Los días internacionales sirven para visibilizar y concienciar de una temática y para poner en valor, de manera a menudo festiva, conquistas sociales. Hoy 20 de noviembre es el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que conmemora la aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas, primero de la Declaración de los Derechos del Niño este día en 1959, y después la Convención de Derechos del Niño en 1989. Y ojalá sea este día especialmente lúdico, por el valor que tiene el juego como excelente canal para aprender y generar conciencia entre niños, niñas y adolescentes de sus derechos.
Ahora bien, quiero también invitar a una celebración con contenido, consciente y crítica. La Convención no es una proclamación de carácter simbólico, es un tratado internacional vinculante. Los derechos están para hacerse efectivos y la obligación de los Estados es cumplir lo firmado. ¡Ah, y el derecho de niños y niñas es exigirlos con nuestro apoyo!
Se tiene la errónea tendencia de pensar que los derechos humanos son algo establecido, algo ya alcanzado en países como España. Y por tanto que no hay nada que nos puedan recomendar desde este punto de vista. Soy de la idea que los derechos humanos no son una conquista cerrada, son derechos históricos, nacen gradualmente y están en constante proceso de construcción y reconstrucción. De avance hacia mayores cotas de bienestar quiero pensar.
Es por eso que la Convención obliga a los Estado a adoptar “todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos”. “En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan”. Es la idea de la “realización progresiva”.
Y en esa lógica hoy es un buen día para preguntarnos cómo estamos en el cumplimiento de los derechos de infancia en España. Para responderlo justo este año nuestro país pasó examen ante el Comité de Derechos del Niño, un órgano internacional formado por expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención y emite preocupaciones y recomendaciones a los Estados. Estos procesos de los mecanismos internacionales de derechos humanos suelen recibir poca atención mediática. Las observaciones finales del Comité son una buena lectura para este día, y junto a ellas el informe complementario elaborado por la Plataforma de Infancia, donde las organizaciones de la sociedad civil hacemos también nuestro balance.
Precisamente la educación estaba entre las áreas de especial preocupación del Comité. La educación tiene carácter de “derecho habilitante” de otros derechos porque permite el acceso a condiciones de vida dignas y a la participación en la vida social y, por tanto, al disfrute de otros derechos tanto individual como colectivamente. De ahí su papel central.
Los altos niveles de abandono y fracaso escolar, con fuertes brechas en el alumnado de menos recursos, gitano y de origen migrante, los costes indirectos, las desigualdades de inversión entre territorios, la segregación escolar, el acoso y el ciberacoso o el desigual acceso a la educación infantil son manifestaciones de inequidad y desprotección en nuestro sistema educativo. La igualdad de oportunidades en la educación es sin lugar a dudas nuestra tarea pendiente.
El Comité plantea una agenda: un pacto para dar estabilidad, proteger la inversión en educación, medidas de apoyo, orientación y refuerzo contra el fracaso y el abandono escolar, acceso a cuidados y educación infantil, especialmente niños y niñas con discapacidad y bajos recursos, una estrategia contra el acoso y el ciberacoso y acabar con los estereotipos de género en las aulas. No está nada mal.
Junto a la educación la inversión pública, la pobreza, la discriminación de niños gitanos, con discapacidad o bajos recursos, la situación de niños refugiados y MENA y de niños sin entorno familiar figuran entre las alarmas del Comité.
Es que este camino de construcción de los derechos está lleno de curvas y altibajos. De avances y a veces retrocesos. Se ven las cicatrices que nos ha dejado la Gran Recesión y, aunque no sean políticamente las más visibles, las de la infancia son desde luego las más profundas. La crisis y los recortes de inversión pública han afectado particularmente a los más desfavorecidos, haciendo crecer la pobreza y la desigualdad. España es el segundo país de la OCDE donde más ha crecido la pobreza infantil, que afecta hoy a casi tres de cada diez niños y niñas. Esto debe hacernos reflexionar sobre la particular falta de protección de la infancia frente los ciclos económicos.
Y no me quiero dejar una cuestión en el tintero: hablar de derechos de infancia es hablar de niños y niñas como sujetos de derechos. Aquí también nos ponen tareas: escuchar sus demandas, fortalecer las asociaciones de estudiantes, los consejos escolares, los consejos de infancia y otras estructuras de participación. Informarles, formarles y darles participación empoderándolos en todos los ámbitos de su vida, familiar, educativo, salud, sexualidad, en la toma de decisiones en la sociedad, los hace más conscientes de sus derechos y más capaces de protegerse a sí mismos.
Mientras, la pasada semana se presentaba en el Congreso una Proposición No de Ley para un Pacto de Estado por la Infancia. En el texto tres prioridades: inversión, educación infantil y becas, y sistema de protección. Pero de fondo un objetivo más ambicioso. ¿Y si los derechos de infancia guían las políticas públicas los próximos años como agenda de Estado? Protección e igualdad de oportunidades como prioridades. ¿Y si también guiaran la política educativa? Otro pequeño pero importante paso más en el camino.
Mi consejo: celebremos este día tomando conciencia de lo avanzado y reivindicando (y soñando) lo que nos queda por recorrer.
Álvaro Ferrer. Técnico de Equidad Educativa de Save the Children
