El norte y el sur del continente latinoamericano, México y Argentina, vislumbran horizontes contrastantes en sus sistemas de educación superior.
Las universidades argentinas viven un periodo crítico; todo el país, en realidad. Los presupuestos para las universidades se achicaron y, con el argumento de reducir el déficit fiscal, el presidente Macri eliminará el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, para convertirlo en una secretaría dependiente del Ministerio de Educación. También desaparecerán los de Salud y del Trabajo. Descuartizamiento, lo califica Marcelo Rubinstein, connotado científico.
Los paros y manifestaciones en las universidades ya duran cuatro semanas cuando escribo estas líneas. La parálisis ahonda fisuras entre la comunidad académica y el gobierno federal, en un momento histórico de perplejidad, irritación y riesgos sociales altos.
México, con sus propios problemas añejos y nacientes, vive una primavera de esperanza con los resultados de la reciente elección presidencial, que dejaron como victorioso al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fundado y encabezado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
El candidato que aglutinó a un variopinto grupo de organizaciones sociales y políticas, prometió transformaciones radicales y puso a la educación en sitio protagónico. Abrogar la reforma educativa empujada por el gobierno que termina, fue uno de sus buques insignia en la andanada contra lo que calificó como “la mafia del poder”.
En educación superior destacaron como propuestas: acceso gratuito a las instituciones, creación de 100 universidades y fortalecimiento de las existentes.
Con el arranque del nuevo Congreso federal, integrado por 500 diputados y 128 senadores, con mayoría del partido triunfante, en las primeras horas comenzaron a darle contenido a las promesas electorales. El 4 de septiembre, el coordinador de los senadores del partido mayoritario presentó una iniciativa para decretar que la educación superior sea gratuita, 101 años después de que se instituyera la gratuidad de la enseñanza primaria en “establecimientos oficiales”.
Nadie en contra del derecho a la educación podría oponerse a la iniciativa, aunque las pesadas historias y tendencias inducen cierto pesimismo, pues llevar el enunciado a la realidad podrían consumir más de la mitad del siglo.
Para fundamentar, el senador proponente ofrece datos ilustrativos del rezago en la materia: en los países de la OCDE, México tiene la cobertura más baja (38 %), distante de Estados Unidos (82 %), España (60 %) o Canadá; o de naciones latinas, como Argentina (67 %), Uruguay (65 %) y Chile (52 %).
Otros argumentos: los jóvenes constituyen 70% de la población penitenciaria, por eso, afirma: “Los jóvenes deben estar en las aulas y no en las jaulas”. Con título universitario la gente obtiene el doble de sueldo que quienes tienen solamente bachillerato, según datos de la propia OCDE.
Concluye su documento con un enunciado que estimula, pero esconde peligros: “La expansión del sistema educativo superior es premisa para disminuir desigualdades, alentar el crecimiento, disminuir la violencia y generar más desarrollo democrático”. Formalmente todo ello es verdad, pero una promesa tal, sin construir condiciones, puede tener efectos adversos, o perversos, y convertir a la educación superior en un mecanismo que profundice las terribles asimetrías que ya laceran al sistema educativo más grande de América.
La iniciativa para convertir a la educación superior en gratuita está en las comisiones que la estudiarán y resolverán. La aprobación es inminente. La iniciativa contempla que, para su cumplimiento, una vez aprobada, se destinarán recursos adicionales a los estados y municipios, y presupuestos plurianuales, añeja aspiración de los rectores.
Los problemas también tienen palco VIP en el teatro educativo de las universidades y las asfixian, como las pensiones de los profesores jubilados, presupuestos crónicamente insuficientes o el acceso todavía condicionado fuertemente por variables socioeconómicas, que desde temprano desgranan las cohortes de jóvenes que acceden a la enseñanza secundaria. Nada de eso se resolverá de la mañana a la noche, ni con varita mágica.
México no es el primer país de América Latina en consagrar la gratuidad; pero la iniciativa para que la enseñanza superior sea gratuita podría ser punto y aparte en la universidad mexicana y, tal vez, en otros países. La cuenta regresiva pronto empezará a surtir evidencias de la transformación estructural dibujada.
