La Comunidad de Madrid ha pasado por trámite de urgencia la reforma de la conocida como Ley Trans que aprobara en su momento la presidenta Cristina Cifuentes, también del PP. De la misma manera, van a retocar la ley dedicada a la lucha contra la discriminación de las personas LGTBI. Ambas leyes, dictadas por el mismo partido que hoy gobierna, van a quedarse, según dicen personas del colectivo, prácticamente en los huesos, dejándolas en la mínima expresión, una especie de declaración inservible de intenciones que tan solo diga que la discriminación es mala.
Así lo ve, al menos, Lucas Platero, profesor de Psicología Social en la Universidad Rey Juan Carlos e investigador experto en cuestiones relacionadas con las personas trans. Van a «descafeinarla para que no valga para nada», asegura al teléfono, «como la ley gallega, un canto al sol».
Según un estudio publicado la pasada primavera por la ONG Cogam, un 35 % de los chicos y chicas con quienes venían trabajando en los centros educativos siente prejuicios ante las personas del colectivo LGTBIQ+.
El estudio se realiza a base de una encuesta que pasan al alumnado que participa en sus talleres en la Comunidad de Madrid. No puede extrapolarse a toda a población juvenil de la autonomía puesto que la muestra no es representativa. A pesar de eso, la oenegé obtiene más de 6.000 cuestionarios de estas chicas y chicos.
Esta organización lleva años trabajando en la realización de talleres con alumnado, también de formación con docentes, sobre sensibilización ante la situación de quienes conforman el colectivo. Entre las medidas que se eliminan en el nuevo texto legal que impondrá el PP en Madrid gracias a la mayoría absoluta, está el que este tipo de proyectos en centros lo tengan un poco más complicado.
Para Rony de la Cruz, presidente de Cogam, uno de los problemas que traerá consigo este cambio legal es que los centros educativos ya no tendrán tampoco la obligación, al menos por ley autonómica, de poner en marcha «planes específicos contra la discriminación lgtbifóbica». «Si ya hay coles a los que les cuesta ponerlos en marcha por falta de formación y, a veces, de voluntad, si no tienen obligación de hacerlo, ahora con menos motivo» los tendrán.
Platero defiende que todavía están las leyes estatales como la Ley Trans del Ministerio de de Igualdad, o la Ley del Aborto o la de protección integral de la infancia que cubren en buena medida la obligación legal de no dejar a niñas, niños y niñes sin protección ante las situaciones de acoso que puedan darse en la escuela, o sin actividades de concienciación o prevención de acoso lgtbifóbico. Bien es cierto que como recuerda De la Cruz, la educación está transferida y, como dice Platero, a pesar de que Madrid ha tenido estas leyes desde 2016 no las ha financiado por lo que tampoco se han desarrollado correctamente.
Con los recortes anunciados se difunde idea de que ser lgtbifóbico es aceptable, es algo que puedes ser
De la Cruz señala la importancia de los trabajos contra la discriminación que se han venido haciendo en los centros educativos. «Los coles no siempre son espacios inclusivo y se debe trabajar de forma específica», comenta. Además, recuerda que sigue habiendo bastantes familias en las que el alumnado no puede ser quien es por miedo a represalias.
Una decisión simbólica
De la Cruz recuerda que ya con la anterior legislatura de Ayuso se venía oyendo hablar de lo que iba a pasar con estas dos leyes que verán fuertemente mermada su capacidad de incidencia con lo que «se pone en peligro el respeto a la diversidad» en los colegios e institutos.
En aquel entonces, Vox presionaba a la presidente por el apoyo que necesitaba para sacar adelante las cuentas autonómicas, pero ahora se trata de una decisión que se toma teniendo mayoría absoluta en la Asamblea autonómica, con todo lo que esto supone.
De la Cruz entiende que los compromisos de campaña muchas veces se quedan en eso, papel mojado. Pero no lo ha sido en este caso. «Es reforma en profundidad que se carga la mayor parte del articulado. Es una convicción del PP o de la presidenta».
Para Platero se trata de una decisión simbólica en varios niveles. Y esto es importante. Primero, porque con este tipo de decisiones, el PP de Madrid intenta, asegura, «ganar espacio de liderazgo, ser la cabeza visible» en lo que parece una guerra cultural en las propias filas del partido conservador. Pero, más importante y grave que esto, es el hecho del mensaje que se transmite con las nuevas medidas: «Difundir idea de que ser lgtbifóbico es aceptable, es algo que puedes ser». Pero, recuerda este docentes, «algunas ideas no son dignas de ser escuchadas, no debe haber ese espacio político» para ellas.
