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En pocos años, las escuelas han pasado de elegir sus herramientas digitales a acostumbrarse a lo que las grandes corporaciones tecnológicas ponen sobre la mesa. Servicios educativos empaquetados, soluciones “gratuitas” en la nube, plataformas de gestión del aprendizaje y ahora sistemas basados en inteligencia artificial se despliegan en los centros como si fueran un destino inevitable. La lógica es conocida: los recursos son limitados, las administraciones buscan “eficiencia” y las empresas ofrecen respuestas rápidas y completas. Pero el precio de esa aparente comodidad es alto: cada vez hay menos margen real para que los centros decidan cómo quieren organizar su vida digital y más dependencia de infraestructuras, contratos y lógicas de negocio que casi nadie en la escuela ha podido discutir en serio y con profundidad.
La digitalización escolar como proceso impuesto
En algunas investigaciones recientes hemos evidenciado cómo equipos directivos, docentes, alumnado y familias viven esta digitalización más como una sucesión de decisiones tomadas lejos de la escuela que como un proyecto pedagógico propio. Las herramientas se adoptan sin tiempo para preguntarse qué datos recogen, cómo afectan a la privacidad de niños y niñas, qué tipo de identidad digital contribuyen a construir o qué idea de aprendizaje refuerzan. La innovación aparece así como una cadena de actualizaciones obligatorias: hoy un nuevo entorno virtual, mañana un sistema de evaluación en línea, pasado mañana un asistente de IA para “personalizar” tareas. La pregunta por lo que la escuela quiere ser en la construcción de la sociedad digital queda desplazada por la urgencia de adaptarse.
Ante este escenario, hablar de agencia y de soberanía digital en las escuelas no es un lujo teórico: es cada vez más una necesidad política y educativa. En términos generales, la agencia remite a la capacidad de las personas y colectivos para interpretar su contexto, tomar decisiones y actuar sobre él. En línea con lo manifestado por Biesta et al. (2014), no se trata solo de “hacer cosas”, sino poder definir qué problemas merecen atención, qué alternativas existen y qué futuro se quiere construir. Cuando esa capacidad se reduce a obedecer instrucciones de plataformas diseñadas por otros, la escuela pierde agencia.
En los últimos años hemos trabajado el concepto de agencia transformadora para referirnos a aquellas formas de acción que no solo se adaptan a las condiciones existentes, sino que buscan modificarlas de raíz, abriendo posibilidades nuevas para la vida común. En un reciente trabajo, la hemos definido como un repertorio de prácticas que permiten a los y las estudiantes participar en procesos de cambio socioeducativo en diálogo con sus comunidades, conectando la experiencia escolar con proyectos de transformación más amplios.
Agencia transformadora en el ecosistema digital
Llevado al terreno digital, podríamos hablar de agencia transformadora digital cuando docentes, estudiantes y comunidades educativas dejan de ser consumidoras pasivas de plataformas para convertirse en sujetos capaces de cuestionar, reconfigurar y, cuando es necesario, disputar las infraestructuras que organizan su vida digital. No se trata solo de “usar bien” las tecnologías, sino de poder decidir qué tecnologías tienen sentido, bajo qué condiciones y con qué fines. La pregunta clave ya no es “cómo integrar tal plataforma en el aula”, sino “qué tipo de ecosistema digital necesitamos para educar a la ciudadanía que queremos para el futuro”.
Aquí se cruza el segundo concepto: la soberanía digital. En el ámbito educativo, hablar de soberanía digital no es únicamente hablar de servidores propios o de software libre (aunque eso importa), sino de quién define las reglas de juego de la digitalización de la escuela. Recientemente Jacovkis y Parcerisa (2025) han propuesto un marco analítico que vincula plataformas, datificación y nueva gobernanza de la educación, mostrando cómo la expansión de las corporaciones tecnológicas reconfigura quién manda, quién decide y quién se beneficia en los sistemas educativos. La soberanía digital, en este sentido, tiene que ver con la capacidad de los poderes públicos y de las comunidades educativas para controlar las infraestructuras, los datos y las normas que organizan la vida digital de los centros, de acuerdo con los derechos de la infancia y con el mandato de la educación pública.
Riesgos para la democracia y los derechos de la infancia
Por tanto, si las escuelas trabajan con infraestructuras opacas, cuyos términos de uso se negocian entre gobiernos y empresas sin participación social; si los datos del alumnado se utilizan para mejorar productos comerciales; si las alternativas públicas o comunitarias apenas existen o llegan tarde; entonces la soberanía digital está seriamente comprometida. Y, con ella, la posibilidad de que la escuela ejerza su función democrática.
¿Qué significaría, entonces, entrar en 2026 con más agencia y soberanía digital en las escuelas? Podemos, al menos, imaginar tres acciones complementarias.
La primera pasa por reconocer que la digitalización no es un asunto puramente técnico, sino una cuestión de proyecto educativo y de derechos. Eso exige políticas públicas que vayan más allá de comprar dispositivos y contratar suites corporativas. Hablamos de procesos participativos en los que docentes, estudiantes y familias puedan deliberar sobre qué herramientas se adoptan, bajo qué condiciones y con qué garantías de protección de datos, transparencia y rendición de cuentas.
La segunda acción consiste en construir capacidades dentro de los centros. No basta con “sensibilizar” al profesorado: es necesario generar tiempos, recursos y equipos que puedan revisar críticamente contratos, términos de uso, flujos de datos y efectos pedagógicos de las plataformas. Aquí la idea de agencia transformadora digital cobra fuerza: los centros necesitan espacios de reflexión y acción donde aprender a decir no, a exigir cambios o a buscar alternativas cuando las soluciones ofrecidas chocan con sus principios.
La tercera acción tiene que ver con el ecosistema social y político más amplio. La soberanía digital educativa no se construye solo desde dentro de la escuela. Requiere alianzas con movimientos sociales, sindicatos, organizaciones por los derechos digitales y redes académicas que ya están pensando alternativas: desde infraestructuras públicas y comunitarias hasta marcos regulatorios que limiten el poder de las plataformas y obliguen a respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Digitalización y proyecto democrático de la educación pública
Más agencia y más soberanía digital en las escuelas no implica tomar distancia de la tecnología, sino reconocerla como un ámbito central de deliberación y disputa democrática. Las decisiones que hoy se adoptan sobre qué infraestructuras digitales se incorporan a los centros, qué datos se generan y circulan y con qué finalidades se utilizan están configurando ya las formas de ciudadanía digital del presente y del futuro. Cuando estas decisiones quedan en manos de actores que solo rinden cuentas ante sus accionistas, se vacía de contenido una parte sustantiva del encargo democrático de la educación pública.
El año 2026 puede pasar a la historia como un curso más de automatismo digital o, por el contrario, marcar el inicio de un desplazamiento colectivo en el que nos preguntemos, de manera explícita, quién debe gobernar la digitalización escolar y bajo qué principios éticos, pedagógicos y políticos queremos hacerlo.
Referencias
Biesta, G., Priestley, M., & Robinson, S. (2015). The role of beliefs in teacher agency. Teachers and Teaching, 21(6), 624–640. https://doi.org/10.1080/13540602.2015.1044325
Erstad, O., Miño-Puigcercós, R., & Rivera-Vargas, P. (2025). Paths towards transformative agency–Creating repertoires for socio-educational change. Acta Psychologica, 255, 104894. https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2025.104894
Jacovkis, J., & Parcerisa, L. (2025). Plataformas, datificación y nueva gobernanza de la educación: Un marco analítico sobre la soberanía digital. Revista Española de Educación Comparada, 49, 536–554.
