En el Estado español hay actualmente más de un 30% de alumnado cursando la educación obligatoria en centros privados, la mayoría de ellos financiados con dinero público, es decir, en centros privados-concertados. Este porcentaje se dispara en algunas zonas urbanas.
La mayoría de estos centros pertenecen a organismos vinculados a la Iglesia Católica por lo que debemos remontarnos, precisamente, al poder histórico que ha tenido la Iglesia para entender el origen y crecimiento posterior de este modelo. La relación histórica entre el Estado español y la institución católica es de sobra conocida. La educación fue una tarea casi exclusivamente de la Iglesia durante muchos siglos y, a día de hoy, todavía mantiene un control importante sobre la misma. De hecho, en el único momento histórico en el que se apostó decididamente por una separación Iglesia-Estado y, por ende, se intentó apartar a la Iglesia del control casi total que ejercía sobre la educación fue durante la II República.
Más recientemente, la Constitución de 1978 estableció las bases de la relación actual entre Iglesia y Estado. Pocos días después de que entrase en vigor el texto constitucional, el Estado español firmó la modificación del concordato de 1953, que se mantiene vigente en la actualidad. Esta firma supuso el culmen de una serie de acuerdos que se negociaron entre los años 1976 y 1979 entre el Estado español y la autoridad católica. En resumen, el marco actual de las relaciones entre Iglesia y Estado hunde sus raíces en la dictadurafranquista.
El resultado de dichos acuerdos fue que la Iglesia mantendría en el nuevo régimen buena parte de los privilegios de los que previamente disfrutaba. En aquel pacto, la educación fue uno de los asuntos centrales, estableciéndose finalmente que el Estado garantizaría con fondos públicos la educación religiosa. Los conciertos educativos son el resultado de esta concesión.
Sin embargo, la Constitución no estableció en su artículo 27, regulador del derecho a la educación, que el Estado debiera financiar la educación religiosa. Pero, el carácter abierto de dicho artículo, sumado a lo establecido en el Concordato y al carácter aconfesional, y no laico, que estableció la propia Constitución permitieron, en la práctica, el desarrollodel sistema de conciertos educativos que se mantiene hasta nuestros días.
Este sistema, que consiste en la subvención con dinero público de centros privados, seregularizó legislativamente en el año 1985 con la LODE, ley que dio encaje legal a algoque se llevaba siglos practicando en España, financiar colegios privados de la Iglesia. La justificación del gobierno del PSOE, promulgador de la LODE, fue que los conciertos educativos nacían para poder garantizar el derecho a la educación gratuita en un país en el que el sistema público era insuficiente. Surgían, por lo tanto, con un supuesto caráctersubsidiario, para suplir al Estado allá donde este no pudiese llegar, todavía.
El resto de la historia ya la conocemos. Los conciertos educativos no han parado de crecer, España tiene un porcentaje de centros privados subvencionados muy por encima de la media de los países de su entorno y la Iglesia Católica mantiene un enorme poder en el plano económico y social en un Estado con cada día más ateos. Olvidado queda aquel carácter subsidiario inicial, incluso, en algunas zonas a día de hoy es la enseñanza pública la que se ha convertido en subsidiaria de la privada-concertada. Lo cierto es que la defensa de los conciertos educativos es algo compartido por todos los partidos políticos que han gestionado la educación, y no nos referimos únicamente a aquellos con sede en Madrid. Durante décadas se ha asumido, e impulsado, un modelo en el que colegios privados son financiados por el Estado para impartir las enseñanzas básicas. Curioso comprobar como los sectores más reaccionarios se alinean en la defensa de este modelo con alguno supuestos progresistas, al final, parece que sí existe el tanreclamado pacto de Estado en educación. Existe en la defensa de algunos elementos tan sustanciales como el que aquí nos ocupa.
Amparándose en un supuesto derecho a la libertad de elección de centro, los gestores no han tenido, ni tienen, impedimento alguno en desviar miles de millones de euros de dinero público a empresas privadas. Se concibe la educación como un bien de mercado en el que los consumidores (familias) pueden elegir el producto (centro educativo) que más convenga a sus intereses particulares. Elección que está, además, subvencionada. Resulta paradójico que los adalides del neoliberalismo, tan contrarios a la intervención del Estado, no tengan reparo en defender estas milmillonarias subvenciones.
