Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.
¡Clica aquí y ayúdanos!
El pasado domingo, las universidades públicas andaluzas, desde su colectivo AUPA y de la mano del rector de la Pablo de Oliva de (Sevilla), portavoz del grupo, emitieron un comunicado en el que alertan de la posible inconstitucionalidad del proyecto que aprobó el Consejo de Gobierno del presidente, Juanma Moreno.
El texto comenzará su trámite parlamentario después de recibir las críticas por parte de las y los rectores de las universidades públicas de Andalucía. Las críticas llegan, en primer lugar, por la diferencia entre el primer borrador del texto, aseguran, y lo que finalmente se ha aprobado, dicen que sin consenso de ningún tipo, por parte del Gobierno de Moreno.
“Hemos mantenido un ejercicio de diálogo real y constructivo con la Consejería durante meses», asegura Oliva y se han encontrado con que “el texto actual difiere en aspectos esenciales del que se trabajó de forma conjunta (en 2024), lo que nos obliga a expresar nuestra preocupación ante esta Comisión” de Universidad, Investigación e Innovación del Parlamento andaluz.
Desde AUPA entienden que el texto finalmente aprobado puede suponer una gran injerencia en la autonomía universitaria y recuerdan que esta está recogida en la Constitución. Señalan, entre otras cosas, el hecho de que los puestos de trabajo del personal docente y de administración tenga que ser aprobado por una Orden de la Consejería.
También critican en su comunicado que la ley pretenda imponer un número máximo de integrantes de órganos colegiados como Claustro, Consejo de Gobierno, centros y departamentos puesto que, dicen, la LOSU reserva esta competencia a los estatutos de cada centro.
Al igual que ocurre con la ley madrileña, la administración pública andaluza pretende imponer importantes criterios de vigilancia sobre las finanzas de sus universidades. Para ello prevé la figura de un interventor externo perteneciente a cuerpos específicos de las Administraciones públicas. “Las universidades ya contamos con un sistema de control económico riguroso, independiente y sometido además al escrutinio de Consejos Sociales, auditorías externas y la Cámara de Cuentas”, asegura Oliva según recoge el comunicado de AUPA.
A esta posible injerencia, se suma nuevas funciones de los Consejos Sociales «que exceden lo establecido en la normativa estatal» o la mayor dependencia del Ejecutivo autonómico que pasaría por la aprobación de planes plurianuales de financiación.
“La ley que entre en vigor debe poder perdurar; para eso debe respetar la autonomía universitaria y ajustarse al marco estatal”, ha insistido Oliva.
Para José Luis Martos, responsable de Univeridad en la Federación de Enseñanza de CCOO en Andalucía asegura que la situación es muy mala. relata que desde 2019 se vienen movilizando para reclamar más y mejor financiación, denunciar los incumplimientos de acuerdos de financiación que el Ejecutivo de Juanma Moreno no para de realizar, asegura, o denunciando, ahora, que la LUPA tiene elementos que creen inconstitucionales y que, por tanto, no descartan ir a los tribunales si el redactado no cambia.
La ley se estuvo negociando con agentes sociales y universidades hasta octubre de 20424. Desde entonces no se ha vuelto a saber de ella hasta casi ahora, momento en el que ya se encuentra en el Parlamento andaluz sin que haya pasado por el Consejo Económico y Social autonómico, denuncia Martos, y con un trámite de urgencia que podría terminar este mismo mes de diciembre, con las navidades de por medio.
Y lo hace, como denuncian desde los rectorados, con un redactado muy diferente al que aprobaron en su momento. Algunos docentes de la universidad pública, así como el propio Martos, afean a las y los rectores que no sean más beligerantes con la Junta a la hora de presionar para que las condiciones de las nueve universidades públicas se mantengan.
Martos ve clara la hoja de ruta de la Junta, muy similar a la de Madrid. Detraer recursos de la universidad pública para que haya un trasvase de estudiantes y docentes hacia la privada. Hoy día hay cinco universidades privadas funcionando. A esto se suma que se aprueban titulaciones en estos centros que ya existen en las públicas pero a estas no se les da recursos ni posibilidad de aumentar plazas. Esto supondrá el trasvase de estudiantes a la privada que, además, podrán recibir becas públicas. Y para cerrar el círculo, el problema del profesorado. Martos explica que las universidades de Jaén, Almería y Granada han conocido vía presupuestos generales que tendrán menos dinero para personal en 2026 del que tuvieron en 2025. Implica despidos o que no se cubran las jubilaciones, en cualquier caso, menos personal.
Para Martos la ley no es más que fijar sobre el papel la hoja de ruta del Gobierno andaluz. Y una de las pruebas es que, como en Madrid, se prevé que «al menos», el 25 % de la financiación tendrán que buscarla en el sector privado. Este al menos puede implicar que ese porcentaje sea cualquiera otro superior.
El líder sindical recuerda, además, que en 2024, cinco universidades públicas terminaron con déficit el año y la previsión para este es que sean todas ellas.
Cinco días de huelga en la UMA
La situación con la nueva ley y, sobre todo, el incumplimiento de los compromisos de financiación de la Junta con las y los rectores han llevado al consejo de estudiantes de la Universidad a Decretar cinco días de paro académico como protesta y presión para revertir la situación.
El mes pasado, AUPA ya había denunciado que en los presupuestos de 2026 faltaban 20 millones de euros de la financiación comprometida inicialmente con la Junta. Hace un año también estaban pendientes de recibir otros 25 millones que les debía transferir la administración pública.
El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Málaga (CEUMA) asegura que la infrafinanciación que sufre este centro desde 2018, año de la llegada de Juanma Moreno a la presidencia de la Junta, es sistemático. «Esta situación no (es) un problema puntual, sino una crisis estructural que compromete el presente y el futuro de nuestra universidad», aseguraron en la petición del paro de cinco días que se celebra toda esta semana.
José Luis Martos asegura que la situación de la UMA es grave en tanto en cuanto hace algún tiempo le dieron un crédito para pagar a ciertas constructoras, 21 millones de euros que han den devolver con intereses, aunque en su momento, explica, se vendió como una especie de salvamento de la Junta a la Universidad.
Pero este crédito, además del cobre de intereses impone, explica Martos, que la Universidad tenga que hacer un recorte de 12 millones en los siguientes tres años en el capítulo uno, es decir, en personal.
Esta situación ha supuesto que falte dinero para el mantenimiento de los edificios o para cosas como los folios. no hay personal suficiente, bajas que no se cubren en tiempo y forma. Todo ello explica la protesta estudiantil .
