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«Jurídicamente no es viable empezar ahora las clases». Es una de las frases que puede leerse en el comunicado que hicieron público la rectora y los rectores de las universidades públicas de Andalucía al conocer el lunes pasado la autorización de la Junta al comienzo de los estudios de Medicina en la Universidad Loyola.
La Administración autonómica autorizó que el comienzo fuera este curso y, dicho y hecho, en Loyola comenzaron las clases para las 60 plazas que han sido autorizadas. Los rectores de los centros públicos aseguran que se trata de una «medida inédita y excepcional» y la califican de «privilegio que ninguna institución académica ha recibido hasta ahora».
Para Francisco Oliva, rector de la Universidad Pablo de Olavide y presidente de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA) esta situación de privilegio «no la comprendemos ni la compartimos» e insiste en que «a ninguna universidad pública se le ocurriría plantear el inicio de curso a finales de noviembre».
Por su parte, la Consejería de Universidades hizo público un comunicado asegurando que le exigirá a la Loyola «un riguroso plan para su impartición» dado el comienzo tan tardío de las clases.
Según esta misma Consejería, en el mes de julio no se aprobó que comenzaran las clases de Medicina en el campus que Loyola tiene en la localidad de Dos Hermanas porque, aseguran, «su plan de estudios no contaba entonces con los informes requeridos por la normativa», en concreto, el que tenía que emitir la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía.
Al parecer, recurrieron esta situación ante el organismo estatal y presentaron toda la documentación requerida, según continúa el comunicado de la Consejería de Universidades.
Mientras tanto, las universidades públicas de la comunidad andaluza aseguran que esta medida daña la imagen de las universidades, así como la calidad del servicio que prestan. Por su parte, la Consejería de Educación afirme que le ha exigido a Loyola «un plan riguroso y detallado en el que se recojan tanto la nueva programación docente que garantice la impartición de todos los créditos del plan de estudio para este primer año, así como las garantías legales para el proceso de matriculación y el calendario de exámenes».
Desde la Universidad Loyola remiten a un comunicado de prensa en el que aseguran que esta situación «obligará a los estudiantes a un intenso horario durante este primer curso» y en el que insisten en que cumplen con todos los requisitos legales establecidos».
Francisco Oliva, asegura, sin embargo, que no se cumplen los requisitos planteados en el Real Decreto 822 /2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias. En dicho texto se estipula que un grado puede comenzar no solo con la aprobación desde la Junta de Andalucía, sino en el Consejo de Ministros y tras la consiguiente aprobación en el Boletín Oficial del Estado y en el Registro de títulos universitarios.
Oliva espera que sean las administraciones, tanto autonómica como central las que hagan ahora su parte puesto que a las universidades públicas ya no les queda más recorrido que la propia denuncia de la situación, como han hecho.
