El domingo día 7 de octubre de 2018, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó en una breve intervención antes de participar en la carrera organizada por el club de las Malas Madres, que universalizar la educación infantil de 0 a 3 años es una medida muy importante y prioritaria para fomentar la conciliación familiar y/o laboral. También afirmó que iba a igualar los permisos de maternidad y paternidad.
Son muy loables estas afirmaciones, aunque creemos que hay un concepto erróneo de fondo.
La educación infantil de cero a seis años es una etapa educativa amparada por leyes orgánicas desde la LOGSE, pasando por la LOE y la LOMCE (en vigor).
El verdadero núcleo del problema de esta etapa es el haberla dividido en dos ciclos (0-3 y 3-6 años) con características, requisitos, currículos y dependencias administrativas distintas. Por no hablar de la escolarización casi universal del segundo ciclo (3- 6 años), en colegios de infantil y primaria.
La tradición educativa ha marcado siempre una diferencia entre la educación obligatoria y la educación no obligatoria. La educación infantil en toda su etapa, de cero a seis años, forma parte de la educación no obligatoria de nuestro actual sistema educativo, así como el Bachillerato y la Formación Profesional (los llamados ciclos formativos) y otras enseñanzas de carácter artístico, lingüístico, deportivo y/o de adultos. En otro ámbito se sitúa la Universidad, como espacio de Educación Superior.
Partamos de hechos empíricos y contrastados. La práctica totalidad del segundo ciclo está escolarizado (y es universal, por tanto), en los colegios. Tiene la tutela y supervisión de todos los instrumentos que el Ministerio de Educación, en correspondencia con sus funciones, traspasó a las consejerías de Educación de las comunidades autónomas. Se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que la educación, como derecho básico de ciudadanía, depende de una titularidad administrativa competente y regulada por el conjunto de normas y procedimientos emanados de una ley orgánica, aprobada en el Congreso.
En cambio, la educación infantil de primer ciclo (0-3 años), las llamadas “escuelas infantiles” o “guarderías” así nombradas de forma muy reiterada por medios de comunicación y otros estamentos, son centros educativos que acogen a niños y niñas de estas edades, con algunas excepciones: Cantabria, Euskadi y, en este curso, Comunidad Valenciana, comunidades en las que los niños de dos años están acogidos y escolarizados en colegios de infantil y primaria.
La dependencia y titularidad de estos centros infantiles (en adelante, escuelas infantiles), corresponde exclusivamente a las CCAA. Y estas han delegado en manos de los ayuntamientos su gestión y supervisión, así como parte de la financiación.
La cuestión es: ¿Qué diferencia a un ciclo del otro si ambos pertenecen a la misma etapa educativa contemplada por la LOMCE?. La respuesta es el diferente tratamiento jurídico y legal que se otorga a ambos ciclos. Mientras la educación de tres a seis años está regulada (universalizada y escolarizada) por reales decretos que acotan los requisitos mínimos que afectan sustancialmente al número de niños y niñas (la ratio), el currículo prescriptivo, las instalaciones y equipamientos, la evaluación y supervisión, la financiación, la participación de la comunidad educativa y, a nuestro juicio, lo más relevante, la formación inicial que se necesita para acceder a la profesión docente, el ciclo 0-3 está sometido al arbitrio de las CCAA sin requisitos comunes a todas ellas, consolidando de esta manera un modelo disperso y heterogéneo que responde más a criterios territoriales, administrativos, políticos e, incluso, de su propia historia, que a proyectos educativos y sociales.
El derecho a la educación en España no se materializa hasta los tres años. Antes de ese número mágico en la vida de cualquier ciudadano/a, la educación no se considera como tal (a pesar de las reiteradas y voluntariosas llamadas de
muchas asociaciones, plataformas, profesionales ligados al ámbito educativo), sino como “conciliación” y “cuidados o crianza”.
El modelo sociocultural de los centros de estas primeras edades se ha ligado más a criterios económicos, sociales (conciliación laboral y familiar), de género e, incluso, demográficos y políticos que, a una propuesta educativa de gran potencia innovadora contra la exclusión social, la pobreza y la desigualdad.
Y en esta mezcla, en este popurrí, aparecen contradicciones que se han de resolver.
¿Son necesarias las escuelas infantiles? ¿Es lo mismo universalizar que escolarizar? ¿Son importantes las profesionales (educadoras y maestras) que trabajan en las escuelas infantiles? ¿Hay un concepto claro de lo que significa educar en estas edades?
En multitud de ocasiones, se mezclan conceptos como cuidados y crianza de bebés con los cuidados de personas dependientes o mayores. No es lo mismo.
