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Hace un año publicaba el artículo “Nuestra memoria de la escuela franquista”, donde explicaba las señas de identidad de este modelo escolar.
En este abordo más específicamente el proceso de control y represión ejercido por la dictadura franquista sobre el profesorado de la Segunda República, tanto a partir de datos generales de todo el Estado español como de un estudio de caso bien documentado y minucioso realizado por Araceli Angulo Vargas que acaba de publicarse: La depuración del magisterio en Basauri. Maestros y maestras bajo sospecha (1936-1940). El proceso depurador se va imponiendo y perfeccionando a medida que el ejército golpista ocupa nuevos territorios.
La política educativa franquista supone una des-inversión significativa en la creación de plazas escolares en todos los niveles de la enseñanza, una formación docente desfasada y de escasa calidad, un regreso al túnel del tiempo, a las teorías y prácticas pedagógicas más rancias y una preocupación extrema -casi una obsesión- por el control y adoctrinamiento ideológico.
Es evidente que todos los gobiernos lo ejercen al transmitir principios normas, ideas y valores en torno a la vida individual y colectiva. Pero hay una diferencia que no es baladí entre un Estado democrático -como lo es el de la Segunda República-, que promueve y respeta el pluralismo, y una dictadura -como el regimen franquista-, que impone un pensamiento único. Y esto tiene como consecuencia que esta última política sea más destructiva que constructiva.
Quizá conviene recordar la apuesta del proyecto educativo republicano para valorar el sentido y alcance del proceso depurador.
La República del Magisterio
“El maestro es el primer ciudadano de la República”. Con este eslogan se estrena Marcelino Domingo, maestro de primaria, al frente del Ministerio de Instrucción Pública.
Su primera medida es subir el salario del profesorado. Araceli Angulo pone el foco en algunos de los puntos más emblemáticos del articulo 48 de la Constitución que fija, como vectores básicos, la responsabilidad de los poderes públicos, la coeducación y la laicidad, sin negar a las Iglesias el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos.
Asimismo, se hace hincapié en el reconocimiento de la enseñanza del y en gallego, euskera vascuence y catalán, aunque sola esta última lengua tiene un reconocimiento más normativo. “El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de escuela unificada. La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria. Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada”, rezaba aquel artículo constitucional republicano.
La autora también destaca que la República, a pesar de la falta de presupuesto, edificios y docentes, aprueba un ambicioso plan de construcción de 27.000 escuelas. El primer año se crean 7.000; luego el impulso se ralentiza a causa de la crisis económica y el sesgo conservador del segundo gobierno republicano. Pero en ocho meses, la República construye tantos centros como los que inaugura la Monarquía en 14 años.
Otra de las novedades es la aprobación del Plan Profesional de 1931, que equipara la formación inicial del magisterio a otros estudios universitarios, con una cultura general más sólida, una metodología en consonancia con las orientaciones europeas de la Escuela Nueva y un período de prácticas tutelado.
No obstante, debido al carácter efímero de este período, dicho plan tiene escasa incidencia. Como se señala en el mencionado libro la formación del profesorado primario fue muy variopinta, al igual que su adscripción ideológica. Por eso me parece muy pertinente la distinción que se hace entre maestros republicanos -imbuidos y convencidos del sueño transformador, mayoritariamente sancionados- y maestros de la República, simplemente estaban ahí, con ideas y posicionamientos muy dispares, en buena medida (mayoritariamente) readmitidos.
Todo el Magisterio es sospechoso
En el proceso de depuración se distinguen dos fases: la llevada a cabo por el gobierno republicano desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 para defender la legalidad democrática y la que se produce paulatinamente por parte del bando sublevado al ir tomado los distintos pueblos y ciudades.
En el caso de Basauri, un municipio del Gran Bilbao, fue el 19 de julio de 1937. “El objetivo era llevar a cabo un exterminio político y cultural, es decir, la supresión cultural y la conversión forzosa”, una limpieza en toda regla de cualquier vestigio republicano, de la “anti-España”, “una revisión total y profunda del personal de Instrucción Pública”.
Una depuración que llevó años y que afectó a cualquier tipo de funcionariado. De entrada todo él es apartado por ser sospechoso de haber colaborado o simpatizado con la República -presunción de culpabilidad-, y tiene que pedir el reingreso. Los cuerpos más castigados son el de correos y telégrafos y el de enseñanza
Se forman tribunales de depuración presididos por personas adeptas al régimen franquista. Hay que presentar certificados de buena conducta expedidos por las autoridades civil, religiosa y militar -cuantos más mejor-, y los maestros y maestras son sometidos a un interrogatorio con preguntas como estas: “¿A qué partido pertenecía? ¿Sentía simpatía por alguno? ¿Y a algún sindicato? ¿Había colaborado en algún cargo o actividad del Frente Popular? ¿Asistía a misa los domingos y comulgaba al menos una vez al año? ¿Enseñaba contra la religión o el amor a España? ¿A qué periódicos había estado suscrito? También se investigaba si habían colaborado con las colonias escolares durante la guerra y en la evacuación de niños extranjeros, el hecho de haber contraído matrimonio civil, haber tenido hijos fuera del matrimonio o haber mantenido relaciones sin estar casada, en el caso de las maestras.
