La campaña de las elecciones andaluzas del próximo 2 de diciembre ha colocado sobre la mesa una serie de promesas nuevas en materia educativa, pero el margen de innovación en las propuestas es mínimo. La educación aparece como un asunto primordial en el discurso de todos los candidatos, pero no hay un debate educativo de peso en campaña. Las propuestas de los partidos para mejorar el sistema escolar sirven para polarizar ese debate en dos bloques: las ideas que propone el PSOE y la coalición de izquierdas Adelante Andalucía (Podemos-IU) y las sugerencias de las dos formaciones conservadoras: PP y Ciudadanos.
En estas elecciones, las primeras en el largo ciclo electoral de 2019 (municipales, europeas, autonómicas y, quizá, generales y catalanas), existe la particularidad de que los líderes nacionales de PP y Cs, Pablo Casado y Albert Rivera, han protagonizado una intensa campaña en Andalucía como si se tratara de “la primera vuelta de las generales”. Esta campaña de Casado y de Rivera en paralelo a la de sus candidatos andaluces, el popular Juanma Moreno y el aspirante naranja Juan Marín, ha hecho aflorar propuestas educativas que no están en el programa electoral andaluz.
Probablemente la más llamativa de todas es la que verbalizó el presidente nacional del PP en el ecuador de la campaña: una nueva ley para que las comunidades autónomas devuelvan al Gobierno central las competencias en educación. “¡Ni una transferencia más! La educación tiene que ser competencia del Estado. ¿Qué pintan las autonomías si los niños solo pueden estudiar los ríos de su pueblo?”, dijo Casado durante un acto multitudinario en Granada. La propuesta de recentralizar las políticas educativas se enmarca en la estrategia del PP de apostar por un discurso nacional, que pone en tela de juicio el Estado de las autonomías, y que compite directamente con el mensaje de Ciudadanos y de Vox.
Estas tres formaciones compiten por el mismo espacio electoral y las encuestas coinciden al apuntar un fuerte trasvase de votos del PP andaluz -líder de la oposición durante 36 años- al partido de Rivera y a la ultraderecha. Cs no lleva en su programa la devolución de las competencias educativas al Ministerio, pero Vox sí. La formación de extrema derecha aboga por un desmontaje del Estado autonómico. La propuesta de Pablo Casado fue respondida al día siguiente en un mitin por la presidenta de la Junta y candidata socialista a la reelección, Susana Díaz, que acusó al popular de querer “mutilar la autonomía y el autogobierno andaluz», planteando la retirada de las competencias educativas. “La educación pública no se toca”, zanjó Díaz.
La candidata del PSOE arrancó esta campaña con una propuesta estrella sobre educación que recuerda mucho a las medidas educativas que se implementaban hace diez años, antes de la crisis económica. Los expertos coinciden en que cualquier política que busque transformar estructuralmente el sistema educativo -véase la evaluación pedagógica- tarda al menos diez años en dar resultados. Con ese margen es difícil diseñar propuestas electorales de impacto, a no ser que haya dinero público disponible para suplir el gasto educativo de las familias.
Hace más de dos décadas la Consejería de Educación puso en marcha la gratuidad de libros de texto -hoy blindado en el Estatuto de autonomía-, la bonificación de comedores escolares, aulas matinales, actividades extraescolares y el transporte escolar. Y, en una campaña electoral como esta, se anunciaron los ordenadores gratuitos para el alumnado de Secundaria. Reinstalados ya en el inicio de la recuperación económica, Susana Díaz ha vuelto a prometer la extensión de la gratuidad de libros de texto a la etapa infantil, de 0 a 6 años.
Los tiempos han cambiado y en los últimos diez años muchas escuelas y maestros -motivados además por la propia Consejería- han apostado por sustituir los libros de texto por una enseñanza por proyectos autogestionados, menos costosos y más innovadores. El Gobierno andaluz ha aplaudido y premiado estos planes de innovación, incluso los ha difundido entre sus escuelas para extender el modelo. Esos mismos profesores han criticado que se haya dado un paso atrás en cuanto han asomado las elecciones, retomando las políticas educativas del “todo gratis”. Díaz anunció la gratuidad de los manuales de infantil al inicio de la campaña pero tardó diez días en cuantificar el presupuesto de esta medida: nueve millones, dijo finalmente, tras las reiteradas preguntas de los periodistas.
El PSOE y Adelante Andalucía, la coalición encabezada por la líder de Podemos, Teresa Rodríguez, se asemejan mucho en sus apuestas por la educación pública. Ambos defienden un incremento del gasto educativo hasta el 5% del PIB regional. Ambos firmaron este compromiso en un pacto sobre financiación autonómica, suscrito también por el PP en la recta final de la legislatura. PP y Cs están más volcados en defender la “equiparación salarial” de todos los profesores de España, “de la pública y de la concertada”, y proponen que los maestros sean elegidos “por su calidad, no por su cercanía o la lengua que hablan”.
Los socialistas venden mucha gestión educativa propia, no en vano llevan gobernando ininterrumpidamente 36 años. Díaz ha prometido restituir las medidas que recortó durante la crisis, como los refuerzos educativos para la áreas de Matemáticas y Lengua y aumentar en 12.000 plazas más al profesorado andaluz. La presidenta de la Junta repite en cada mitin que Andalucía está creciendo en número de maestros mientras la natalidad baja, aunque Podemos e IU le reprochan que ese dato es engañoso: el desequilibrio entre más docentes y menos niños no se ha traducido, en muchos casos, en una bajada de la ratio escolar, porque la Consejería ha redistribuido a los chavales y cerrado muchas unidades. El PSOE también aboga por una reforma de la Ley de Universidades, un plan para la retirada de amianto de muchas escuelas y un programa para la climatización de las aulas en verano.
Este último punto dio mucho que hablar el pasado verano, antes de que finalizase el curso académico, cuando las temperaturas alcanzaron un récord máximo aún con los alumnos en clase. Podemos llevó al Parlamento una ley de climatización -rechazada entonces por el PSOE-, aunque ahora ambos partidos la llevan consigo en su programa. Adelante Andalucía propone becas-salario para los universitarios con menos ingresos, la creación de nuevos colegios y la reducción de la ratio a 20 alumnos por clase (ahora la legislación básica fija el mínimo en 25 y el máximo en 28 en Primaria). Teresa Rodríguez también aboga por una reforma asamblearia “en pos de una escuela laica, pública y gratis”; establecer como objetivo la gratuidad de los estudios universitarios, priorizándola en los de Grado y la gratuidad del título de idioma B1. También plantean modificar la Ley de Educación de Andalucía (LEA) e incrementar un 16% las partidas de gastos y funcionamiento de los centros de infantil, primaria y secundaria.
En el debate educativo de las elecciones andaluzas se han colado todos los temas nacionales, y eso incluso el forcejeo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la oposición en torno a la derogación o reforma de la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa). Los socialistas, en Madrid, abogan por avanzar hacia la universalización de la educación de 0 a 3 años, algo que defiende en Andalucía Susana Díaz, pero también el PP y Adelante Andalucía. Los populares piden más centros concertados de Bachillerato, más oferta de escuelas bilingües y la extensión total del aula matinal, el comedor y las actividades extraescolares.
La formación de Rivera plantea un plan de choque para mejorar los resultados académicos, un refuerzo para las competencias en Inglés, Matemáticas y Lectura, y potenciar el Bachillerato Internacional. Ciudadanos también defiende el Estatuto de la profesión docente -una medida que enmarca en un Pacto por la Educación-, un plan de fomento de la FP dual y un incremento del 50% de las guardarías para alumnos de 0 a 3 años.
