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El primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) se ha consolidado como una etapa clave para el desarrollo temprano, la igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida familiar y laboral. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid, su despliegue sigue marcado por una tensión estructural entre el refuerzo de la red pública y una fuerte inversión en mecanismos de financiación de la oferta privada, principalmente a través de tarjetas-monedero y convenios.
Becas a la privada: un modelo que no responde a las necesidades reales
En el curso 2024-2025, la Comunidad de Madrid volvió a convocar becas para la escolarización en centros privados de primer ciclo de Educación Infantil. Tras la concesión, se registraron 934 renuncias, por un importe total de 1.806.519 euros, casi dos millones de euros de fondos públicos no utilizados.
Este dato, lejos de ser anecdótico, debería ser objeto de un análisis profundo. No solo pone de manifiesto que el sistema de becas no responde a las necesidades reales de las familias, sino que evidencia las limitaciones de un modelo basado en subvencionar la demanda privada en lugar de garantizar una oferta pública suficiente, accesible y estable.
En julio de 2024, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Comunidad de Madrid anunció la creación de cinco nuevas escuelas infantiles públicas, todas de titularidad autonómica, con 12 unidades cada una:
- Conde Niño (Vicálvaro)
- Juan Latino (Villaverde)
- Mudarra (Hortaleza)
- Preciosa (Villa de Vallecas)
- Mowgli (Arganzuela)
Estas cinco escuelas, que supusieron la creación de 930 plazas públicas, implicaron una inversión de 8,8 millones de euros, dentro de un gasto total aproximado de 17 millones. Aunque positiva, esta ampliación resulta claramente insuficiente si se compara con el volumen de recursos destinados anualmente a financiar la escolarización privada.
Durante el curso 2023-2024, la red pública de Educación Infantil en Madrid estaba compuesta por 396 centros, entre Escuelas Infantiles y Casas de Niños, de titularidad autonómica y municipal. Sin embargo, solo 57 Escuelas Infantiles autonómicas se gestionan de manera directa, siendo las únicas plenamente públicas. El resto funciona mediante gestión indirecta o contratos de servicios, lo que limita la capacidad de planificación y control público.
A esta estructura se suma una amplia red privada, con 44 centros con convenio para el sostenimiento del primer ciclo y 634 centros privados no concertados, que absorben una parte muy significativa de la demanda.
Convenios y prórrogas: la financiación estructural de la privada
De forma paralela a las becas, la Comunidad de Madrid mantiene y prorroga convenios con centros privados para el funcionamiento del primer ciclo de Infantil. En julio de 2025 se firmaron diversas adendas de prórroga por cuatro cursos académicos, hasta 2029, con centros como San Roque, San Simón y San Judas o Cuna de Jesús, reforzando un modelo de financiación pública de centros privados de carácter estable.
Becas más allá de Infantil: una estrategia transversal
La Orden 572/2025, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones 2025-2028, confirma que esta política no se limita al primer ciclo de Infantil. El Gobierno regional prevé destinar cada año:
- 67,3 millones de euros a becas de Infantil 0-3 en centros privados
- 43,5 millones de euros a becas de Bachillerato en centros privados
- 30,6 millones de euros a becas de Formación Profesional en centros privados
Estas cifras consolidan una estrategia global de financiación de la enseñanza privada, también en etapas no obligatorias, mientras la red pública sigue sin cubrir toda la demanda existente. Desarrollaremos este tema un poco más avanzado el artículo.
Escolarización y desequilibrios persistentes
Más del 40% del alumnado del primer ciclo sigue escolarizándose en centros privados, un dato que cuestiona la capacidad del sistema público para garantizar el acceso universal en condiciones de equidad.
Desde la FAPA Francisco Giner de los Ríos consideramos que el debate no puede centrarse únicamente en si las becas se utilizan o no. La cuestión de fondo es qué modelo educativo se está construyendo y qué papel se reserva a la red pública.
Invertir de manera prioritaria en becas y convenios con la privada, en lugar de reforzar la gestión pública directa, condiciona el desarrollo del sistema educativo desde su base, incrementa la desigualdad territorial y social, y debilita la capacidad de planificación a largo plazo.
El primer ciclo de Educación Infantil no debería depender de la capacidad de las familias para adelantar pagos, elegir entre una oferta desigual o asumir sobrecostes. La universalización del 0-3 pasa, necesariamente, por una apuesta decidida por una red pública suficiente, estable y de gestión directa, acompañada de una evaluación rigurosa de las políticas actuales.
