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«La democracia puede morir por la renuncia al conflicto moral que implica defender sus principios». Todorov, Los enemigos íntimos de la democracia
El pasado viernes 16 de enero un grupo de profesores acompañamos al alumnado de 4º de la ESO y bachillerato al visionado de la película de Vicent Monsonís, La invasió dels bàrbars”
Se trataba de una actividad interdisciplinar entre los departamentos Valenciano y Sociales, si bien la memoria histórica es un proyecto ya consolidado en el centro. Son luchas que deben integrarse plenamente, no meros parches o actividades complementarias por las que pasar de puntillas.
El próximo viernes 30, recibiremos al arqueólogo Felipe Mejías, que lleva años al frente de las excavaciones del campo de concentración de Albatera (Alicante) para que ilustre a nuestro alumnado sobre el sentido y relevancia de su trabajo. Y no he utilizado el término ilustrar a la ligera.
Pienso que la arqueología forense y contemporánea es una luz imprescindible para los historiadores de hoy y, sobre todo, de mañana. Cuando acaba el terror, alguien tiene que poner orden, investigar lo que pasó y arrojar la verdad a la palestra.
Eso mismo es lo que se respira en la película de Monsonís, verdad y justicia para con los asesinados y silenciados que aún hoy algunos se niegan a reconocer y dignificar, revictimizando a sus familiares ad aeternum.
Un descalabro democrático que los profesores que estamos en primera línea en la defensa de la memoria tratamos de amortiguar, no sin dolor, pues como dice Esperanza Andreu, una de las protagonistas del film, “la guerra no acabará mientras se siga persiguiendo a los vencidos” -a lo que yo añadiría hoy: o deshonrando su memoria-.
La memoria democrática como derecho educativo
Conocer la memoria democrática es un derecho del alumnado. Defenderla, es una obligación del sistema educativo. Así lo entiende la LOMLOE (2020), que incorporó de manera explícita la educación en valores democráticos, derechos humanos y pensamiento crítico como pilares del currículo (apartados I y II del Preámbulo, artículo 1.c y 1.k y artículo 2.e).
Sin embargo, desde hace meses, varias administraciones autonómicas han paralizado formación docente relacionada con la memoria democrática, el franquismo y la transición (un derecho este, a la formación, reconocido en el artículo 102 de la citada ley). Estamos asistiendo, pues, a un retroceso que vulnera claramente la ley, puesto que no se garantiza una formación integral ni mucho menos se respalda al profesorado comprometido con la memoria democrática de este país.
La censura institucional a la formación del profesorado
En septiembre de 2025, la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, retiró un curso de formación dirigido al profesorado titulado “Abordar el franquismo y la memoria democrática en las aulas”, que había sido publicado en la plataforma de formación docente e, incluso, abierto al periodo de inscripción. Lo hizo a pesar de las advertencias del Gobierno, reemplazándolo por otros contenidos y justificando su retirada por supuestos sesgos ideológicos.
Pero es que aquí, en la Comunitat Valenciana, no lo llevamos mejor, marcados además por la mal llamada “concordia” que vino a pisotear la Ley Valenciana de Memoria de 2017.
El último episodio ha tenido lugar en Cullera, donde la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació ha decidido finalmente no homologar como formación permanente del profesorado unas jornadas de memoria democrática que tenían previsto celebrarse los días 30 y 31 de enero de 2026.
Empezamos bien el año, compañeros y compañeras, viendo atropellados nuestros derechos a recibir formación en aspectos claramente reflejados en el currículo. Pero es que ya dimos la bienvenida al verano de la misma guisa, con la negativa a reconocer dos cursos aprobados previamente sobre “Fascismo histórico y didáctica del franquismo y la transición”, impulsados por la Universidad de Valencia y el Cefire de Gandía. Es ver la palabra franquismo al lado de fascismo y se paralizan, oye, como si fuera un descubrimiento reciente.
Desde la comunidad educativa, las universidades y las entidades memorialistas llevamos todos estos meses denunciando la práctica recurrente de obviar la memoria democrática en el sistema -ya per se con muchas carencias- de formación del profesorado.
Esto significa, según dicta la propia LOMLOE, que se está vetando el conocimiento de la historia de los derechos humanos, ¿o acaso no fue la represión franquista sujeto activo de la violación de tales derechos?, ¿Alguien se atreve, de verdad, en su sano juicio, a negar este hecho a día de hoy? Pues para nuestro estupor y vergüenza, parece que Educación sí.
Ahora bien, no nos equivoquemos, esto no es desconocimiento: la derecha sabe bien cómo jugar sus cartas, las del olvido. Algunas instituciones llevan más de 80 años entrenando, con total impunidad. No les culpemos, tienen otras prioridades, como los toros; o puede que estén preparando una versión remasterizada de la sección femenina, nunca se sabe por dónde nos puede salir Educación cuando cae en manos de ignorantes.
