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Escribir de educación con el foco en 2026 nos sitúa en un tiempo bisagra. No estamos ya en la fase aguda de la crisis provocada por la pandemia, aunque tampoco hemos salido de sus efectos graves. Los sistemas educativos en la región latinoamericana transitan una etapa ambigua: se recuperaron rutinas escolares, mejoraron indicadores y dinámicas institucionales, pero persisten desigualdades, déficits de aprendizaje y el desgaste de quienes sostienen la tarea educativa.
A cuatro años del plazo fijado por la Agenda 2030, el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, aparece como uno de los más rezagados. Los informes internacionales coinciden: sin una aceleración decidida, no se alcanzarán las metas. Sin embargo, reducir el análisis a una narrativa de fracaso sería tan impreciso como injusto. Hay avances, innovaciones y aprendizajes dignos de reconocimiento.
El desafío, entonces, no es solo técnico o financiero, sino en esencia político y cultural: ¿qué tipo de educación necesitamos para un mundo que cambia más rápido que las instituciones?, ¿qué se ha aprendido de las crisis recientes?, ¿cómo evitar que la retórica de la innovación o de la digitalización oculten problemas estructurales?
Avances reales y desiguales
En términos de acceso y cobertura, el balance de la primera mitad de la década pinta claroscuros. En América Latina, la educación inicial y primaria mantienen tasas relativamente altas de escolarización, y en varios países se han logrado avances en la universalización del acceso a la secundaria.
También es justo reconocer progresos en materia normativa y de políticas públicas alineadas con los ODS: mayor reconocimiento del enfoque de derechos en educación; incorporación explícita de la inclusión, equidad de género y atención a la diversidad en marcos curriculares; expansión, aunque desigual, de programas de digitalización; creciente centralidad del discurso sobre bienestar socioemocional y salud mental en las escuelas.
En el plano pedagógico, la pandemia forzó una apertura —a veces improvisada— hacia modelos de enseñanza más flexibles, formas nuevas de evaluación y una reconsideración del vínculo entre escuela, familia y comunidad. En no pocos contextos, docentes y centros educativos demostraron una capacidad de adaptación notable, generando experiencias innovadoras que enriquecieron el acervo pedagógico.
Estos avances conviven con límites evidentes. La pregunta clave no es solo qué se ha hecho, sino a qué escala, con qué sostenibilidad y para quiénes.
El gran déficit: aprendizajes, desigualdad y sentido
Uno de los datos más preocupantes de cara a 2026 es el llamado “rezago de aprendizajes”. Evaluaciones nacionales e internacionales muestran pérdidas significativas en competencias fundamentales —lectura, escritura, matemáticas— en especial entre estudiantes de contextos desfavorecidos. América Latina enfrenta un desafío mayúsculo: el cierre prolongado de escuelas (por la pandemia, violencia y fenómenos naturales), sumado a brechas digitales y condiciones de vida precarias, dejaron huellas marcadas.
El problema no se reduce a “lo que no se aprendió” del currículum. Hay una dimensión más profunda y menos visible: la erosión del sentido de la experiencia escolar. Muchos estudiantes y docentes padecen una escuela que no dialoga con sus expectativas, con el mundo en transformación, ni con los desafíos sociales y ecológicos del presente.
Aquí emerge una tensión central hacia el porvenir: sistemas educativos organizados con lógicas del siglo XX intentan responder a problemas del XXI. Por eso, los redactores del informe internacional más reciente de la Unesco afirman que el contrato social que reguló la educación el siglo pasado es obsoleto y urge “reimaginar juntos nuestros futuros”.
El profesorado en el centro: retórica y desgaste
Ningún análisis serio sobre el futuro de la educación puede soslayar la situación del profesorado. Los ODS reconocen la necesidad de contar con docentes cualificados, motivados y bien apoyados. No obstante, la realidad muestra una brecha considerable entre el discurso y las condiciones efectivas.