Becas a la enseñanza privada o cheques en Bachillerato y FP: una política estructural de financiación indirecta
En los últimos años, la Comunidad de Madrid ha consolidado un sistema de becas/cheques dirigidos al alumnado que cursa Bachillerato y Formación Profesional en centros privados, presentado “oficialmente” como una medida de apoyo a las familias. Sin embargo, un análisis detallado de su diseño, alcance presupuestario y evolución revela que estas ayudas forman parte de una estrategia estructural de financiación indirecta de la enseñanza privada, con importantes implicaciones para la red pública.
En 2019 la FAPA Giner de los Ríos presentó un recurso contencioso-administrativo contra la Orden 373/2019, que regulaba el llamado cheque bachillerato en la Comunidad de Madrid. La denuncia se centró en que la norma se aprobó sin consultar al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, pese a ser un trámite legalmente preceptivo, y sin participación pública previa, vulnerando la normativa sobre elaboración de disposiciones generales. Además, el sistema excluía a los centros públicos y beneficiaba de forma clara a centros privados-concertados, generando un agravio comparativo y una desviación de fondos públicos.
La FAPA sostuvo también que el cheque funcionaba como un concierto encubierto en una etapa no obligatoria (Bachillerato), algo que la legislación educativa solo permite de forma singular y excepcional, y denunció la falta de motivación suficiente para justificar esa discriminación hacia la enseñanza pública.
La sentencia no entró a fondo en la mayor parte de estos argumentos. El tribunal no cuestionó el modelo del cheque bachillerato ni su impacto sobre la escuela pública, ni valoró de manera sustantiva la acusación de fraude de ley o el desvío de fondos. En la práctica, evitó pronunciarse sobre el fondo del debate educativo y político planteado en la demanda.
Es decir, aunque la FAPA puso sobre la mesa cuestiones clave como la participación democrática, igualdad, transparencia y defensa de la enseñanza pública, la resolución judicial no dio una respuesta clara ni completa a esas críticas, dejando sin resolver el núcleo del problema que se denunciaba: si el cheque bachillerato es un instrumento justo, legal y equitativo para el sistema educativo madrileño. Este vacío es precisamente lo que hoy sigue siendo relevante recordar cuando el debate sobre los cheques educativos vuelve a plantearse.
En 2026, el cheque bachillerato ya no puede presentarse como una medida coyuntural. Tras varios años de aplicación, el modelo se ha consolidado sin que se hayan corregido los déficits señalados desde su origen: ausencia de debate real en el Consejo Escolar, falta de evaluación pública y transparencia, y un impacto desigual sobre el sistema educativo. La experiencia acumulada confirma que el desvío continuado de fondos públicos hacia centros privados-concertados convive con carencias persistentes en el Bachillerato público, especialmente en oferta de plazas y recursos. Las advertencias formuladas por la FAPA en 2019 no fueron respondidas en el fondo por la sentencia y, a día de hoy, siguen plenamente vigentes, ya no como hipótesis, sino como una realidad contrastada.
Un volumen presupuestario creciente y sostenido
El Plan Estratégico de Subvenciones 2025-2028, aprobado mediante la Orden 572/2025, de 27 de febrero, prevé una inversión anual de gran magnitud en estas líneas de ayuda:
- 43,5 millones de euros anuales en becas para el estudio de Bachillerato en centros privados, con una estimación de 16.809 beneficiarios por curso, distribuidos en 330 centros privados.
- 30,6 millones de euros anuales en becas para enseñanzas de Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior (Grado D) en centros privados autorizados, con una previsión de 12.913 becas anuales.
Estas cifras sitúan a Madrid entre las comunidades con mayor volumen de fondos públicos destinados a la subvención de la escolarización privada en etapas postobligatorias, en detrimento de la inversión directa en la red pública.
Etapas no obligatorias, decisiones políticas
La Formación Profesional ha sido identificada como un eje estratégico para la empleabilidad juvenil y la transformación productiva. Sin embargo, la apuesta en Madrid por becas a la privada en FP plantea interrogantes relevantes.
La coexistencia de una red pública con dificultades para ampliar plazas en determinados ciclos y una financiación creciente de centros privados a través de becas está contribuyendo a segmentar el acceso al sistema educativo. Se consolida así un modelo en el que la elección de centro depende en gran medida de la capacidad económica de las familias, incluso cuando existen ayudas públicas que no cubren la totalidad del coste y cuya resolución llega con el curso ya iniciado, dejando a muchas familias obligadas a adelantar pagos que, en numerosos casos, no pueden asumir.
En Formación Profesional, no basta con que existan plazas, es importante dónde están y qué especialidades se ofertan.