Arrinconar la memoria
La cosa tiene tela, pues ante los requerimientos de los organizadores, aquí o acullá, han contestado lo mismo: que la formación en cuestión no entra dentro de las líneas estratégicas de formación docente -me pregunto cuáles serán estas líneas- y se atreven a añadir que “coincide con otros contenidos similares ya planificados”. Es de un menosprecio y de un atrevimiento insultante.
Detrás de estos vetos está la agenda compartida de PP-VOX que quiere arrinconar la memoria democrática en pos de su conservadurismo rancio. Pero como docentes es nuestro deber denunciar que se están vulnerando nuestros derechos y los del alumnado al acceso a una formación crítica y plural, a conocer la historia integral del país y, por ende, a la construcción de una ciudadanía capaz de pensar por sí misma. ¿O es que esto no conviene?
Pero como en este país, bien lo sabemos, la desmemòria y la amnesia colectiva vienen haciendo camino desde la Transición, ahí tenemos a la derecha asomando la patita en todas y cada una de las instituciones, incluída la comunidad educativa y los planes de formación -pública- del profesorado. Porque este es el país de la negación, de los muertos que no, de mejor no remover el pasado…y de bastante cobardía real mientras mantenemos cierta altura intelectual. Así nos va.
La LOMLOE reconoce que la educación no puede ser neutra ante la vulneración de derechos ni equidistante frente a las dictaduras. En su preámbulo y en el desarrollo curricular de materias como Geografía e Historia, la ley establece la necesidad de conocer la historia democrática de España, la represión franquista y los riesgos de los totalitarismos. Además, obliga a las administraciones educativas a garantizar la formación permanente del profesorado en ciudadanía democrática, derechos humanos y cultura de paz.
Por eso resulta especialmente grave que, en los últimos meses, se hayan producido decisiones políticas que afectan directamente a la formación docente en memoria democrática. El informe Atacs, censura i vulneració de drets: un any de Vox i el PP al País Valencià i les Illes, elaborado por Mèdia.cat, documenta más de 30 casos de ataques, censura o intentos de censura en ámbitos culturales y educativos, que incluyen la retirada de apoyo institucional o el cuestionamiento de actividades formativas vinculadas a la memoria histórica.
En la Comunidad Valenciana, la derogación de la Ley de Memoria Democrática y su sustitución por la llamada “ley de concordia” ha supuesto un punto de inflexión. Bajo una retórica aparentemente conciliadora, se blanquea la dictadura franquista, se equiparan responsabilidades históricas y se vacía de contenido el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
No es una cuestión simbólica: esta reorientación normativa tiene consecuencias directas sobre proyectos educativos, subvenciones, recursos didácticos y programas de formación del profesorado, tal como estamos presenciando.
Este ninguneo impacta de lleno en la escuela y en el profesorado, que ve cómo se cuestiona su autonomía profesional y su derecho a una formación rigurosa y actualizada para poder ofrecer al alumnado un conocimiento digno del pasado reciente.
El profesorado necesita respaldo institucional para trabajar desde el compromiso democrático. Aprender primero para ofrecer después al alumnado las herramientas necesarias para tomar partido, detectar los discursos de odio y afrontarlos, y para no caer en simplificaciones peligrosas.
Educar en democracia no es adoctrinar
Educar es un acto político, pero no nos confundamos. La defensa de los valores democráticos es un deber, no debiera ser un acto de valentía o de audacia individual. Los docentes no somos milicianos, pero tenemos el derecho a mostrar la verdad a nuestros alumnos, y no nos amilana la extrema derecha con su discurso guerracivilista porque, a fin de cuentas, son ellos quienes muy sibilinamente nos lo han atribuido. No compremos el discurso de “mejor no remover el pasado” por cansancio o saturación.
Defender la memoria democrática en la escuela no es adoctrinar. Es educar. Es cumplir la LOMLOE. Negar a docentes y jóvenes ahondar en el conocimiento del pasado es abrir una brecha para que los descontentos de hoy coqueteen con el autoritarismo de ayer, del que nuestros alumnos no conocen ni sus efectos paralizantes ni sus criminales consecuencias.
Si no denunciamos con la gravedad que merece el hecho de censurar una formación continua totalmente legítima y necesaria, se banalizarán las libertades delante de nuestras narices.
Mal que nos pese, porque es agotador, la comunidad educativa no puede permitirse la comodidad porque vivimos tiempos complicados. No permitamos que la nueva Policía del Pensamiento nos gane la partida porque sin memoria no hay educación democrática posible. Y quizá, sólo entonces, con un poco de suerte, evitaremos escuadristas como los de la ICE campando a sus anchas por este país de los muertos que no.