En Madrid, como ha pasado en otros lugares como Murcia o Andalucía, cree Platero, se ha extendido la idea de que las familias pueden reclamar el pin parental. A base de «pánico moral», dice Platero, se extiende la idea de que puedes negarte a que tu hijo reciba una serie de contenidos en la escuela. Este docente e investigador critica el hecho de que en no pocas ocasiones, el profesorado «difunde esta idea» porque «no me apetece este tema y los padres me van a decir no sé qué». Asegura que sobre este tipo de cuestiones (sexualidad, identidad de género, afectos…) se ha generado la sensación de que hay controversia «pero no es verdad, hay consenso; lo que pasa es que hay gente muy conservadora y, cuando te refieres a la infancia, hasta gente que es menos conservadora, o incluso de izquierdas, «se hace un poco más conservadora «.
«La protección de la infancia a veces se usa de excusa para protegerla de sí misma, para que no lean, no escuchen, para que no se promuevan según qué cosas que, después, jugarán en contra de la propia infancia», como su libertad sexual, su orientación o su identidad de género.
Consecuencias
Es difícil hablar de la posibles consecuencias que esta decisión tendrá en las aulas madrileñas. Platero señala que tras la corriente trumpista en la que las sociedades occidentales están viviendo gracias a Trump, Salvini en Italia, Bolsonaro en Brasil… y un largo etcétera, están llegando perfiles de «alumnado incel que creen que las chavalas tienen demasiados derechos, que no les gustan las personas pobres…». Platero habla de chicos que levantan el brazo haciendo el saludo fascista, que intentan pinchar a la o el docente durante la clase, que en las encuestas de satisfacción se quejan de que «les damos ideología».
De la Cruz teme que los marcadores que ya tienen de acoso o violencia contra personas del colectivo en los centros educativos empeoren tras la medida. Un poco en la línea que comentaba Platero cuando determinados discursos se naturalizan. «Me preocupa, sostiene el investigadir, porque a ver cómo los bajas luego de ahí».
Junto a esto está la escasa formación del profesorado que se ofertaba desde la Administración educativa. Ahora desaparecerá. «Quien tenía inquietudes por estos temas, tenía estructura administrativa» en la que apoyarse; ahora ya no. «Dependerá de la buena voluntad de cada docente querer formarse para poder orientar a sus alumnos en este sentido».
Para De la Cruz es un problema que esto sea así, que sea el trabajo único del tercer sector el que cubra las necesidades de formación del profesorado porque «llegamos a donde llegamos». «Es la administración la que tiene el deber de representar y cuidar a toda la población y, por tanto, la que debería ser proactiva» con estos asuntos.
Pasos atrás
Entre los pasos atrás de las reformas que abordará el PP se encuentran la desaparición de la obligación de hablar de las realidades del colectivo dentro de clase, la dificultad de que entidades ajenas a la educación entren en los centros a hacer este trabajo, el de la obligación de los planes contra la discriminación y otras medidas encaminadas a volver a patologizar a las personas trans.
En los últimos años la batalla cultural alrededor de las personas trans se ha vuelto especialmente virulenta. La Ley trans de la Comunidad de Madrid suponía pasos adelante en el sentido de no obligar a las personas menores de edad a pasar por las manos de su médico ni de ningún profesional de la psicología o la psiquiatría para que dieran su visto bueno a la autodeterminación de género.
El nuevo texto de la ley obligará a las y los menores a pasar por estos trámites de nuevo. «De lo que más nos ha dolido», asegura De la Cruz. «Fue una conquista que se vio reforzada por la Ley Estatal. Ahora volvemos atrás, a etapas superadas». El presidente de Cogam asegura que los expertos internacionales ya han despatologizado la transexualidad, hace años.
Para Lucas Platero, detrás de buena parte de estas cuestiones se encuentra el adultismo y la costumbre de que el mundo adulto tome todas las decisiones relacionadas con la infancia y la juventud sin consultarle en ningún momento por sus intereses o necesidades. «No nos miramos el adultismo para nada. Mucha gente le parece bien tomar decisiones por los demás, basadas por una diferencia de edad».