La red pública puede planificarse: la administración decide abrir ciclos concretos en zonas donde hacen falta (por ejemplo, sanidad, cuidados, industria, informática… según el tejido productivo).
El sistema de becas a la privada no permite esa planificación, porque los centros privados deciden qué ciclos ofrecen, dónde se implantan, y lo hacen según criterios de rentabilidad, no de necesidad social o territorial.
Por ejemplo, en la familia profesional de Sanidad en la oferta pública en la que habitualmente no se cubre la demanda existente, en el primer curso de Formación Profesional de Grado Medio, se realizaron 6.152 solicitudes de las que sólo consiguieron matricular 4.421 solicitantes. Sin embargo, en la oferta privada, matricularon 7.454 alumnos/as en el curso 2023-2024.
La oferta educativa se repartía entre 36 centros privados (Alcalá de Henares, 3 en Alcorcón, Arganda, Brunete, Casarrubuelos, Ciempozuelos, Galapagar, Humanes, Las Rozas, 2 en Leganés, 14 en Madrid ciudad, Moralzarzal, Rivas-Vaciamadrid, Pinto, 3 en San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Valdemoro y Villarejo de Salvanés) frente a 13 centros públicos (Algete, Arganda, Collado Mediano, Fuenlabrada, 5 en Madrid ciudad, Móstoles, Parla, Pozuelo de Alarcón y San Lorenzo de El Escorial).
Seguridad y Medio Ambiente, Técnico en Emergencias y Protección Civil sólo tiene oferta privada en tres centros en nuestra región, en total en esta rama escolarizaron 197 solicitantes en primer curso de Grado Medio.
Bachillerato: financiación pública sin corresponsabilidad
En el caso del Bachillerato, la financiación pública de centros privados mediante becas se produce en un contexto en el que la red pública sigue asumiendo la escolarización mayoritaria, pero con problemas estructurales de ratios, recursos y orientación educativa.
En Bachillerato en Régimen Ordinario, según los datos de la Comunidad de Madrid, nos encontrábamos con 2.013 unidades en pública, 1.826 en privada y 260 en concertada en el curso 2023/2024. La oferta privada creció, desde 2021 en 127 unidades, la concertada aumentó en 3 y la pública descendió en 4.
Es importante destacar que el Bachillerato en Régimen de Adultos, en el mismo curso de referencia, sólo encontramos 83 unidades en pública, con un descenso de 63 unidades desde 2021.
En general, la red pública escolariza a la mayor parte del alumnado con necesidades educativas especiales. Así lo recoge el Informe del Sistema Educativo de la Comunidad de Madrid 2025, elaborado por el Consejo Escolar, que indica que el 55,7% del alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a trastorno grave de conducta está escolarizado en centros públicos, frente al 44,3% que lo hace en centros concertados y privados. Esta pauta se mantiene en todas las etapas educativas, con una única excepción significativa en Bachillerato, donde, de los 28 alumnos identificados, el 82,1% está matriculado en centros privados no concertados.
Este dato no puede interpretarse como una mayor capacidad inclusiva de la privada, sino como un reflejo de las limitaciones estructurales de la red pública en una etapa no obligatoria, que no dispone de suficientes recursos, plazas y apoyos para atender adecuadamente a todo el alumnado, mientras se siguen destinando fondos públicos a financiar la escolarización privada.
Las becas de Bachillerato y Formación Profesional no pueden analizarse de forma aislada. Encajan en un patrón de política educativa que ya se observa en el primer ciclo de Educación Infantil: priorizar la financiación de la privada frente a la inversión directa en red pública, también en etapas no obligatorias.
Este enfoque tiene efectos acumulativos: debilita la capacidad de la administración para planificar a medio y largo plazo, fragmenta el sistema educativo y consolida desigualdades sociales y territoriales.
Una reflexión necesaria sobre el modelo educativo
Desde una perspectiva educativa y social, la cuestión central no es si las becas benefician individualmente a determinadas familias, sino qué modelo de sistema educativo se está construyendo con fondos públicos.
La expansión de becas a la privada en Bachillerato y Formación Profesional plantea la necesidad de reabrir el debate sobre las prioridades educativas, la función de la red pública y el uso de los recursos comunes. Reforzar la educación pública en estas etapas con más plazas, mejor orientación, mayor diversidad de itinerarios y condiciones de aprendizaje equitativas, debería ser el eje de cualquier política que aspire a garantizar igualdad de oportunidades.
La decisión entre invertir en sistema o subvencionar mercado no es neutra: define el presente y el futuro del derecho a la educación en la Comunidad de Madrid.
