En Andalucía comienza el nuevo curso escolar con los centros educativos gravemente desarticulados, tanto por la situación del profesorado como por la de la dirección. En relación con el profesorado, además del habitual y anual concurso general de traslados, como en alguna otra comunidad, la Junta de Andalucía ha convocado en los dos últimos cursos lo que se ha dado en llamar “concursillo”, que permite cubrir las plazas que hayan quedado libres como consecuencia del primer concurso (que bajo la fórmula de “comisión de servicio”, incrementa aún más la provisionalidad).
Este año 7.700 funcionarios se han trasladado por el “concursillo”. Esto ha dado lugar en muchos centros, particularmente de la periferia de las capitales y provincias, que haya cambiado más del 50% del personal, además de haber descapitalizado equipos directivos que funcionaban (jefes de estudio o secretarios que, teniendo la posibilidad, se trasladan), planes educativos y funciones ya asentados (coordinador de bilingüismo, coeducación e igualdad, escuela espacio de paz, TIC u otros), habiendo de recomenzar de nuevo, etc.
No hay teoría de la mejora educativa en el mundo que apoye que incrementar la inestabilidad del personal docente tendrá efectos positivos en la mejora de los aprendizajes del alumnado. Sin embargo, el llamado “Plan de Éxito Educativo 2016-2020” propone (p. 30) “posibilitar que los docentes puedan optar a destinos cercanos al domicilio habitual […], lo que repercutirá positivamente en un mayor compromiso en los proyectos o actuaciones del centro”. No conozco investigación alguna en el mundo que asocie cercanía de casa y compromiso con la escuela. Lo que sí está demostrado es lo contrario: cuanto mayor inestabilidad tiene un centro, menores serán sus posibilidades de planes sostenidos de mejora.
A los traslados masivos del personal funcionario (y en prácticas o con destino provisional) se suma todo el personal interino, que obligatoriamente, cambia de centro cada septiembre. Este personal se ha incrementado en los últimos años hasta niveles no conocidos, por haber quedado paralizado el acceso a la función pública con la crisis y el aumento de jubilaciones. Total: traslados generales, “concursillo” e interinos, nos ofrece unos centros que comienzan el curso con más del 50% del personal nuevo. A esto se une el problema ya gravísimo del PAS en los institutos que, al depender de Función Pública (y no de Educación), dejan en ocasiones desmanteladas las secretarías y oficinas de los centros.
En torno a 120 institutos de Andalucía, como consecuencia del concurso de traslados hacia otras consejerías de la Comunidad, quedarán sin ningún administrativo, y no está prevista su sustitución a corto plazo. Una medida provisional ha sido retrasar el cambio de destino del 1 de septiembre al 20 de septiembre, por resolución de la Viceconsejera, pero esto no es alternativa dada la gravedad el problema, simplemente lo retrasa unas semanas. En Educación reconocen que Función Pública no es sensible a la importancia de la estabilidad del PAS para la calidad del servicio educativo pero la solución no se ve próxima en el tiempo ¿Qué plan o proyecto educativo se puede llevar a cabo en estas condiciones?
A ello se une la provisionalidad e inestabilidad ya endémica, por falta de candidatos, de la dirección escolar, que en Andalucía se ha incrementado por razones particulares. Con motivo de oponerse a la LOMCE y no tomar medidas para su adaptación, se han ido nombrando (o prorrogando) provisionalmente a todas las directoras o directores que cumplían su mandato. En lugar de regular provisionalmente por una Orden, adaptando el Real Decreto 849/2014, como han hecho la mayoría de comunidades, aquí se les ocurrió hacer un Decreto para la dirección (adaptado a la LOMCE, cuando queremos que se derogue cuanto antes, algo contradictorio) cuya aprobación, por razones que se desconocen, se ha ido demorando en el tiempo (a su vez, el Proyecto de Orden también ha quedado en el cajón). Por esta desidia, de nuevo una Instrucción de 29 de mayo pasado proponía nombrar “en funciones” por un curso a aquellos centros que no tenían director o directora, o que se les había nombrado en funciones el curso anterior. Este nombramiento lo hacía directamente el Delegado o Delegada Provincial, a propuesta del servicio de inspección que es quien realmente está nombrando a los directores y directoras, al margen de los procedimientos habituales. Paradójicamente esto sí que es aplicar “al extremo” la LOMCE: los nombra directamente (“a dedo”) la administración, al margen de la comunidad educativa. La provisionalidad que iba a durar un curso, ya va para tres. Total: unos 1.300 directoras y directoras han sido nombrados “en funciones” este curso.
Los cursos de acreditación para el acceso a la dirección, que se han hecho en los dos últimos cursos, no sirven –por ahora– para el acceso a la dirección; tampoco hace falta Proyecto de Dirección (aprobado y comprometido con la comunidad educativa). Se nombran por resolución de las Delegaciones Territoriales de Educación. Como sugerí en el Consejo Escolar de Andalucía, cuando se discutía el referido Decreto, si se quiere uno oponer a la LOMCE y tener equipos directivos estables se podría copiar la ejemplar regulación de Castilla-León, donde la mayoría de la Comisión la tiene representantes del respectivo Centro, “dándole la vuelta” a la LOMCE (basta considerar que son “Administración educativa” los propios profesores del centro).
¿Cómo se puede llevar un centro que tiene una dirección “en funciones”, o que lleva así tres y hasta cuatro cursos, y con más de la mitad del profesorado nuevo? Hace unos años, Andy Hargreaves con Dean Fink escribieron un libro que titulaban “Liderazgo sostenible”, de amplia repercusión. En Andalucía diríamos: Sostenibilidad cero. Más grave es que, encima, se diga en el Plan de Éxito Educativo que es bueno promover la no sostenibilidad del personal. Sin poder tener cualquier proyecto de centro un mínimo de continuidad del personal poco éxito educativo se puede conseguir.
Creo ha llegado el tiempo para que las Administraciones educativas, para el bien de la educación de sus ciudadanos, tomen las decisiones de acuerdo con lo que en el mundo se sabe (y es mucho) que contribuye a la mejor educación de los alumnos (y no para atender a las demandas –legítimas, pero gremiales– de los representantes docentes). Conozco de cerca, por ejemplo, las propuestas continuas que las Asociaciones de Directores de Secundaria (ADIAN) y Primaria (ASADIPRE) formulan, con conocimiento de causa, para la mejora. Muy levemente son atendidas. Este pasado año, a los pocos días de presentar el referido Plan de Éxito Educativo, venía PISA para desmentirlo: Andalucía se encontraba la última de la cola. Aparte del valor relativo que tiene PISA, y de las razones históricas y sociales que lo explican, la gestión de la educación tiene un papel relevante. Y lo más curioso: gestionar bien, no precisa de mayor financiación. Muchas cosas no podemos hacer porque nos faltan recursos, pero contribuir a incrementar la estabilidad en los centros y de equipos directivos sostenibles con proyectos propios, no cuesta nada. Se puede hacer con lo mismo, basta gestionarlo de otro modo. Sin duda, porque ello contribuye, como conocemos, a posibilitar una mejor educación a los niños y jóvenes andaluces.
Antonio Bolívar. Catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada.
