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La presidenta de la Comunidad de Madrid cesó al hasta ahora consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, en un movimiento político tras la falta de resultados en la negociación de la Ley de Universidades madrileña.
El relevo no solo supone un cambio en la cúpula educativa, sino que ha desencadenado la dimisión de tres diputados del Partido Popular en la Asamblea de Madrid como gesto de protesta por la salida del consejero.
El cese se produce en un contexto de fuerte tensión con el sistema universitario público. La negociación de la ley, una de las apuestas estratégicas del Ejecutivo autonómico, ha estado marcada por el desacuerdo con los rectores, que han cuestionado aspectos sustanciales del texto, especialmente en materia de gobernanza y financiación. Las discrepancias derivaron en movilizaciones y en varias jornadas de huelga en las universidades públicas madrileñas.
Una ley estratégica convertida en foco de conflicto
La futura Ley de Universidades es una pieza clave en la agenda política de la presidenta madrileña. El objetivo declarado era dotar a la región de un marco propio que reforzara la competitividad internacional de sus campus, redefiniera los sistemas de evaluación y financiación y ajustara la gobernanza universitaria al nuevo contexto tras la aprobación de la LOSU estatal.
Sin embargo, el proceso de negociación se ha ido enredando. Los rectores de las universidades públicas advirtieron públicamente de su malestar por lo que consideraban una falta de diálogo real en la fase final del texto. Entre los puntos más controvertidos figuraban el papel de los consejos sociales, el peso de agentes externos en la elección de rectores y la vinculación de parte de la financiación a objetivos y resultados.
El clima se deterioró hasta desembocar en protestas institucionales y una huelga de varias jornadas que evidenció la profundidad del desacuerdo. En este contexto, el nombre de Viciana quedó asociado a una negociación que, según diversas fuentes, no logró reconducir el conflicto ni asegurar un consenso mínimo con el sistema universitario.
El cese se interpreta así como una decisión política destinada a desbloquear la situación y relanzar la tramitación de la norma, considerada prioritaria para el Ejecutivo autonómico.
La nueva consejera asume el reto
Tras la destitución, el Gobierno regional ha nombrado como nueva consejera de Educación a una dirigente que hasta ahora ocupaba responsabilidades en otra cartera del Ejecutivo madrileño. El movimiento implica una reconfiguración interna del gabinete y sitúa al frente del área educativa a un perfil con experiencia previa en gestión política.
La nueva consejera asume una agenda cargada: culminar la negociación de la Ley de Universidades, recomponer las relaciones con los rectores y gestionar un sistema educativo que ya arrastraba debates abiertos en torno a ratios, financiación y planificación de plazas.
Su llegada puede leerse como un intento de abrir una nueva etapa en la interlocución con el mundo universitario. La clave estará en si el relevo facilita un clima de negociación más fluido o si el conflicto acumulado durante las últimas semanas deja heridas difíciles de cerrar.
Tres diputados del PP dejan la Asamblea
El impacto político del cese no se limitó al Ejecutivo. Tres diputados del Partido Popular en la Asamblea de Madrid presentaron su dimisión como gesto de protesta por la salida de Viciana. Según diversas informaciones publicadas en medios regionales, los parlamentarios estaban políticamente alineados con el exconsejero y su renuncia constituye una señal de malestar interno ante la decisión adoptada por la presidenta.
Las dimisiones no alteran la mayoría absoluta con la que cuenta el PP en la Cámara, por lo que no modifican la aritmética parlamentaria de la ley. Sin embargo, sí evidencian que el relevo ha generado tensiones dentro del propio grupo parlamentario.
La salida de los tres diputados se interpreta como una muestra de respaldo personal al consejero cesado y como una forma de expresar desacuerdo con la gestión interna del conflicto universitario. Aunque el Gobierno regional ha restado trascendencia al episodio y ha anunciado la sustitución inmediata de los escaños vacantes, el gesto subraya la relevancia política del área educativa en la actual legislatura.
Educación, universidad y liderazgo político
El episodio confirma que la política universitaria se ha convertido en uno de los frentes más sensibles del Ejecutivo madrileño. La combinación de una ley estratégica, un conflicto abierto con los rectores y movilizaciones en los campus ha terminado desembocando en un relevo al más alto nivel.
La nueva consejera hereda una negociación compleja y un calendario exigente. Si el cambio logra desatascar la tramitación y rebajar la tensión con las universidades públicas, el cese podrá leerse como un movimiento táctico para salvar una reforma clave. Si, por el contrario, el conflicto persiste, el relevo evidenciará hasta qué punto la Ley de Universidades se ha convertido en un desafío político de primer orden para el Gobierno regional.
