Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.
¡Clica aquí y ayúdanos!
Sindicatos como CCOO y UGT o la patronal de la escuela concertada, Escuelas Católicas, han mostrado en las últimas horas ciertas reticencias ante el hecho de que Pilar Alegría haya asumido, dentro de Educación y FP, la cartera de Deportes y, además, sea la ministra Portavoz del Gobierno.
«FECCOO considera que no es una buena noticia que las fundamentales políticas educativas se diluyan dentro del conjunto de responsabilidades que asume el nuevo Ministerio», aseguran desde la Federación en un comunicado de prensa. Algo que también señala María Capellán, presidenta de CEAPA, la mayor confederación de asociaciones de familias de la escuela pública.
Desde ANPE también ven con reticencia el que la ministra, Pilar Alegría, ostente la cartera de Educación y sea la portavoz del Gobierno. «Consideramos que debería ser (Educación) una competencia única debido a su relevancia social y no compartida con la responsabilidad y competencia de la portavocía del gobierno».
El sindicato exige que se apueste por una inversión del 7 % en Educación y que los fondos que se destinen a las comunidades autónomas tengan carácter finalista y se queden dentro del sistema educativo. En este sentido, desde UGT Servicios Públicos exigen acuerdos para alcanzar los antes posible el 5 % e ir aumentando también hasta el 7 para que, finalmente, haya un acuerdo parlamentario de no reducir este porcentaje.
Por supuesto, la negociación y, en su caso, aprobación de un Estatuto Docente también está sobre la mesa, toda vez que la negociación sobre los 24 puntos que presentara en su día el Ministerio no parece haber avanzado desde enero de 2022.
Para Francisco García, secretario general de FECCOO, la que empieza debería ser «la legislatura de las y los trabajadores de la educación, del profesorado, del PDI, del Estatuto Docente», y lo es puesto que es el tema pendiente después de la aprobación de la Lomloe, la LOSU y la Ley de la FP.
Desde ANPE también reclaman un Estatuto y el desarrollo de la carrera profesional «compromiso recogido en la Lomloe y al qu ese llega con retraso»
CCOO también exige la bajada de las ratios por aula poniendo el foco en el alumnado con necesidades educativas, de manera que «cuente doble a efectos de ratio». Al mismo tiempo, ponen sobre la mesa la necesidad de una bajada de las horas lectivas: «18 horas lectivas en Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, y 23 horas lectivas en Educación Infantil y Primaria». Una medida que tras la llegada del PSOE al Gobierno en 2018 no se realizó de manera obligatoria en todas las comunidades autónomas y sirvió para la reducción de las plantillas docentes en todo el país.
En este sentido, desde UGT reclaman la puesta en marcha de la Mesa Sectorial de Negociación «ya que es el ámbito donde se deben abordar aspectos importantes para el profesorado» y que el sindicato enumera: Estatuto Docente, bajada de ratios y disminución de las horas lectivas.
Para García, la bajada de ratios, la reducción de los horarios lectivos y la atención a la diversidad son tres cuestiones que deberán plantearse ahora que la bajada de la natalidad está notándose de manera más acuciante en muchas aulas del país.
Desde Escuelas Católicas comentan que valoran «con positiva prudencia la continuidad de Pilar Alegría por la experiencia de los últimos años, si bien consideramos que el hecho de compaginar la titularidad del Ministerio con la Portavocía del Gobierno es un elemento negativo que le restará tiempo para afrontar todos los temas pendientes».
En este sentido, UGT reclama «la constitución de la Mesa de estudio de los módulos de concierto, como establece su Disposición Adicional vigesimonovena» de la Lomloe.
Entre estos temas se encuentra la Ley de Enseñanzas Artísticas, la adecuación de la EvAU al sistema de evaluación por competencias que se desprende de la Lomloe y que quedó apartada por el adelanto de las elecciones. También está, para la patronal, la negociación de los conciertos educativos y su adecuación a los gastos que, desde hace años, aseguran que han de suplir con las cuotas que se cobran en la práctica totalidad de los centros.
Sobre la prueba de acceso a la universidad, desde la CRUE piden mejorarlo, así como el procedimiento de admisión, por distrito único, a las universidades. Recuerdan que la EvAU solo cuenta el 40 % de la nota de entrada, lo que se une, además, con el hecho de que el currículo de bachillerato no es único, sino que depende en buena medida del desarrollo de las comunidades autónomas.
Para Escuelas Católicas, además, es necesario que la ministra les tenga en cuenta «como expresión de la pluralidad educativa y de la libertad de enseñanza, de forma complementaria a la enseñanza pública», sin que esto suponga que la red sea subsidiaria «porque existimos para las familias que libremente nos eligen»
Universidades
El Ministerio de Universidades, por su parte, también ha visto cómo vuelve a estar bajo el paraguas de Ciencia e Innovación, una noticia que se ha interpretado como una dilución de su peso en el Gobierno. De hecho, la cartera que ocupará Diana Morant será la de Ciencia, Innovación y Universidades.
Aunque sindicatos como CCOO no vean con buenos ojos esta unificación de las carteras, organismos como la Coferencia de Rectores de Universidades Españolas entienden que es una buena noticias.
De hecho, en un comunicado de prensa, la CRUE asegura que «agradece que se haya atendido la reclamación de la comunidad universitaria de unificar Universidades y Ciencia bajo un mismo Ministerio –más del 60% de la investigación se realiza en los campus–».
En cualquier caso, el organismo en el que se reúnen las universidades españolas reclama que haya una financiación suficiente para desarrollar la LOSU aprobada por Manuel Castells. «Urge cumplir con lo fijado en la LOSU y aumentar la financiación de las universidades púbicas hasta, como mínimo, un 1% del PIB del conjunto del país», aseguran desde la CRUE.
También reclaman aumentar el sistema de becas y ayudas al estudio hasta que alcance a los países de nuestro entorno, al mismo tiempo que piden «recuperar las becas-salario y las becas de movilidad nacional para corregir el coste oportunidad de quienes siguen renunciando a iniciar o continuar sus estudios por cuestiones socioeconómicas».
Otros temas que se reclaman son aumentar la Internacionalización, facilitar la atracción y retención de talento, agilizar la gestión de la investigación o incentivar la transferencia del conocimiento.
