Que existen centros en los que se concentran por encima de lo normal población con dificultades de todo tipo, ya sea por su origen, su idioma, la situación socioeconómica de la familia, ser del puepiblo gitano, tener alguna necesidad educativa especial, etc, es algo que todo el mundo sabe pero para lo que las administraciones o no quieren o no pueden actuar. En parte.
Hace unos días, la Consejería de Educación de Castilla y León, publicaba la orden que supone el comienzo de su programa 2030 con el que quieren hacer todo lo posible para mejorar las condiciones de centros y familias que se encuentran en esta situación.
Una orden que plantea iniciativas de diferentes carácter que pasan por aumentar recursos materiales y humanos para aquellos centros en los que la población en situación de vulnerabilidad o en riesgo de estarlo sea alta. También les ofrece una mayor flexibilidad, la posibilidad de contar con refuerzos y apoyos por parte de los docentes, etc.
«Esuna buena noticia», asgeura José Eugenio Abajo, docente que participa en la asociación Enseñantes con Gitanos y buen conocedor de la situación de algunos centros gueto de la comunidad. Aunque se muestra cauteloso tanto con el proceso de como con cómo se implementará el programa.
El objetivo es ambicioso: «Favorecer la educación inclusiva de calidad mediante la prevención y eliminación de la segregación escolar por razones de vulnerabilidad socioeducativa».
«Es necesario, asgura Abajo, queno solo sea un lavado de cara, si no el núcleo. Que haya voluntad política integral» en la que no solo se implique Educación, sino otras consejerías del gobierno autonómico.
Algo que, en palabras de la directora general de Innovación y Equidad Educativa, Pilar González, ya sucede. En conversación telefónica con este periódico, González afirma que la consejería trabaja con otros departamentos, muy estrechamente con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, precisamente para aquellos aspectos a los que Educación no llega.
El germen
Aunque la orden se publicó el pasado 4 de septiembre, el camino hasta aquí ha sido más largo. Podría decirse que comenzó con la aprobación II Plan de Atención a la Diversidad, publicado en la primavera del año pasado y con vigencia todavía hasta 2022.
Además de esto, y para determinar qué medidas deberían poners en marcha en el programa 2030 recién publicado, desde la administración se realizó un diagnóstico de los centros castellanoleoneses. De dicho estudio se concluyó que hay 20 centros educativos en los que entre el 80 y el 100% del alumnado pertenece a minorías étnicas, culturales o están en situacion de vulnerabilidad socioeconómica. Además de estos, existen otros 80 en proceso de convertirse en centros gueto, en diferentes momentos del proceso.
Centros situados en las ciudades, principalmente en las periferias, en los que la mayor parte del alumnado tiene dificultades sociales, familiares y de apoyo educativo. Centros, aquellos 20, que en mayor o menor medida han colaborado en la redacción de la orden del programa 2030.
Unas medidas que para José Eugenio Abajo se concretan, principalmente, en dos: recursos y flexibilidad para los centros que se encuentren en esta situación y quieran apuntarse al programa y, por otra parte, la posibilidad de que familias, alumnos o docentes soliciten la condición de vulnerabilidad.
«Las medidas planteadas están bien, pero debe traducirse en la práctica. Hay riesgo de incongruencia entre los objetivos que se marcan y la falta de coherencia en lapráctica», dice Abajo en referencia a la posibilidad de que no haya recursos económicos. De hecho, sobre la mesa está la cuestión de la falta de una memoria económica que sustente algunas de las medidas (aumento de equipos directivos, de plantillas en general, equipos de orientación a tiempo complejo, equipamiento, dos docentes en un aula…).
El texto de la orden, de hecho, señala que algunas medidas se llevarán a cabo en función de la capacidad presupuestaria.
La directora general, preguntarda por este tema, afirma que todos los centros que se apunten al programa «y se admitan, serán atendidos». Y explica que al integrarse esta orden dentro del pla de Atención a la Diversidad, tienen la financiación asegurada. Dicho plan cuenta con un presupuesto de más de 50 millones de euros para el periodo 2017-22.
Acompañamiento a los centros y las familias
Otro de los puntos conflictivos de la orden es el relativo al hecho de que han de ser los centros, voluntariamente, los que se acojan al programa. De alguna manera han de admitir una situación complicada. Al mismo tiempo, se da la posibilidad a famiias, tutores legales e incluso a las direcciones de los centros, para que hagan la petición de reconocimiento de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra una niña o un niño.
José Eugenio Abajo entiende que este «reconocmiento» puede ser un punto complicado y que haya quien no esté dispuesto a hacerlo.
Pilar González explica que, en lo relativo a los centros, la Consejería concoe perfectamente la situación de cada uno y, en el caso de que no quisieran aherirse al programa, recibirían un acompañamiento extra por parte de la Consejería, con el objetivo de ayudarles en el proceso y que en algún momento pudieran o apuntarse o revertir su situación.
Algo similar a lo que esperan que ocurra con las familias. En esae caso, el seguimiento sería en colaboración con otras consejerías como la de Familia e Igualdad de Oportunidades. Se tata de «un trabajo para motivar y orientar». Efectivamente, admite que «la Consejería tienen que velar» por la situación en la que están sus centros y su personal y que el acompañamiento se haría también para «reconducir algunas situaciones».
Un punto en el que coinciden Abajo y González es en que el plan llegará a unos centros y a unos profesionales que en muchos casos están desmoralizados o desmotivados. Desde la consejería se tiene claro y entre las apuestas que ha hecho se encuentra la de facilitar la salida de los centros de aquellas personas que se encuentren más desmotivadas ante la situación que tienen. Y en otro sentido, el programa 2030 contempla también ayuda para concursos de méritos para que docentes o equipos de ellos tengan más facilidad para acceder a estos colegios en peor situación si tienen algún proyecto que quieran desarrollar.
A pesar de las posibles deficiencias que tenga el texto, desde la consejería se insiste en que se ha hecho con la mejor de las intenciones, en un intento por hacer que la educación de calidad llegue a todas partes. Para José Eugenio Abajo es un buen síntoma que Educación no mire hacia otro lado y afronte que existe este problema de guetización de los centros educativos. Pero echa de menos «una estrategia integral de diferentes consejerías y, dentro de Educación, un plan integral contra el abandono escolar temprano y para el éxito de los vulnerables». «La cuestión, insiste, no es dar más recursos a los centros segregados. La cuestión de fondo es que no haya centros segregados y divididos entre ricos y pobres».
En cualquier caso y como confirma la directora general, este es de los pocos, si no el único, texto de estas características que conocen. No han encontrado ningún proyecto similar en otras comunidades autónomas. Habrá que esperar para ver cómo se implementa en los próximos años.
