El servicio público de la educación abre las puertas nuevamente. Se inicia el curso, y una vez más saltan a la palestra de nuestra conciencia crítica los derechos adquiridos en el largo proceso de luchas populares por la inclusión educativa: que las desigualdades socioeconómicas y culturales de origen sean compensadas por el proyecto educativo del país o que, al menos, la escuela no sea un aparato de reproducción de esas desigualdades.
El recorrido de los Movimientos de Renovación Pedagógica y otros movimientos sociales, sindicales, vecinales, ciudadanos y políticos fueron materializando un estatus jurídico que cristalizó en un sistema de derechos y deberes que en educación se concretan en la oferta de un servicio público de educación que debería garantizar la posibilidad y la voluntad emancipadora intentando detener a través de la educación la reproducción de las desigualdades de origen. Ese era el discurso.
Pero la garantía del derecho a la educación desde el servicio público no es suficiente en el combate contra la desigualdad. La oferta privada, y especialmente la oferta privada confesional, sigue gozando de privilegios en los recursos, las instalaciones o los mecanismos de selección del alumnado. Los curricula, academicistas, separados de la experiencia cotidiana, fragmentados, basados en una epistemología elitista, androcéntrica y colonial, en nada facilitan que el conocimiento se convierta en una herramienta emancipadora. La formación del profesorado olvidó los referentes fundamentales de la renovación pedagógica para sostenerse sobre un concepto de innovación educativa tecnológico, disciplinar y vaciado de cualquier tipo de compromiso social.
Y las familias se han instalado en una perspectiva clientelista sobre la escuela, de la que solo demandan resultados con valor de cambio. Por otra parte, las llamadas fuerzas progresistas con voluntad política para la gestión del Estado, desunidas y sin diálogo verdadero sobre el sentido político de la educación, gestionan más de lo mismo y, en el mejor de los casos, intentan corregir las desigualdades económicas que gestionó la derecha, pero sin un sentido transformador del concepto de educación y de escuela. (No tienen ustedes más que mirar qué se premia como innovación o qué se entiende como apoyo económico a la inclusión).
Por ese camino no hay escuela pública, porque la escuela pública es de todos y todas y para todos y todas, y eso significa gestión directa, hablar cara a cara familias, profesorado y gestores de lo público, para diseñar un modo de democracia escolar participativo y recuperar el debate sobre el sentido profundo, radicalmente emancipatorio de la educación. Por tanto, escuela pública significa también una revisión en profundidad de los currícula vigentes para fomentar saberes de responsabilidad, armonía, compromiso social y equilibrio con la Naturaleza. En una reciente conferencia Boaventura de Sousa Santos animaba a los estudiantes a formarse como rebeldes competentes. Quizá también el profesorado podríamos iniciar ese camino de rebeldía competente, es el camino hacia la escuela pública.
Estamos en los primeros días, tenemos todo el curso por delante. Pero hay que estar en el camino. De lo contrario, tal como está el ciclo reaccionario global en el que vivimos, puede que, un día, ni escuela pública ni servicio público de educación.