Los tribunales dictaminan tres tipos de sentencias: a) Libre absolución; b) traslado temporal a otros lugares lejanos y/o suspensión de cargos directives; y c) separación definitiva del servicio.
En 1936 Basauri tiene unos 10.000 habitantes y nueve escuelas: tres nacionales, dos de barriada -dependientes de la Diputación y todas ellas con un proyecto innovador-, dos municipales y otros dos colegios religiosos, recién inaugurados dependientes de la fábrica de la Basconia.
Araceli Angulo documenta la vida y el destino de todos los maestros y maestras de estos, siempre centrándose solo en la enseñanza primaria. De los 49 maestros y maestras de los que habla, 33 son readmitidos (un 68%) y el resto tienen algún tipo de castigo (el 32%).
El dictamen de los expedientes administratives se expresa en estos términos: “Repuesta/o”; “Confirmación en el cargo o en sus derechos”; “Traslado fuera de la región de 2 años e inhabilitación para cargos directivos“, “Destitución y pérdida de todos sus derechos”; “Presa en la cárcel de Madrid. Pertenecía a la Juventud Radical Socialista”; “Presa en un barco”; “Sin información”…
La pertenencia a grupos o actividades nacionalistas es una de las razones más esgrimidas para la sanción, mientras que, por el contrario, la colaboración o adhesión a asociaciones y prácticas religiosas es un salvoconducto para la readmisión.
El porcentaje de este magisterio sancionado es un buen botón de muestra de lo ocurrido en el conjunto del Estado.
Asturias fue la comunidad más castigada -aún pesa la sombra de la revolución de octubre de 1934-, con una afectación de un tercio aproximadamente; Vizcaya, con un 30% y, Catalunya, con algo más de una cuarta parte. No obstante, todas las investigaciones -y ha habito bastantes- estiman que unos 50.000 docentes de todo el Estado (un 80%) pasan por los tribunales de depuración.
¿Cómo se cubre la falta de profesorado tras una depuración tan severa? Se toman tres tipos de soluciones. Se organizan los llamados cursos de capacitación y perfeccionamiento profesional “para saturar su espíritu del contenido religioso y patriótico que informa nuestra cruzada”. Los ex-combatientes franquistas tienen prioridad para acceder a ellos. La segunda iniciativa consiste en desplazar maestros de otros lugares para cubrir las vacantes. Y la tercera consiste en readmitir temporalmente en algunas provincias como Vizcaya a aquellos docentes con sanciones menores.
Más allá de la depuración del profesorado
Al día siguiente del golpe de Estado llegan los fusilamientos, los encarcelamientos y las sentencias de muerte dictadas por tribunales militares sin ningún tipo de garantía jurídica. También los campos de concentración, los batallones de castigo y trabajo… Los datos no coinciden, pero sí se sabe que estas y otras represiones sobre el magisterio, a juzgar por diversos estudios y testimonios, fueron cuantiosas y crueles. Los campos de exterminio nazi fueron el peor destino. También el exilio. A Francia, a México, a distintos países europeos. En muchos casos no hubo regreso.
La depuración también llegó a los libros. Incautación y destrucción de bibliotecas particulares, cierre temporal de las escolares para proceder al listado de títulos prohibidos -todos los escritos en catalán, gallego y euskera, y de autores considerados sospechosos como Giner de los Ríos, Dewey, Claparède, Rousseau, Tolstoi, Dostoievski, Goethe, Ibsen, Kant, Galdós y Unamuno.
Y el fuego, uno de los símbolos del nazismo y de otos regímenes totalitarios, hizo de las suyas. ¿Quién no recuerda una de las escenas finales de El maestro que prometió el mar en que las tropas franquistas que ocupan al pueblo exigen a todo el alumnado que vayan a buscar sus cuadernos escolares, preciosos textos libres escritos de modo colectivo e impresos con las técnicas Freinet, para arrojarlos a la hoguera?
Paco Cerdá, premio Nacional de Literatura, en su último libro Presentes, lo cuenta con una precisión magistral: “La depuración de libros avanza. Durante toda la guerra y una vez acabada, ha habido quema de libros. Auténticos bibliocaustos. Aquelarres de ira donde el fuego ha querido borrar ideas, silenciar herejes: secar el veneno.
Solo en Barcelona dicen que se han destruido setenta y dos toneladas de libros procedentes de editoriales, librerías y bibliotecas públicas y privadas”. Aterrador.