A los bebés se les acompaña en un proceso de aprendizaje vital, que se teje con multitud de hilos invisibles que constituyen el armazón de la personalidad y de la inteligencia, que le vinculan afectivamente a sus progenitores y a otros adultos que constituyen la esfera comunitaria, así como a otros niños que van a formar parte de su socialización y que consolidarán pautas y normas de convivencia, muy útiles en la vida social.
A cada niño y niña se le recibe en la escuela infantil y se le educa como ser único con su diversidad propia, así como a su familia como primer contexto de crecimiento. No se le discrimina por su identidad sexual, ni por su religión, etnia, cultura, nivel social y económico o por su necesidad educativa específica. La escuela infantil es el primer contacto con el sistema educativo, es un laboratorio de identidades, de diversidades, de culturas, con proyecto, autonomía y gestión propia.
No puede ser que este servicio público sea tan mal considerado, tan degradado, tan vejado, tan utilizado como marketing económico y/o político.
La respuesta a la corresponsabilidad de la crianza ha de ser múltiple y no una tarea exclusiva de las escuelas infantiles por más universalizadas que puedan llegar a ser. Las estructuras educativas actuales de este ciclo, la gestión, financiación y sus trabajadoras no deben soportar esa gran responsabilidad sin que intervengan otras estructuras (económicas y laborales) del sector público y también del privado.
La universalización del ciclo 0-3 años no es por sí misma y en soledad, la solución a una necesaria corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la tarea de educar y criar a sus hijos e hijas. Ha de ser la medida más potente que debería incluirse en una Política de Primera Infancia que abarcase diversos ámbitos: educativo, social, cultural, económico, demográfico, político, de género, sanitario, jurídico y administrativo, dentro del marco de la Convención de Derechos del Niño ratificada por el Estado Español en 1991.
Y no hay que confundir universalización con escolarización. Deberíamos cambiar el concepto y el lenguaje. Por el hecho de nacer, cada niño y niña debería tener la oferta de servicios de educación infantil (no exclusivamente escuelas infantiles) diversificados, flexibles, con las garantías y requisitos previos exigidos a la etapa de educación infantil, con indicadores de calidad objetivables, que conjuntamente con otras medidas que deberían implementarse (permisos de maternidad y/o paternidad, trabajo online en los entornos laborales públicos y privados a los progenitores que quieran cuidar a sus hijos e hijas, permisos para asistir a tutorías, a servicios de salud…). Se trata de implementar un amplio repertorio que garantice a hombres y mujeres que no van a ser penalizados en sus trabajos por ser padres y madres y, en especial, a las mujeres que tradicionalmente han ocupado el espacio de la crianza y los cuidados. Y las familias, si les conviene, en uso de su propia libertad de elección, podrían utilizar los servicios que el Estado pone a su disposición como corresponsabilidad en la tarea de educar.
Las administraciones públicas han de asumir, con todo rigor, la responsabilidad de la educación infantil como una apuesta ciudadana de presente y de futuro, porque los ciudadanos y ciudadanas españoles que están naciendo o a punto de nacer o que viven en nuestro país desde diferentes puntos del planeta, deben ser recibidos con una dignidad de ciudadanía que les reconozca, les atienda, les eduque y les considere en lo que son: pura vida humana.
El ámbito educativo en estas edades trasciende la adquisición de conocimientos y aprendizajes, es formación humana, ética y social y la universalización del ciclo 0-3 no se convierte, cual receta mágica, en la solución a un problema con muchas dimensiones que hay que abordar sin perder ni un minuto. Las niñas y los niños ya no esperan más, sus familias tampoco y, mucho menos, las educadoras de las escuelas infantiles.
Entre todos, hemos de construir una cultura de la infancia que dignifique esta etapa básica y única en la vida de la ciudadanía y mirar la infancia con ojos de adultos responsables.
Para finalizar: no hay que olvidar al conjunto de las profesionales que trabajan en este sector educativo (mayoritariamente mujeres), afectadas también por la brecha salarial en función del sexo. Compañeras que cobran, según convenio, cantidades irrisorias por una tarea que no es considerada en el ámbito laboral y sindical como educativa y, mucho menos, de especial desempeño y relevancia social. Esto no sucede en el segundo ciclo de la educación infantil, con su acceso a la profesión docente mediante concurso-oposición en el caso de los colegios y
centros de titularidad pública. Todas ellas, maestras y educadoras, son el sostén de enfoques educativos innovadores y renovadores de la práctica, tan necesarios para enfrentar a las generaciones jóvenes al reto de una sociedad en profundo y constante cambio.
