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“Nuestro compromiso es con la calidad, la equidad y el prestigio del sistema universitario español.” Así comenzaba su intervención Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que, por fin, se ha aprobado el Real Decreto (RD) que establece una serie de requisitos para frenar la creación de universidades privadas de dudosa calidad.
La base de este decreto está en la proliferación de centros universitarios en los últimos años, una situación que la ministra ha descrito de forma rápida y sintética. En los últimos 20 años se han creado 24 universidades privadas, hasta alcanzar un total de 46. Las públicas son 50, y su número no ha variado en todo este tiempo.
El alumnado universitario no ha dejado de crecer, hasta alcanzar casi dos millones en la actualidad. Pero mientras que en la universidad pública ha aumentado un 2 % en diez años, en la privada lo ha hecho un 119 %, según los datos ofrecidos por Morant. Hoy, las universidades privadas suponen el 30 % del total del estudiantado, cuando hace una década representaban apenas la mitad.
Según la ministra, esta situación se debe principalmente a la infrafinanciación de las universidades públicas por parte de las comunidades autónomas, lo que impide abrir más plazas y empuja a muchos jóvenes a solicitar préstamos para poder estudiar.
Calidad
A esta problemática se suma el hecho de que muchas universidades han sido autorizadas en los últimos años a pesar de contar con informes desfavorables, emitidos por el personal técnico del Ministerio, con el beneplácito del Consejo General de Política Universitaria.
Por este motivo, a partir de ahora las nuevas universidades deberán contar con un informe vinculante emitido por las agencias de calidad, ya sea la ANECA a nivel estatal o las agencias autonómicas. Como ha recordado Morant, hasta ahora las comunidades autónomas “se lo han saltado a la torera”.
La ministra ha explicado que, desde 2018 —cuando comenzó el primero de los gobiernos de coalición—, el Ministerio ha emitido 25 dictámenes sobre la creación de universidades privadas.De ellos, 13 fueron negativos. A pesar de ello, cuatro proyectos acabaron convirtiéndose en leyes de autorización de otras tantas universidades: una en Madrid, una en Andalucía y dos en Canarias.
A estas se suman cinco más que siguen en tramitación, además de otras cuatro sobre las que la ministra no ha ofrecido información.
El pasado 8 de septiembre, el Ministerio emitió cuatro nuevos informes: tres desfavorables (para dos centros en Madrid y uno en Canarias) y uno favorable con condiciones en Extremadura. Hasta ahora, esta comunidad era una de las pocas sin universidades privadas.
Otros requisitos
Aunque el informe vinculante es probablemente el elemento más determinante —pues puede detener o permitir el procedimiento de creación de una nueva universidad—, el Real Decreto incorpora otros requisitos obligatorios que deberán cumplir las instituciones universitarias a partir de ahora.
Entre ellos, la obligación de destinar al menos el 5 % de su presupuesto a la investigación, así como de obtener un 2 % adicional en fondos externos para el mismo fin.
La ministra ha recordado que la investigación, junto con la docencia y la transferencia de conocimiento, constituye uno de los pilares esenciales de la universidad. De ahí este requisito, especialmente si se tiene en cuenta que el 70 % de la investigación española se realiza en las universidades, y de esa cantidad, el 92 % proviene de las públicas.
Además, al menos el 50 % del profesorado deberá ser doctor, y el 60 % de estos deberá contar con al menos un sexenio de investigación reconocido. También se exige que las nuevas universidades ofrezcan un mínimo de 10 grados, 6 másteres y 3 doctorados distribuidos en al menos tres ramas del conocimiento.
Como ha señalado la ministra, actualmente la mayoría de las universidades privadas concentran su oferta en titulaciones de alta demanda o habilitantes, como Medicina, Derecho o Educación. Asimismo, las universidades deberán contar con al menos 4.500 estudiantes.
Otro requisito destacado es que los equipos directivos de las universidades tengan experiencia contrastada en gestión universitaria, y que los proyectos cuenten con solvencia económica, para evitar riesgos e inseguridad al estudiantado.
Universidades en línea
Las universidades en línea han recibido un tratamiento específico en el decreto.
A partir de ahora, al no tener un carácter estrictamente autonómico, deberán contar con informe favorable de la ANECA y su autorización deberá aprobarse en el Congreso de los Diputados.
De esta exigencia solo quedarán exentas aquellas universidades en las que al menos el 50 % de su oferta formativa se imparta en una lengua cooficial, o que reciban un 20 % o más de financiación pública.
La ministra ha asegurado que con esta modificación del RD de 2021 se conseguirá aumentar la calidad y garantizarla no solo al estudiantado, sino a toda la sociedad.