La realidad es que no existe tal derecho a la libertad de elección de centro y, en la práctica, solo algunas familias tienen la posibilidad de elegir centro educativo. Estos centros privados utilizan distintas estrategias para evitar escolarizar a los hijos de las familias con menos recursos, que en su mayoría acaban escolarizados en centros públicos, convirtiéndose el modelo de educción privada-concertada en el eje vertebrador de la segregación educativa en el Estado español.
La clase media aspiracional ha encontrado en los colegios privados concertados una herramienta perfecta para separar a sus hijos de aquellos provenientes de familias con menos recursos. Precisamente esta es, y no otra, la razón de ser de la escuela privada concertada. Un sistema que contribuye de forma extraordinaria a la reproducción de desigualdades. De poco han servido las políticas tenues aplicadas por algunos gobiernos pretendidamente socialdemócratas encaminadas a garantizar una escolarización más equilibrada. El fracaso de estas políticas obliga a que se deba ir mucho más lejos, a buscar las vías para el final de este modelo. Pero lo cierto es que, elección tras elección, el debate sobre la posibilidad de abogar por un modelo de escuela pública única parece cada vez más lejano.
Ante la nueva cita electoral, los partidos de izquierdas tienen la obligación de denunciar un sistema que dura ya demasiado tiempo. Un sistema que implica la desviación anual de miles millones de euros de dinero público a empresas privadas a cambio de sostener un sistema segregador y elitista. Un modelo caduco que no tiene justificación alguna en el momento actual. Es el deber de quien se crea progresista el defender una sociedad más igualitaria, más justa, para lo cual es necesario construir un sistema educativo que no contribuya a perpetuar las desigualdades.
1 comentario
Trabajo en el suministros a centros educativos de todo tipo. Expondré mi opinión sobre este tema Apoliticamnete, y sin confrontacion entre publica o privada, por que al igual que pasa con muchos temas nos entretienen en lugar de ir a la cosa concreta.
1 La Educacion Publica está infintamente mejor dotada en todos los aspectos que la privada (concertada).
2 La politizacion de la Escuela pública es uno de los principales lastres del sistema, llegando a ser obscena.
3 Al Estado o Mini Estaditos (Comunidades AA.) les conviene economicamente que la privada (concertada) exista, en contrapartida les permiten a esta que hayan rebasado el espiritu libertario de la misma.
4 Los docentes de la Escuela publica DEBEN reivindicar sus legitimas y sanas aspiraciones que han de partir en el RESPETO, DISCIPLINA y COLABORACION DE LOS PADRES y por supuesto erradicar el politiqueo arraigado desde los 80 y los escalafones funcionariales.
5 La educacion Privada (concertada) debe dejar de mercadear con la educacion y si su objetivo es el economico HAGANSE USTEDES PRIVADOS como tal.
6 La Escuela Privada (concertada) de be abandonar la politizacion que tambien esta abrazando por que resulta aun mas obscena.
7 Sentadas estas bases TODOS hemos de empezar a COLABORAR para el bienestar futuro de las nuevas generaciones basandonos unicamente en la Calidad y el esfuerzo y en la mejora rapida del conocimiento transmitido, pues el deterioro en ambas es preocupante y vertiginoso.
8 La clase politica ha de mantener una distancia con la educacion que le permita su independencia, cual casi un cuarto poder y de no ser asi todo el conjunto educativo habra de imponerlo obligatoriamente.
9 Por supuesto a partir de aqui cualquiera tiene derecho a pedir para si toda reivindicacion que considere oportuno dentro del dialogo, el respeto y la colaboracion.
10 Empecemos el camino pues es largo y tortuoso y estara lleno de dificultades, pero no hacerlo seria aceptar el fracaso. Animo hay muchos niños, jovenes y personas que la sociedad necesitara el dia de mañana. Ahora mismo ya empezamos tarde.