En América Latina, los docentes enfrentan salarios insuficientes, sobrecarga administrativa, escaso acompañamiento pedagógico y una creciente presión por resultados.
La pandemia visibilizó un síntoma latente: la centralidad del trabajo docente y, al mismo tiempo, su vulnerabilidad. Frente a 2026, el reto es complejo: formar mejor a los docentes y cuidar su bienestar, reconocer su autonomía profesional y devolverles un lugar central en la construcción de las políticas educativas.
Sin una política decidida de fortalecimiento docente, el cuarto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible será una promesa incumplida.
Digitalización sostenible: ¿palanca de equidad o factor de exclusión?
La transformación digital ocupa un lugar protagónico en los debates actuales. Plataformas, inteligencia artificial, analítica de datos, aprendizaje personalizado: el vocabulario de la innovación se instaló con fuerza retórica.
No obstante, es imprescindible una mirada crítica. La digitalización puede ampliar oportunidades de aprendizaje, diversificar recursos y facilitar la permanencia en contextos adversos; también, exacerbar fracturas.
El acceso desigual a dispositivos, conectividad y competencias digitales es un problema estructural en zonas amplias de América Latina. Además, la adopción acrítica de infotecnologías entraña riesgos pedagógicos y éticos.
Es evidente que la educación debe incorporar tecnología —eso es ya un hecho—, las preguntas son: bajo qué principios, con qué regulación y al servicio de qué proyecto educativo. Los ODS ofrecen un marco valioso: la tecnología como medio para la inclusión y la calidad, no como fin en sí misma.
Por otro lado, cuando el discurso sobre sostenibilidad está más vigente que nunca, la educación para el desarrollo sostenible ocupa un lugar marginal en muchos sistemas educativos. El ODS 4.7 plantea la necesidad de formar ciudadanos capaces de promover el desarrollo sostenible, la paz, los derechos humanos y la ciudadanía global. Frente a 2026, este es uno de los grandes pendientes. En América Latina, como en España, la educación ambiental y la formación ciudadana suelen quedar relegadas a proyectos aislados, sin una integración profunda en el currículum y la cultura escolar.
Formar para la sostenibilidad exige replantear el sentido mismo de la educación: qué conocimientos consideramos valiosos, qué capacidades necesitamos para vivir en sociedades complejas (inciertas, líquidas) y qué valores queremos promover.
¿A dónde mirar en 2026? Algunas claves
El escenario educativo de 2026 no admite soluciones simples ni recetas universales. Sin embargo, algunas orientaciones parecen ineludibles si se pretende avanzar, aunque sea con lentitud, hacia los objetivos del 2030:
- Priorizar la equidad como criterio rector, no como política compensatoria marginal.
- Invertir de manera sostenida en educación, incluso en contextos de restricción financiera.
- Recentrar la política educativa en los aprendizajes profundos, más allá de la lógica centrada en evaluaciones de corte reduccionista.
- Fortalecer la profesión docente desde la formación inicial hasta el bienestar laboral.
- Integrar la sostenibilidad, la ciudadanía y la ética como ejes estructurales del currículum.
- Escuchar más a las comunidades educativas y menos a las modas tecnocráticas.
A modo de cierre: entre la urgencia y la esperanza
Analizar América Latina no implica comparar para competir ni elaborar rankings, sirve para dialogar y aprender. Nuestros contextos comparten desafíos comunes y también oportunidades de cooperación, reflexión y acción conjuntas.
La educación es una de las herramientas más poderosas para construir sociedades justas, democráticas y sostenibles. Se reconoce pero es insuficiente con declararlo: falta voluntad política, inversión y una mirada crítica que no permute avances parciales y soluciones duraderas.
Los ODS 2030 son un llamado ético universal, no una lista de metas burocráticas. El tiempo es escaso, pero es posible reorientar el rumbo. De lo contrario, 2026 será otra oportunidad perdida, no el inicio de una recuperación educativa promisoria.
La pregunta, en última instancia, no es si debemos transformar la educación, sino si podemos permitirnos no hacerlo.
