Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.
¡Clica aquí y ayúdanos!
Adrián es un niño con trastorno del espectro autista al que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha obligado a matricularse en un centro de educación especial en contra de la voluntad de su familia. La Consejería de Educación alega que este alumno necesita más apoyo del que pueden ofrecerle en el centro ordinario en el cual estaba matriculado. Según informa la prensa, la familia solicitó a los tribunales medidas cautelares para paralizar la decisión administrativa, pero la justicia rechazo dicha petición alegando, según un medio tan acreditado como la cadena SER, “que podía perjudicar al resto de compañeros”.
Una decisión política que protege un inmovilismo insano del sistema educativo, y que tiene su fundamento en la ideología más conservadora, aquella que distingue la escuela para “listos” y la escuela para “tontos”. Un fallo judicial que se fundamenta en el más absoluto desconocimiento de las necesidades del sistema educativo y que avala las ideas más retrógradas sobre el papel de la escuela y los beneficios de la escolarización en el marco de un sistema educativo inclusivo. ¿Porqué estos jueces y gobernantes quieren impedir una educación saludable y humana para Adrián? Cerraría todo los centros de educación especial.
Estuve un año en un centro de educación especial de Málaga. Una mezcla de estudio sobre el terreno y voluntariado me llevaron hasta allí. Era muy joven. Pero a punto de cumplir los sesenta años lo que allí viví, observé y aprendí me ha acompañado durante todos estos años. Especialmente me impactaban las horas de recreo y ocio. Allí me encontré, perdido, a un niño –entonces tendría 10 u 11 años– al que había dado clases particulares en el verano de ese mismo año. Ni él entendía porque estaba allí, ni yo entendí nunca cómo había terminado allí. La imagen de este niño, y otros muchos de similar perfil, deambulando por la zona de recreo sin rumbo me ha acompañado estos años y me ha reafirmado en la creencia de que todo es más sencillo de lo que parece: hay políticas educativas cuyo objetivo es separar a las personas marcando el hecho diferencial como elemento de riesgo y políticas educativas cuyo objetivo es cohesionar, haciendo de todo aquello que nos une algo bello e importante y del hecho diferencial, sustancial a cualquier ser humano, un elemento enriquecedor de todo aquello que nos une.
Por todo esto considero que el decreto de educación inclusiva que el gobierno regional de Madrid pretende poner en marcha para dar respuesta a la diversidad del alumnado, con especial atención a los más vulnerables es una apuesta para que todo siga como está, incluso peor. Porque la normativa madrileña no entra al fondo del problema y deja a los centros a su suerte, sin recursos ni orientaciones. Será un decreto pensado para ocultar la suerte que siguen corriendo muchos niños, niñas y jóvenes en la Comunidad de Madrid: el ostracismo. La política del engaño y el engaño como política. Todo esto me suena a charanga y pandereta. A la España machadiana de Frascuelo y de María. La Administración educativa va a conseguir que dude incluso de la buena voluntad. De que se intenta hacer las cosas de buena fe, aunque no se consiga. Me suena todo a estrategia mal fabricada.
El sistema educativo necesita recursos humanos y materiales. Otra organización escolar. Otro currículo. Un profesorado mejor formado. Nuevos perfiles profesionales de apoyo al docente, al alumnado y a las familias. Un escenario de participación real de la comunidad educativa. Y todo para caminar con paso firme hacia un sistema de educación inclusivo. Imposible con la LOMCE. Inviable con tanto recorte en la inversión. Improbable con un pacto político por la educación que se está fraguando quién sabe dónde.
