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El último examen MIR ha sido objeto de numerosas críticas tanto por la dificultad y baja pertinencia de diversas preguntas, especialmente en el caso de una de ellas (de la convocatoria 2024) por la desafortunada construcción de un enunciado y distractores que podrían ser interpretados, como de hecho así ha sido, como un ataque a los sufridos profesionales de la atención primaria y comunitaria.
El Ministerio de Sanidad lamenta la pregunta del examen MIR, sobre el diagnóstico de un profesional que desempeña su actividad clínica trabajando un exceso de horas, y considera que debería valorarse su retirada.
— Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) January 22, 2024
Sin embargo, los problemas del examen MIR y, más globalmente, del acceso a la formación sanitaria especializada en España, no pueden ser valorados únicamente ni principalmente desde la perspectiva de la anécdota. Son más profundos y necesitan una reflexión detenida y global sobre los elementos básicos que lo definen, como los referidos a sus objetivos, papel en el continuum formativo, contenidos y calendario de realización.
En cuanto a su objetivo primordial, desde hace ya muchos años ha sido objeto de controversia la necesidad de definir el acceso a la formación especializada como un instrumento que debería limitarse a clasificar a los graduados españoles concurrentes para la elección de especialidad y plaza formativa, sin suspensos ni aprobados, una vez que se admite que TODOS los graduados que quieran trabajar en España deben acreditar haber realizado y superado un período de formación especializada para poder ejercer en el sistema sanitario público aunque no en la parte privada.
La distinción actual entre un ámbito y otro del sistema me parece conceptualmente absurda además de un atentado potencial a la calidad y seguridad de la asistencia que se presta a la ciudadanía en todos los centros del sistema, sean públicos o privados. En el caso de los graduados procedentes de otros países parece adecuado que, además de la suficiencia idiomática y de acuerdo con los convenios establecidos entre los estados y los de la misma Unión Europea, deban acreditar documentalmente que han superado un grado académico de nivel equivalente o superior al de nuestro país y, si es el caso, superar la prueba o pruebas que así lo demuestren, diseñadas e implementadas en un nivel estatal centralizado con carácter anual.
Lo que sí me parece evidente es que si, tal como decía antes, los graduados sanitarios deben ser especialistas para poder ejercer, uno de los objetivos del examen MIR no puede seguir siendo el de SELECCIONAR a los graduados españoles que quieren acceder al sistema. La prueba o pruebas deben servir únicamente para ORDENARLOS para la elección de especialidad y plaza formativa. Es necesario acabar con la conceptualización del examen MIR como una de las oposiciones más difíciles del estado y eliminar la influencia negativa que este hecho tiene sobre los estudios de grado.
Y, lo que es también muy grave, sobre el bienestar psicofísico de los graduados sanitarios españoles, condenados al calvario de su preparación intensiva durante uno o más años y al sacrificio personal y económico que supone la matrícula en las academias que los preparan para superarlo. Es imprescindible que los estudiantes españoles de ciencias de la salud se deshagan de la obsesión, de la losa, que supone hoy el examen MIR y que puedan dedicarse plenamente a completar su perfil competencial graduado sabiendo que una vez superado este período podrán acceder en todos los casos a la formación especializada.
Parece sin duda irracional que, con la excusa de la variabilidad de las calificaciones de las diferentes facultades de medicina españolas, se establezca en un miserable 10% el valor de las calificaciones del grado para determinar la nota final del acceso de los aspirantes a la formación sanitaria especializada. Ahora resulta que, en contra de la lógica más elemental, el valor del esfuerzo de aprendizaje realizado durante muchos años es casi insignificante en relación con el de la nota obtenida en un examen puntual de conocimientos.
Para superar esta situación absurda deben establecerse mecanismos legislativos y técnicos objetivos que garanticen la calidad, pertinencia, rigor metodológico y homogeneidad de las evaluaciones del proceso formativo del grado en todas las facultades de ciencias de la salud españolas. Una estrategia de este tipo no debe chocar con la autonomía universitaria y garantizaría la paridad entre los graduados españoles. Avanzando en esta línea podrían establecerse antes de la obtención del título de graduado en todas las facultades del campo de las ciencias de la salud unas pruebas, de diseño y evaluación estatales, que, a diferencia del actual examen MIR, fueran capaces de analizar no solamente el componente de conocimientos de la competencia sino también los de habilidades, actitudes y valores y con unos contenidos y nivel de dificultad coherentes con el de las materias impartidas durante el grado, evitando de paso los problemas ocasionados en el examen MIR por la inclusión de preguntas más apropiadas para un especialista que para un estudiante o recién graduado.
La consideración conjunta y equilibrada de las calificaciones obtenidas a lo largo del grado junto a la final permitiría ordenar a los graduados de ciencias de la salud españoles con vista a la elección de especialidad y plaza formativa. Una estrategia de este tipo haría posible que los graduados se incorporaran a la formación especializada después de 1-3 meses de terminar sus estudios y eliminaría el actual examen MIR y el período actual que transcurre entre la finalización del grado y el comienzo de la formación especializada, período cuya duración es a menudo superior a 1-2 años.
Para los graduados de los campos de la física, química y biología sería necesario establecer pruebas específicas de ámbito estatal y con periodicidad anual para acceder a la formación sanitaria especializada. En este caso, con la doble misión de seleccionar y ordenar a los candidatos, ya que se convoca un número de plazas formativas mucho menor que el de candidatos posibles y que, a diferencia de los graduados en los ámbitos de las ciencias de la salud, sus opciones laborales no pasan únicamente por la necesidad de optar a las plazas convocadas para ellos por los centros sanitarios acreditados, sino que pueden ejercer su profesión sin este requisito en otros ámbitos laborales.
Los cambios propuestos tienen un grado de dificultad política y técnica importante, pero, en mi opinión, son perfectamente viables si se enfocan en el marco de la consideración conjunta de los dos primeros períodos del continuum formativo sanitario: grado y formación especializada. Las voces que reclaman acabar con la autocomplacencia de la administración en relación con el sistema MIR español y, por tanto, a su mecanismo de acceso, son cada vez más numerosas.
Los beneficios de los cambios sugeridos tendrían una traducción muy positiva tanto para la calidad y pertinencia de la formación graduada y su evaluación como para la coherencia de esta fase con la de formación especializada y, entre otras cosas, eliminarían los efectos negativos, mencionados anteriormente, del examen MIR sobre la orientación de los estudios de grado y sobre la vida y hacienda de unos graduados que se ven abocados a perder un año o más de su trayectoria personal y profesional en su preparación.
Los Ministerios de Sanidad y Universidades deben trabajar coordinadamente para abordar este problema, lo cual, a pesar de lo prescrito en las disposiciones legales, no han hecho hasta ahora.
