de una inversión estructural en equidad y en salud, que además reforzaría las políticas de infancia y conciliación familiar.
El informe incorpora testimonios directos de adolescentes que muestran con crudeza la realidad de muchas familias. Una chica de 14 años en Madrid explica: “Suelen ser caros y hay familias que no se lo pueden permitir; si no, irían más compañeros”. Un adolescente en Baleares añade: “Cuando le cuento a mi madre que ponen poca comida, me dice que un niño no come tanto como un adulto, por eso no debería ser tan caro. Así podrían quedarse más niños, ya que en sus casas no comen por falta de dinero”. Estos testimonios son clave para comprender el impacto humano de las cifras.
Educo insiste en que el comedor escolar universal y gratuito no solo es posible, sino exigible como derecho
Otro aspecto menos visible es el efecto del ruido y la falta de acondicionamiento de muchos comedores. Las comunidades educativas reclaman mejoras en la insonorización y en la climatización, así como cocinas propias que permitan alimentos frescos y de proximidad. Estas cuestiones de calidad, aunque menos llamativas que las cifras de cobertura, influyen directamente en la experiencia educativa y en el bienestar infantil.
El informe concluye con una idea clara: el comedor escolar no es un servicio accesorio, sino parte de la educación integral. Su impacto en el rendimiento académico, la salud nutricional, la igualdad de oportunidades y la conciliación laboral lo convierten en una herramienta de política pública de primer orden. Frente a la actual brecha —casi la mitad de la infancia en riesgo de pobreza sin beca y un 82 % de institutos sin comedor—, Educo insiste en que el comedor escolar universal y gratuito no solo es posible, sino exigible como derecho.
