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Diez años y nada cambia. CICAE, asociación de colegios privados independientes, ha publicado su nuevo informe sobre el cobro de cuotas de escuelas concertadas en ocho comunidades autónomas. El 83 % de los casi 400 centros visitados, física o virtualmente, cobran, aunque las diferencias entre unos y otros son enormes.
Nuevamente, el St. Paul’s School de Barcelona sobresale, no solo en el ámbito catalán. Es el colegio concertado con la cuota más alta que se ha detectado en todo el Estado. Solo por el servicio educativo, sin contar actividades complementarias, extraescolares o cualquier servicio extra como el comedor, su cuota es de 1.100 euros al mes.
Cataluña, junto a Madrid y País Vasco, es la comunidad en la que mayor es el porcentaje de centros concertados visitados (71 en total) en los que se cobra una cuota a las familias. En los tres casos es del 100 %.
El estudio, además de analizar si se cobra y qué se cobra, recaba información sobre la facilidad que los centros dan a las familias para saber las cantidades que tendrán que abonar, así como si se ejerce algún tipo de presión para que se paguen o si se indica que son voluntarias en cualquier caso.
La ley deja claro que los centros concertados no pueden cobrar por el servicio educativo, sí por otros como ciertas extraescolares (si no son complementarias) o servicios netamente voluntarios como el comedor o el transporte.
Elena Cid, directora general de CICAE, critica que, en muchos casos, los centros nombran de maneras variopintas los servicios en un intento de camuflar el cobro por enseñanza que debe ser gratuita y para confundir a las familias.
Cid cree que en estos diez años de estudios han cambiado algunas cosas. El discurso de las administraciones, en cierta medida: desde negar la existencia de las cuotas hasta pasar a decir que solo se da en determinados casos.
También asegura que han notado cómo las empresas que cobran las cuotas han ido cambiando para poder seguir haciéndolo; por ejemplo, utilizando “conceptos más amplios como ‘aportaciones’” para que haya menos control y para confundir a las familias. Además, ve que la inspección educativa de las comunidades autónomas tampoco está haciendo un esfuerzo para controlar la situación, aduciendo que los conceptos por los que se cobra no son enseñanzas obligatorias.
Presiones
Uno de los conceptos que más habitualmente vienen denunciando es el hecho de que se presiona a las familias para que paguen las cuotas, en principio ilegales. Entre las maneras de hacerlo, es común que algunas actividades complementarias se introduzcan dentro del horario lectivo, no al principio o al final de la jornada, como es obligatorio.
En las reuniones previas a la escolarización, se informa a las familias de que, si no pueden pagar, tendrán que hacerse cargo de sus hijos en esas horas, en mitad de la jornada, o que se les dejará fuera de la actividad en la que participan el resto de compañeros.
Para comprender un poco mejor la situación, cabe señalar que el estudio, realizado por Garlic B2B con la técnica del mystery shopper, se ha hecho con la idea de que se busca plaza para menores de segundo ciclo de educación infantil. Es decir, se les dice a las familias que preguntan por la obligatoriedad de ciertos pagos que sus hijos de 3 años quedarán excluidos.
Transparencia
Amparo Núñez, responsable del estudio en Garlic B2B, ha explicado que una de las mayores dificultades que encuentran los técnicos que lo elaboran es conseguir información sobre las cuotas. Ha asegurado, en la presentación del informe, que hay técnicos que, tras una hora de reunión en el centro, no consiguen esta información.
Se trata de un dato, el de la cuota, relevante no solo para saber lo que se cobra un año, sino porque presumiblemente el niño o la niña permanecerán muchos años escolarizados en el mismo centro, sobre todo en el caso de la concertada.
En este sentido, Núñez explica que dos de cada tres centros que cobran cuota no informan a las familias de que dicha cuota es voluntaria. De esta cantidad, el 15 % sí lo indica en la documentación por escrito que facilita. Visto al revés, casi la mitad de los centros que cobran cuotas no informan en su documentación de que los pagos son voluntarios si se refieren a las enseñanzas obligatorias.
De hecho, han explicado Núñez y Cid, en Cataluña y País Vasco, en el 96 % y el 90 % de los centros estudiados, se informa a las familias de que tienen que pagar la cuota.
Diferencias
Eso sí, en el estudio y en la presentación se intenta dejar claro que “hay muchas concertadas dentro de la concertada”, ha dicho Cid.
El estudio hace una distinción entre los centros en manos de entidades sin ánimo de lucro, como entidades religiosas, y aquellos que están bajo control de sociedades mercantiles, que pueden ser desde cooperativas hasta fondos de inversión extranjeros.
Según han detectado, estas últimas tienen políticas más agresivas de presión hacia las familias, además de que cobran cuotas más elevadas y no hacen demasiado ejercicio de transparencia en relación con las cantidades o su voluntariedad.
